Cuando el neoliberalismo se propuso transformar la educación superior de un derecho social a un servicio por el que hay que pagar, entre otras cosas, desarrolló su ofensiva a varios puntos neurálgicos del sistema de educación superior.

Plantearon una “nueva” visión de la Universidad, criticando el rol que venía cumpliendo en su relación con el pueblo, y señalando que esta debe “acoplarse” a las necesidades del mercado; apuntaron a deslegitimar la organización de los estamentos universitarios, especialmente al movimiento estudiantil, en el cual veían un duro obstáculo para la imponer sus medidas, en esa línea, redujeron la participación estudiantil en los organismos del cogobierno del 100% al 50%, y paralelamente impulsaron una campaña de desprestigio, despolitización, y división de la organización estudiantil, particularmente la FEUE; reestructuraron los contenidos y programas de estudio, en lo macro y micro curricular, adecuándolos a una visión tecnisista, profesionalizante,con lo cual, justificaron la eliminaron de las asignaturas de contenido social, a las que calificaban de “inservibles” para el trabajo.

Uno de los aspectos más sobresalientes es el que se refiere al financiamiento y entrega de recursos, aplicaron una política de asfixia económica de las universidades, recortaron su presupuesto y reduciendo drásticamente las aportaciones del Estado, además, permitieron la proliferación inescrupulosa y sin ningún control de instituciones de educación superior con fines de lucro, las llamadas “universidades de garaje”.

Varios fueron los argumentos esgrimidos para cumplir estos propósitos, que “no debemos esperar que el papá Estado nos de todo”, “que somos suficientemente capaces de obtener financiamiento”, “que la educación pública está en crisis y por lo tanto el Estado no debe malgastar dichos recursos entregándolos a las universidades estatales”, “que la libre competencia entre universidades públicas y privadas le daría calidad”, etc. etc. Detrás de esta furiosa ofensiva mediática se escondía la intensión de quitarle la responsabilidad de la educación al Estado y de esa forma, bajo la visión del libre mercado, convertirla en un “jugoso negocio”.

En esa línea “facilitaron” la fundación de universidades en todos los rincones del país, ahora el 62% del total de universidades, son instituciones privadas con fines de lucro o lucro sin fin como las llama el presidente Correa; estas instituciones están directamente vinculadas a los intereses del capital financiero, de esto tenemos muchos ejemplos: los accionistas de la Universidad San Francisco, es la familia Egas, dueños del Banco del Pichincha y a la vez, dueños del canal Teleamazonas; el Instituto Empresarial Ecuatoriano (supuesta institución de educación superior) es propiedad de la familia Pinto, vinculados a la industria textil.

Estas instituciones con fines de lucro no solo que reciben altísimos ingresos producto de pensiones, matriculas y carreras autofinanciadas que sobrepasan los 2 mil o 3 mil dólares, además, por mandato constitucional las universidades privadas cofinanciadas reciben el 10% del presupuesto del Estado como aporte sus ya repletas arcas financieras.

De allí, se entiende el porqué todos los días, a cada momento y por todos los medios de comunicación se ataca constantemente a la universidad pública, se realizan campañas de desprestigio con la intensión de justificar su privatización, mientras que a la educación privada se la magnifica como la mejor del país. Pero los neoliberales no se sientan a esperar que la universidad se privatice por decreto o de un día para otro, desde algunos puestos de dirección que ocupan en ciertas Universidades, impulsan sus criterios en el funcionamiento institucional, cobran a los estudiantes “aportaciones voluntarias”, se les obliga a pagar cuotas para el contrato de profesores, establecen las carreras autofinanciadas, impulsan “supuestas” propuestas académicas “innovadoras” con las que se pretende -según ellos- que los estudiantes aprueben las asignaturas que perdieron, pagando un curso de recuperación, o un examen de suficiencia, además el estudiante se ve forzado ha “colaborar” con ingentes recursos para la adecuación de aulas, laboratorios, material didáctico y demás materiales para sus practicas.

Con el pretexto de poner a tono a la educación superior de nuestro país con las exigencias del mercado internacional, se implantó el cuarto nivel de formación profesional (masterados, diplomados, especializaciones, PHd) siendo una política adecuada, que permite a los profesionales continuar sus estudios y especialización, los neoliberales vieron es estos programas académicos verdaderas minas de oro, donde la mayoría de las ofertas académicas son costosas.

Uno de los requisitos para que la universidad estatal cumpla con sus objetivos es garantizar la entrega de un adecuado presupuesto para la educación superior. Si realmente queremos que la universidad sea aquella institución que desde la ciencia y la investigación, desarrolle una fuerte base tecnológica, científica y técnica que contribuya a terminar con la dependencia externa y nos permita impulsar un desarrollo soberano de nuestro país, el contar con suficientes recursos es un elemento clave.

En ese marco, planteamos que se establezca en la nueva constitución la entrega del 6% del PIB para la educación, que se elimine aquella disposición que beneficia a las universidades cofinanciadas; debe revisarse la distribución de los recursos que recibimos por concepto del FOPEDEUPO (Fondo Permanente de Desarrollo de las Universidades y Escuelas Politécnicas), ya que los índices o parámetros de distribución de estos recursos hace que universidades como la Universidad Central de Quito, con 47 mil estudiantes, reciba lo mismo que la Universidad Técnica del Norte que tiene apenas 5 mil estudiantes.