El canal del Estado, “Ecuador TV”, ha puesto en escena el antiguo debate sobre comunicación pública. Debate que se desarrolla alrededor de la definición de lo que es la comunicación, y de lo que es “lo público”.

Lo primero, por osmosis, se refiere a los flujos de información; entiéndase como tal a la producción, intercambio, canales de transmisión, interpretación, códigos, contextos, antecedentes, etc. de todo fenómeno significativo (que encierra significados) en la sociedad, fruto de la interrelación (no siempre en igualdad) de las personas en una etapa histórica determinada, en un escenario concreto.

Y lo público se lo ubica como una instancia colectiva de relación social. Desde el punto de vista del derecho burgués, es la representación de los derechos y deberes de los ciudadanos a través del Estado y sus normas. Obviamente que en teoría del Estado, la sociedad ha avanzado más de lo que Montesquieu idealizó. Valdimir I. Lenin, desde el marxismo, por ejemplo, aclara este concepto en el contexto del desarrollo histórico de la sociedad, definiéndolo entonces como el instrumento de domino de una clase social sobre otras. No es, dice Lenin, de ninguna manera, el espacio de conciliación de los intereses de las clases, como la burguesía pretende que creamos.

Lo público ha sido tradicionalmente concebido como lo opuesto a “lo privado”, entendiéndose a lo primero como el interés colectivo, y a lo segundo como el interés individual. Pero lo segundo siempre estará subordinado a lo primero, y ello se explica precisamente por la existencia de una lucha de clases antagónicas que tiene que resolverse mediante un proceso revolucionario.

En todo caso, ambos conceptos son materia de amplias y confusas elaboraciones teóricas, que vienen desde las posiciones más atrasadas y reaccionarias, pero también desde aquellas que se dicen progresistas y que en el fondo buscan mantener intocado el sistema.

Algunas de esas elucubraciones son, por ejemplo, que lo público debe entenderse como el respeto y promoción de una “pluralidad ideológico-política”, y, por tanto, que un canal de televisión del Estado debe entregar “información independiente, plural e incluyente” (BARBERO, Jesús Martín, ¿A qué se puede llamar televisión pública?”). O planteamientos como el del respeto a “la otredad”, o el de “la alteridad”.Criterios bajo los cuales se pretende dar cabida, con la misma proporción, tanto a explotadores como a explotados, aceptando como dada su existencia, sin la intención de cambiarlos. No es posible que un Estado dirigido por un Gobierno que se dice revolucionario (de la ciudadanía, según dice), crea realmente que el cambio parte de la aceptación de los cánones impuestos por el viejo poder oligárquico, dejando enhiesto su injusto sistema comunicacional. Debe, evidentemente, revolucionarlo.

El canal del Estado debe ser de los pueblos, pues solo de ellos es la responsabilidad y el protagonismo del cambio. Si se ha actuado con la suficiente firmeza para desplazar de la escena del poder institucional del Estado a la vieja partidocracia de derecha, lo menos que se podría esperar que así también se actúe en este plano de la comunicación.

Si Ecuador tiene un canal del Estado, éste no puede ser visto como una mala reproducción de los obsoletos criterios de hacer televisión de las empresas privadas. Es decir, la pluralidad ideológica en el sentido de que todo es reconocido como posible, tanto la quiromancia más ridícula como la ciencia más rigurosa. O tanto la chatarra televisiva más abominable (como los Tallk Shows y programas de concurso), como los programas de investigación documental, educativos y culturales.

No puede reproducir el esquema periodístico de esos canales, contratando incluso a reporteros que se han legitimado en los grandes medios, defendiendo posiciones antipatrióticas o hasta reaccionarias, bajo el único criterio de que saben hacer periodismo televisivo, o peor: de que son rostros conocidos.

Algunos analistas que se mueven en las lógicas del sistema ven con gran incredulidad el nacimiento de esta nueva forma de comunicación. Según algunos, no es posible que un canal del Estado tenga mejores niveles de calidad que un medio privado, por algunas razones: lo primero es que se asume como verdad el viejo y atávico criterio oligárquico de que todo lo hecho por la empresa privada es lo eficiente, y lo hecho por el Estado su antítesis.

Periodistas como Roberto Aguilar, sostienen que: “Así como están las cosas en las universidades, no veo la manera de evitar que aquella ‘mediocridad e incompetencia’ de la televisión privada que ha denunciado el Presidente, termine reproduciéndose también en la pública”.

Exagera, ya que si bien el manejo del lenguaje televisivo, de sus diversas técnicas, son evidentemente un reto en términos profesionales para quien quiere hacer comunicación desde las posiciones progresistas, no es menos cierto que debe primar el criterio que mueve a la telvisora Catia TV de Venezuela: “no vea televisión, hágala”. O el de la televisora comunitaria Libera TV, de Quito: “Ahora, la televisión eres tú”. Es decir, reflejar una nueva imagen, nuevos paradigmas televisivos, nuevas construcciones sintagmáticas, que están en la vida real, no artificial que han creado los medios desde el poder.

Preocupa que hasta ahora los ecuatorianos sepamos muy poco en torno a cómo entiende el Gobierno este criterio de “comunicación pública”, por lo que lo único que podemos hacer es analizar las prácticas con las que ha iniciado sus transmisiones este nuevo medio de comunicación, que de hecho marca un hito en la historia de la comunicación social en el Ecuador.

Franklin Falconí