Cómo ve que el Gobierno ecuatoriano haya emprendido en un proceso de auditoría de la deuda externa?

– El único país que ha decidido investigar este tema, y auditarlo, es el Ecuador, en mi país esto no sucede. Yo, de manera particular, estoy llevando adelante dos juicios en los que están involucrados varios presidentes de la república, ministros, directores de empresas públicas, etc. En Brasil existe también una auditoría ciudadana, en Uruguay igual, pero no son actos de los gobiernos, como aquí.
Aunque hay una serie de contradicciones en el proceso, porque de acuerdo al Decreto 472 del 9 de julio de 2007, nosotros tenemos que auditar toda la deuda externa del Ecuador desde 1976 al 2006, y sin embargo, el ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, permanentemente declara que hay que pagar, que hay que reestructurar, y eso me parece una incongruencia.

- ¿No será más bien un plan acertado del Gobierno que mientras se audita la deuda se cumple con ella, para evitar así problemas en el plano internacional, y mantener relaciones equilibradas, para en un momento dado, contando ya con los elementos suficientes, decir no pago?

– Una cosa es mantener una relación equilibrada y diplomática con un gobierno o con un banco con el que se han hecho operaciones normales, y otra cosa muy distinta es negociar, reestructurar deudas que son producto de un escandaloso fraude. Yo siempre digo a mis estudiantes: “Las deudas se pagan, las estafas no”. A los fraudes se los denuncia a la justicia para que ella actúe en consecuencia. Lo que ocurre es que nuestros países están insertos en la cultura del no se puede: no se puede repudiar, no se puede desconocer, no se puede denunciar, y nos va como nos va…


– ¿Qué mecanismo de trabajo utiliza la Comisión?

– Yo estoy en el Ministerio de Finanzas desde el 20 de enero, he pedido documentos y la Subsecretaría de Crédito Público no me los da, o me da papeles muy limitadamente. Entonces, una de las grandes incongruencias en este momento es que la Auditoría, siendo un órgano oficial del Estado, creado por el Presidente de la República, funciona en un Ministerio que se niega a entregarle los papeles que necesita para hacer su trabajo.
Otro de los grandes problemas es que la mayor parte de los contratos de deuda pública supuestamente se encuentran archivados en el Banco Central del Ecuador, en Amaguaña, en la Casa de la Moneda. Cuando llegué a ese archivo, no lo podía creer: un caos administrativo, un caos en el archivo de papeles. Cuando uno entra se encuentra con un salón gigantesco lleno de cajas, y cuando se las abre se encuentran documentos mezclados, del 94, del 83, del 2000, etc. Gavetas en las que hay 100 carpetas y otras en las que hay cuatro; entonces uno supone que las ocultaron o se las robaron; otras donde uno encuentra montones de cajas con soportes magnéticos que no están clasificados, están todos tirados, mezclados…

- Pero, pese a estos inconvenientes, ¿cree que se pueda establecer con precisión cuáles son los tramos de deuda que son ilegales, ilegítimos, para denunciarlos y establecer procesos judiciales y sanciones?

– Hemos podido establecer que hay una serie de contratos de la dictadura: 1978-80, que son el paradigma del fraude. Después vino otro de los más escandalosos fraudes, el de la sucretización. Y todo lo que sucedió después es fruto de ese delito. Hay una doctrina del derecho penal, que se llama el delito de función continuada, que determina que hay ilícitos que se cometen y después, a través de acciones discontinuas, permanecen en el tiempo; y éste, en el Ecuador, es un caso concreto. Hemos podido ver montones de contratos que no están negociados entre el acreedor y el deudor, están impuestos.
Uno de los auditores de la deuda ecuatoriana que trabajó hasta ayer con nosotros y se fue a Brasil hizo un esquema de simulación determinando que el Ecuador, desde el 82 hasta ahora, siempre hizo transferencias negativas: lo que pagaba era siempre más de lo que recibía.
Cuando se ven los contratos se entiende que los acreedores busquen hacer su negocio, pero lo que es inentendible es que funcionarios del Estado ecuatoriano hayan aceptado firmar contratos con esas cláusulas. Acabo de ver un contrato firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, para desarrollo de la minería, donde le dan al Estado ecuatoriano 200 millones de dólares en 1984, pero la realidad es que ese contrato no quiere el desarrollo del país, porque las cláusulas dicen cosas como: se le dará la plata al Estado ecuatoriano siempre que se privatice la mina de Portovelo, se le entregará el otro tramo siempre que privatice tal cosa. Es decir, son contratos que esconden la intención de privatizarlo todo, y después seguir prestando y seguir renegociando.
Hay un informe del gerente de refinanciamiento del Banco Central del Ecuador a uno de los gerentes del Banco hablándole de todo el sistema, es un documento de 1991, en el que le dice que el sector externo está totalmente desorganizado, que no hay control de lo que se paga, que falta un sistema informatizado. En otro documento, un gerente del Banco le informa a otro gerente que se ha determinado que por todos estos problemas el Ecuador ha pagado dos y hasta tres veces las mismas obligaciones.
Entonces, nos encontramos con un cuadro altamente preocupante, pero que nos da la posibilidad de sacar conclusiones primarias que le servirían al presidente Correa para decir: señores, esto no se va a pagar.


– ¿Es decir que a estas alturas el Presidente podría tomar decisiones radicales como el no pago de ciertas obligaciones?

– Por supuesto, sin duda. O por lo menos someter a la justicia ecuatoriana las conclusiones que presentamos, para que se inicie un proceso para determinar las responsabilidades de todos los que intervinieron; le estoy hablando de Gustavo Noboa Bejarano, Jamil Mahuad, Abdalá Bucaram, el mismo León Febres Cordero, quien haciendo una serie de denuncias de malos manejos de la deuda, ha firmado contratos que son realmente escandalosos. No sé qué es lo que va a hacer el Presidente, sé lo que es mi trabajo y lo estoy haciendo.

- ¿Qué es lo que debería primar, según su opinión, una decisión soberana del país, de no pagar esas deudas, o un sometimiento a la normativa jurídica que en el plano internacional pueda haber para resolver este tipo de controversias?

– El derecho internacional público determina una serie de cuestiones específicas que también han sido violadas en estos contratos. Es decir que el Presidente tiene los suficientes argumentos jurídicos del derecho interno del país, del derecho internacional público y de los principios fundamentales del derecho.
Para que se haga una idea: se supone que el país tiene en el tema de endeudamiento dos organismos de control: el Banco Central del Ecuador y la Procuradoría General del Estado, pero estos señores acreedores se daban el lujo de redactar lo que tenía que firmar el Procurador; y se firmaba. Lo mismo sucedía con los funcionarios del Banco Central, de la Junta Monetaria, etc.
En la Argentina, cuando se hizo la reestructuración de la deuda pública, en el 92, se contrató un estudio de Nueva York, que defraudó al país porque lo asistió mal para que la deuda siguiera creciendo, es el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Con gran asombro mío veo que ese estudio es el mismo que fue contratado por el Ecuador en 1994, y hoy sigue siendo abogado del país. En el último contrato firmado por el actual Ministro, cuando era Subsecretario de Finanzas en el 2006, se le paga dos millones de dólares de honorarios a ese estudio jurídico, y además, a cada uno de los abogados que van a asistir al país se le paga 800 dólares por hora. Yo me pregunto: ¿existe la posibilidad de que el Ecuador controle las horas que maneja un abogado en Nueva York?
En octubre advertimos que ese estudio había defraudado en Argentina y estaba imputado en diversos delitos en la justicia federal; le dijimos al presidente Correa, a través de una carta, que el Ecuador no podía seguir con este estudio. Tenemos conocimiento que el Presidente recibió la nota y dio órdenes inmediatas para que se solucione el problema, pero no sabemos qué ha pasado al final, porque conocemos que siguen siendo los abogados del Estado.
En todos los contratos últimos que hemos visto, como los acreedores sabían que estaban violando la ley, pusieron una cláusula que decía: si estos contratos fueran nulos, fueran ilícitos, o no se pudieran ejecutar, el Estado ecuatoriano renuncia irrevocablemente a cualquier tipo de acción. Ninguna persona que firme un contrato de cualquier tipo pone una cláusula en la que advierte que lo que está firmando es un delito. Yo que viajo por todo el mundo, que he hablado con tratadistas de derecho público, de derecho financiero, les he mostrado esto y me dicen que ningún tribunal podría convalidar esto porque es la demostración más palpable del fraude y de la ilegalidad, no ya de acá, sino del derecho internacional todo.
Casi todas las legislaciones del mundo establecen la prohibición del lagartocismo (la capitalización de los intereses). El artículo 244 de la Constitución del Ecuador prohíbe esta práctica, sin embargo todos los gobiernos ecuatorianos han firmado esta ilegalidad.
Si yo tengo un crédito de 5 millones de dólares, y todos los años tengo que pagar una determinada suma del capital más los intereses, pero no puedo pagar -que es lo que ha pasado con nuestros países-, entonces esos intereses se suman al capital y vuelven a generar nuevos intereses. Ese es el principio fundamental de la usura, y ese delito ha sido condenado por todas las religiones, por todos los sistemas jurídicos.

- ¿Cree que la Asamblea debería tomar en sus manos una decisión soberana en el tema de la deuda?

– Yo precisamente le llevé a Alberto Acosta dos proyectos respecto a la deuda pública, uno de ellos respecto a que se haga un censo de los acreedores, a efectos de determinar quiénes son los tenedores de los títulos.

- Siempre se nos ha dicho que es imposible saber quiénes son.

– Es absolutamente posible. Estados Unidos tiene una normativa jurídica que establece que toda la deuda que ha sido contraída por el país y no utilizada en beneficio de su pueblo, es una deuda ilegítima y puede ser repudiada, eso lo ha creado Estados Unidos en 1998, y a punto tal que lo incorporó a la Constitución a través de una enmienda, la 14 apartado 4. Por otro lado, EE.UU., después de la guerra civil, estableció que como los países europeos reclamaban deudas, y había títulos por todas partes, era necesario conocer a quiénes los tenían, a qué precios los pagaron, a quién se los compraron y cómo los obtuvieron.
Es decir, antes de pagar yo tengo que identificar a quiénes y en qué condiciones les voy a pagar. Pero qué sucede, como los propietarios de esos títulos son grandes grupos financieros, los bancos y algunos delincuentes ecuatorianos a los que el presidente califica de “pelucones”, esto parece difícil.
Aquí lo que tiene que hacer el Gobierno de Ecuador es decir: “no voy a pagar deuda que no sea legítima, nosotros ya tenemos elementos para demostrar que esa deuda es un verdadero fraude, y no hay ningún tribunal internacional que pueda demostrar lo contrario”. Y tome en cuenta que se lo digo basado en lo poco que hemos visto.
Si desde el 20 de enero, en apenas 18 días he visto, lo que vi, y los otros colaboradores que trabajan con nosotros han visto lo que han visto, imagínese si aquí hubiera un equipo con muchas más posibilidades, trabajando a tiempo completo durante seis u ocho meses; yo creo que el Ecuador podría ser el ejemplo en el mundo de un país que decidió auditar e investigar todo su proceso de endeudamiento y mostrarle al mundo cómo ocurrió.

- En el informe que van a presentar a fines de febrero ¿mostrarán ya pruebas de casos concretos, con responsables?

– Así es, con nombres y apellidos. En mi caso, por lo menos, sí. En el Plan Brady, en la transformación de los bonos global, en créditos del Banco Mundial, en algunas operaciones ficticias de endeudamiento. Una auditora que trabaja en el ministerio de finanzas de Brasil, que está trabajando con nosotros, encontró un informe donde discutían los más altos funcionarios del Estado ecuatoriano sobre una emisión de bonos dólares del año 1983: 1 100 millones de dólares. Ese documento demuestra que lo que estaban haciendo era ilegal, pero sin embargo lo tenían que hacer porque había que salvar a los deudores privados, por ello buscaron mecanismos que se expresan en el documento. Saben que están violando la ley y sin embargo lo hacen. Y ¿quiénes son los deudores privados? Son el Banco del Pacífico, el Banco de Guayaquil, es decir, siempre son las mismas personas las que se han visto beneficiadas con estas políticas.

- Si la prudencia tiene que ver con ocultar la corrupción, nosotros, como ecuatorianos, le pediríamos que no sea nada prudente.

– Y no lo seré. La miseria que yo he visto en Quito en estos 20 días que he estado aquí, que es la misma que he visto en Argentina, país que es el tercer productor mundial de alimentos, que tiene la sexta reserva metalífera del mundo, riqueza como la que tiene el Ecuador.

Entonces, yo creo que Rafael Correa no tiene opción. Si después de que nosotros le entreguemos este informe sigue pagando la deuda..., creo que va a quedar en evidencia ante el pueblo ecuatoriano que una cosa es la que dice y otra la que hace.

Franklin Falconí