La periodista explicó en una entrevista con Efe que recientemente se reunió con la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour, quien le sugirió que abandonara México después de que la Corte Suprema de Justicia dictaminara que en su caso no hubo “una violación grave” de los derechos humanos.

Según Cacho, Arbour le ofreció todo el apoyo de la ONU para lograr asilo político, para obtener asesoría jurídica, y para acudir a diversos tribunales internacionales con su caso.

La periodista y activista por los derechos humanos fue detenida en diciembre de 2005 en Cancún, en el Caribe mexicano, por policías del estado de Puebla, quienes la trasladaron encapuchada y bajo presiones y amenazas de muerte a esta ciudad para afrontar una acusación de difamación presentada por el empresario textil Kamil Nacif.

En su libro “Los demonios del Edén”, Lydia Cacho destapó en 2005 una red de pederastia supuestamente encabezada por el empresario de origen libanés Jean Succar Kuri, quien estaba protegido por Nacif, apodado el “rey de la mezclilla” y a quien diversos medios vinculan con numerosos políticos.

La Suprema Corte de México analizó el caso para decidir si la intervención del gobernador de Puebla, Mario Marín, amigo de Nacif, en el arresto de la periodista suponía una violación a las garantías de ésta.

El dictamen del Supremo, por seis votos a favor y cuatro en contra, concluyó que si bien se registraron actos indebidos y algunas violaciones de garantías, no fueron suficientes para que el tribunal “lo tome en conocimiento”.

La periodista presentó una denuncia contra las autoridades de Puebla por la violación de sus derechos constitucionales, aunque dijo que quedado congelada en la Fiscalía.

Lydia Cacho explicó que numerosas organizaciones internacionales, como Human Rigts Watch y Amnistía Internacional, han seguido de cerca su caso y le han insistido en que debe salir de México, y que diversos gobiernos le han ofrecido asilo.

Tras publicar “Los demonios del Edén”, la periodista escribió otro libro titulado “Historia de una infamia”, en el que relata las agresiones y amenazas de las que dice que fue objeto durante su detención y proceso judicial.

Lydia Cacho afirmó que, en respuesta a este nuevo libro, Kamel Nacif prepara una nueva denuncia contra ella por daño moral, después de que un juez la absolviera de la acusación de difamación.

Explicó que, de prosperar esta acusación, que no está penada con cárcel, podría ser condenada a entregar durante muchos años todos sus ingresos para cubrir el pago del supuesto “daño moral” a este empresario.

Sobre las denuncia contra las autoridades de Puebla, dijo que la fiscalía ha detenido el proceso con el nombramiento de un nuevo agente que quiere comenzar de nuevo todos los interrogatorios a los testigos, lo que calificó como “técnica de acoso”.

Afirmó que varios abogados y ex jueces de la Corte le han comentado que ésta es una acción intencionada de dilación “para violentar nuevamente sus garantías individuales”.

Acusó al gobierno regional de Mario Marín, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de comenzar una guerra sucia para tratar de desprestigiarla ante la opinión pública y movilizar contra ella a la justicia.

“No tengo esperanzas en el sistema de justicia mexicano, no me han dado la posibilidad de defenderme (...), estoy convencida de que me dejaron en la indefensión jurídica total”, declaró Cacho (ANC-UTPBA).

(*) Nota publicada en el portal de la FELAP (www.felap.info)