El caso de las denuncias de Lydia Cacho –la periodista que según los jueces retratados por José Clemente Orozco en el mural de la Suprema Corte de Justicia, en una escena de prostitucion y pederastia para impartir injusticias, no fue víctima de violaciones graves por la mafia administrativa que la detuvo y encarceló– ha mostrado, una vez más, que los tribunales federales y de las 32 jurisdicciones de la federación, se ahogan en la total corrupción y, cuando los sobornos no actúan, el tráfico de influencias es el que condiciona las resoluciones (siempre en perjuicio de las víctimas que no tienen dinero ni influencias ni abogados para defender sus derechos). Y todo rematando en una interpretación, por las cúpulas judiciales, contraria a los principios constitucionales para finalmente impartir injusticias. No es la primera vez que los 11 (y antes los 21) ministros, por mayoría (la dictadura de la mayoría, para invocar a Tocqueville) asestan provocadoras resoluciones y su ejemplo es la regla general en los poderes judiciales, que ha ido colmando el plato de las injusticias y se acumulan junto a los demás malestares sociales de una sociedad que sabe que sus gobernantes, contra lo dispuesto en la Constitución, no gobiernan en beneficio del pueblo. Es cierto que hay otras instancias internacionales para que la periodista interponga nuevas denuncias que buscan no solamente exponer las violaciones a sus derechos, sino también exponer a toda una red de pederastas en complicidad politicaeconómica de funcionarios y empresarios millonarios que, con la resolución de los seis ministros, continuarán saciando sus bajos y depravados instintos sexuales para abusar de niñas, niños y jóvenes al amparo del clero político y de los poderes judicial y ejecutivo de varias entidades. Orozco, pues, creó con su pincel y sus colores, un mural donde están los demonios del edén de jueces corrompidos, en un festín de perversidades. Ha sido una pintura profética, convertida en un espejo donde actualmente se refleja la Suprema Corte, manipulada por Ernesto Zedillo para servir a los intereses de los poderosos y vuelta a corromper por Vicente Fox para servilmente servir al panismo antilaico y depredador. El fallo, opinión o lo que haya sido suscrito por los seis ministros de la Corte, confirma que en este país no hay imperio de la ley ni estado de derecho en los términos de los fines y contenidos de nuestro orden jurídico, sino una interpretación que ha interrumpido la observancia constitucional. Los seis ministros que se lavaron las manos, para dejar todo en una simple denuncia ante la Procuraduría General de la República (que, como siempre hace todo en su Fiscalía para Delitos contra Periodistas para no consignar a los funcionarios que violan derechos), han demostrado que cuando se trata de los intereses del presidente en turno (Felipe Calderón le debe favores a Mario Marín y las facturas deben pagarse) y los suyos, como elite con el monopolio de última instancia judicial, resuelven contra la impartición de justicia en los términos constitucionales e interpretan los contenidos de las leyes solamente como instituciones procesales, pasando por encima de sus contenidos sustantivos, por cuanto que éstos, sometidos a una interpretación de imparcialidad, lealtad democrática, honradez republicana y eficiencia legal, permiten a los impartidores de justicia decidirse por las víctimas de los poderosos. Que la Corte de los seis haya resuelto que no hubo violaciones de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho ni que haya sido sometida a torturas de otra especie (los mexicanos sabemos lo que es ser casi enjaulado en las patrullas y más cuando somos escoltados por la policía cuando se comporta prepotentemente), y que haya despreciado el contenido de la conversación telefónica entre el (des)gobernador Marín y su cómplice en aventuras alcohólicas y vaya uno a saber si hasta en reuniones pederastas para violar a niñas, quiere decir que las dos mujeres ministras y los cuatro restantes, con la facultad que les otorga la ley para interpretar los hechos, fueron incapaces de examinar jurídicamente que de esos hechos se deducen imputaciones a Marín y Nacif. Los seis actuaron conforme a los intereses del poder político en sintonía con el calderonismo y porque, como siempre, y mientras el pueblo soporte, fue preferible sostener al (des)gobernador y dejar en la indefensión a la agredida que había denunciado la red de políticos, empresarios y funcionarios judiciales dedicados a dar rienda suelta a sus bestialidades y ser traficantes de prostitución y pornografía. No hubo violaciones “graves” dijeron los seis y pasaron por alto la denuncia por la cual Kamel Nacif está involucrado con el ya procesado por esos delitos Jean Succar Kuri. Por casi un año tuvieron el expediente y los seis se aliaron para salir con la peregrina declaración de que ni aislados ni sumados los hechos expuestos por la periodista daban como resultado alguna violación “grave” a sus derechos y que el (des)gobernador Marín (y su compinche Kamel Nacif) nada tenían que ver, no obstante que ambos, por una botella de coñac, y quien sabe qué más favores, se coludieron para someter a Lydia Cacho a torturas, amenazas y encarcelamiento al estilo de “respetar la ley” y no permitir “impunidad” en el feudo poblano de Marín-Nacif. Los seis nada resolvieron, pero impidieron que el dictamen de Ramón Cossío, Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño y Juan Silva –los cuatro ministros que con su postura han honrado a la deshonrada Corte– sentara un precedente: romper las complicidades, los servilismos, de los intereses creados en la cúpula del poder, donde pederastas sexuales y pederastas violadores de la Constitución son la versión actual del mural de Orozco que plasmó la degeneración política, moral y judicial de quienes no cumplen con someterse a los contenidos de las leyes.

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Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 1a quincena Febrero de 2008 | Año 5 | No. 95