En efecto, la consolidación de un mercado global y empresas con estrategias de crecimiento global, ha puesto en cuestión las formas tradicionales de regulación de los medios de comunicación. Como señalan Van Cuilemburg y McQuail (2005) enfrentamos un nuevo paradigma en políticas que se encuentra aún en una fase dinámica, es decir no conforma aún un paradigma consolidado. De todas formas, no hay dudas del creciente peso de nuevos actores en la regulación de medios: el sector privado y organismos internacionales del comercio y las telecomunicaciones tienen mayor incidencia en detrimento de las agencias especializadas del Estado. Resulta preocupante que si en la etapa del Estado regulador, las políticas de comunicación contaron con escasa participación de la sociedad civil, el nuevo paradigma presenta mayores dificultades para que los ciudadanos se involucren en la definición de los ecosistemas comunicacionales.

Como ha señalado la investigadora Sandra Braman (2004), se aprecia un nuevo régimen global emergente de políticas de información en el que se destacan como características comunes la ausencia del interés público en general, en favor de la opinión de los especialistas; la existencia de elementos oscuros como la reestructuración de la propiedad intelectual; la interactividad entre el desarrollo de la arquitectura de la infraestructura y la política de comunicación; las diferencias en la actuación de los Estados-nación, con el predominio de uno hegemónico (Estados Unidos) y la competencia de otros dos poderes (Japón y la Unión Europea); el creciente peso de los actores no estatales, especialmente el sector privado y los organismos supranacionales (WIPO, OMC), y en menos proporción las ONG. Siguiendo a Braman, es importante destacar que el régimen global de información emergente desafía la naturaleza del gobierno en cuatro aspectos: la definición del ciudadano; el gobierno por contrato; el reemplazo de la representación general por la representación de los que tienen capacidad económica; la propiedad del sistema de gobierno es discutida (por ejemplo en la ICANN), en un contexto en el que los actores corporativos se mueven mas rápido y más libremente. Estas instancias representan la delegación del poder estatal a los carteles industriales, con menos accountability política.

En el sector audiovisual se aprecian crecientes tensiones entre los Organismos Internacionales que procuran tener incidencia sobre su marco de operaciones. Este hecho se aprecia en la oposición entre los postulados liberalizadores de la Organización Mundial de Comercio y las posiciones de defensa de las políticas culturales nacionales encarnadas, aún con cierta tibieza, en la Convención para la Diversidad Cultural de la UNESCO.

De acuerdo a Derrick Cogburn (2004: 154) existen dos visiones acerca de las telecomunicaciones y la comunicación en la economía global. Dentro de las discusiones en torno a la Global Information Infrastructure (GII) convive una posición de los países en desarrollo, que sostiene que esta debe ser usada para maximizar el bienestar social y el desarrollo socioeconómico, a partir de la sociedad público/privado y el acceso universal. Los países avanzados defienden una visión más estrecha de la GII, que debería concentrarse en su potencial crecimiento económico, promueve la liberalización competitiva y la privatización, con crecientes niveles de autorregulación de parte de los grandes grupos.

En este nuevo orden la Organización Mundial de Comercio procura regular el comercio mundial vinculado a la comunicación. La ICANN y la OMPI participan en un nivel medio, mientras que la aplicación del régimen a nivel local (micro) queda en manos de los gobiernos nacionales. En este esquema, los gobiernos se verían limitados a traducir a nivel local de las estructuras regulatorias mundiales.

Un ejemplo de esta situación la ha dado la OMC cuando ha promovido la liberalización absoluta de las telecomunicaciones, en detrimento de la regulación nacional y la propiedad estatal. Los acuerdos alcanzados en 1997 por más de 70 países constituyeron un nuevo marco regulatorio mundial que sirvió de guía y a la vez constituyó una obligación para los estados nacionales que, una vez suscripto el acuerdo, se vieron en la necesidad de adaptar su legislación en la materia. Los principios fueron liberalización y privatización.

En el ámbito de la OMC existen varias presiones en torno a cambios que podrían resultar claves para el sector audiovisual y para las propias políticas de cooperación. En primer lugar las propuestas, generadas especialmente por Estados Unidos de Norteamérica para incluir también el sector audiovisual en los acuerdos de liberalización. Una presión más sutil resulta aquella que busca integrar las telecomunicaciones y el audiovisual en un sólo sector siguiendo el criterio que en ambos casos se trata de difusión de servicios digitalizados, que son imposibles de distinguir. Con este argumento se promueve la preponderancia de los criterios económicos y políticos que guían el sector de las telecomunicaciones.

Cabe destacar que esta disputa, de enorme importancia para el futuro de las políticas de comunicación se libra, casi exclusivamente, en ámbitos muy reservados. Es interesante considerar los argumentos de autores como Milton Mueller (2004) que a partir de señalar que las fuerzas tecnológicas y económicas que soportan la convergencia digital disuelven los medios en un gran medio de distribución, sostiene que “Las autoridades de radiodifusión que crean que pueden imponer normas culturales a la audiencia o forzarlos a una dieta de diversidad, sólo tendrán éxito en gastar dinero y valioso tiempo de emisión. Subsidios y cuotas sólo afectarán a una porción en baja de las alternativas de contenidos en los hogares. Si la oficialmente promovida línea cultural no encuentra el gusto cosmopolita de los consumidores, los reguladores nacionales sólo tendrán éxito en acelerar la migración del público a nuevas formas de medios.”

Frente a este tipo de razonamientos es preciso que los países en desarrollo promuevan argumentos que mantengan su capacidad de elaborar políticas culturales y de comunicación, y de cooperación por supuesto, frente a un escenario economicista en el que tienden a prevalecer los intereses de los países más desarrollados y, especialmente, de los grandes actores corporativos (ANC-UTPBA).