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El anuncio lo hizo el presidente Álvaro Colom en un acto en el Patio de la Paz, del Palacio Nacional de la Cultura, en ocasión del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno.

"Queremos la verdad y la justicia", dijo Colom, tras admitir que en Guatemala no será posible la reconciliación, si no se reconoce la responsabilidad del Estado en las masacres, que afectaron sobre todo a la población indígena.

La noticia acaparó los titulares de los principales medios de prensa y fue saludada por los familiares de las víctimas, organizaciones humanitarias y la comunidad internacional.

"En esos documentos podrían encontrarse quiénes ordenaron asesinatos y avanzar en los juicios contra el ex dictador Efraín Ríos Montt y otros responsables de violaciones humanitarias", dijo a Prensa Latina el analista Miguel Ángel Albizures.

Durante el conflicto armado (1960-1996) se registraron en este país 630 matanzas, principalmente de indígenas, 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos, más de 50 mil viudas y huérfanos y unas 400 aldeas arrasadas.

Un informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico responsabilizó al ejército y los aparatos de seguridad con más del 90 por ciento de esos delitos de lesa humanidad.

Aunque la orden de abrir los archivos deberá ser acatada porque el presidente de la República es el comandante del ejército, la decisión no fue bien acogida por algunos ex miembros de la institución.

"Allí no van a encontrar que se haya ordenado o diseñado una operación en el período del conflicto armado para ir a matar a gente inocente. Eso no va estar en ningún archivo", dijo el general en retiro y ex candidato presidencial Otto Pérez Molina.

Mientras, Ríos Montt, reclamado por un tribunal español por delitos de lesa humanidad, restó importancia a esos registros y aseguró que sólo contienen información administrativa.

Sin embargo, abogados del ex dictador se opusieron el año pasado a la desclasificación de expedientes sobre operaciones como el Plan Sofía, donde se le vincula con las matanzas en el noroccidente del país.

Cualquiera que sea el contenido de los archivos, organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos consideran un derecho el hacer público esos documentos.

En ellos podrían verse detalles de algunas de las pesquisas ordenadas por las fuerzas de seguridad contra dirigentes políticos y sociales, opinó Ricardo Zepeda, del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos.

Los documentos también arrojarían luz sobre el paradero de los desaparecidos, entre ellos miles de niños, para que las familias puedan identificar sus restos, darle la debida sepultura y concluir el proceso de duelo.

El presidente de Guatemala ordenó a la Comisión Presidencial para la Paz encargarse de todo el trabajo de desclasificación de los archivos y su posible entrega a la Procuraduría de Derechos Humanos.

Aunque la labor es harto difícil la comisión ya tiene un plan operativo aprobado y en los próximos días comenzará el proceso de ubicación de los documentos, diseminados por diferentes instalaciones militares de todo el país.

Fuente
Prensa Latina (Cuba)