Con osadía y prepotencia, con perversidad y cinismo, la madrugada de 1 de marzo, el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha perpetrado una nueva violación al territorio y a la soberanía ecuatoriana; en este hecho fueron vilmente masacrados, mientras dormían, el comandante de las FARC, Raúl Reyes y un grupo de combatientes que lo acompañaban.

Esta no es la primera vez que acontecimientos como estos ocurren: el Ecuador hasta el momento ha realizado más de diez notas de protesta por las incursiones de naves y efectivos militares a nuestro territorio. No sirvió para nada la comisión binacional fronteriza, COMBIFRON, formada para evitar estos atropellos y que, finalmente, ha sido disuelta por el Ministro de Defensa del Ecuador.

La prepotencia del gobierno colombiano está sustentada por los fondos y el apoyo militar recibido por parte del imperialismo norteamericano, el cual ha invertido cerca de 7 mil millones de dólares en este conflicto desde el año 2000, fecha en la que da inicio el conocido Plan Colombia, posteriormente Plan Patriota, con el que se pretende regionalizar el conflicto interno colombiano

Uribe Vélez constituye una punta de lanza del imperialismo norteamericano y es un peligro para la estabilidad de nuestra región. La masacre perpetrada en la madrugada del 1 de marzo en territorio ecuatoriano, está precedida del secuestro por parte de fuerzas de seguridad colombianas de los comandantes, Rodrigo Granda, en territorio venezolano, y de Simón Trinidad, en Ecuador, en flagrante violación de la soberanía de los dos países. La tradicional política antinacional y antipopular de la oligarquía colombiana tiene continuidad y profundidad en la línea guerrerista emprendida por Uribe Vélez, que niega permanentemente la solución política negociada reclamada por los trabajadores, los pueblos y las fuerzas insurgentes de Colombia, a un conflicto armado que dura más de 50 años. Esa negativa pretende ocultar en vano las raíces sociales y políticas del conflicto armado y el carácter político de la insurgencia. Situación agravada en este periodo por las medidas económicas en contra de la mayoría de colombianos, por su implacable persecución a la oposición política, la creciente criminalización de la protesta social, la negativa al canje humanitario y el servilismo y entrega de Colombia a los intereses norteamericanos.

Las consecuencias de esa posición han significado la aplicación del terrorismo de Estado y que decenas de miles de líderes sindicales y civiles, de jóvenes estudiantes, campesinos, opositores al régimen bipartidista, sean desplazados y asesinados por las fuerzas militares y del paramilitarismo.

Es evidente que el asesinato del comandante Raúl Reyes se da en momentos en que las FARC habían tomado la iniciativa y mostrado su disposición al canje humanitario: entregaron de manera unilateral al gobierno venezolano a dos grupos de rehenes, uno de ellos, pocos días antes de este hecho.

La respuesta del presidente Correa es una posición justa y patriótica en defensa de la soberanía del país, que cuenta con el firme respaldo de todo el pueblo ecuatoriano que rechaza esta nueva agresión y la extensión del conflicto a nuestro territorio.

El asesinato del comandante Raúl Reyes constituye un golpe político a las FARC, pero este golpe está lejos de desmoralizar a esta fuerza insurgente y menos de lograr una derrota militar. Es más, este golpe asestado por el gobierno colombiano se ve minimizado por el gran rechazo y condena de los países latinoamericanos, no solo a la agresión a nuestra soberanía, sino también al peligro de la acción guerrerista de Uribe que amenaza con desbordarse de las fronteras colombianas.

Arrinconado por el rechazo internacional, Uribe ensaya el ataque a los gobiernos democráticos y patrióticos de Venezuela y Ecuador que no se han prestado para su juego criminal, echando tierra sobre los esfuerzos que aquellos han venido realizando en pro de lograr la liberación de más retenidos, en el marco de la búsqueda de una solución negociada al conflicto colombiano, en el que Uribe cumple un papel provocador.

“No podemos confiar en un gobierno que miente al Ecuador y al mundo”

El día 2 de marzo el presidente Rafael Correa, en cadena nacional, con gran contundencia señaló que “el territorio ecuatoriano ha sido bombardeado y ultrajado intencionalmente por parte de un gobierno extranjero”. Esta aseveración la hizo luego de contar con la información de las Fuerzas Armadas y autoridades del gobierno ecuatoriano que fueron al sitio de los hechos, y pudieron confirmar que el grupo guerrillero se encontraba durmiendo a tres kilómetros de la frontera colombiana, dentro de territorio ecuatoriano. “Las naves áreas ingresaron 10 kilómetros dentro de nuestro territorio; las tropas trasportadas en helicópteros bajaron en territorio ecuatoriano culminando la matanza; no hubo ningún enfrentamiento: los guerrilleros fueron atacados mientras dormían”, precisó Correa, calificando al hecho como una masacre.

“Ecuador sufrió un planificado ataque aéreo y una posterior incursión de tropas colombianas, con plena conciencia de que estaban violando nuestra soberanía. Todo esto demuestra que el Ministerio de Defensa colombiano, la Cancillería de dicho país y el propio Presidente Uribe -que me informó del hecho vía telefónica-, le están mintiendo al Ecuador y al mundo. Lo que ocurrió, repito, fue claramente una acción deliberada dentro de nuestro territorio, la cual atenta contra nuestra soberanía y los acuerdos bilaterales con Colombia y el Derecho Internacional, pero, sobretodo, atenta contra el respeto y la confianza que deben existir entre países vecinos y hermanos. No podemos confiar en un gobierno que traiciona la confianza de un pueblo hermano”, afirmó el presidente ecuatoriano.

“Esta es la más grave, artera y verificada agresión que el Gobierno del presidente Uribe ha ocasionado al Ecuador. No permitiremos que este hecho quede en la impunidad”, señaló Correa, mientras convocó a la solidaridad de la comunidad internacional y, particularmente, regional; al mismo tiempo planteó la elaboración conjunta de una propuesta dirigida a detener este tipo de conductas e impedir la internacionalización del conflicto colombiano.

En la misma cadena nacional, el presidente Rafael Correa informó del retiro del Embajador del Ecuador en Bogotá, ordenó la movilización de tropas a la frontera norte, y decidió la expulsión del Embajador de Colombia en Ecuador.

Fue enfático en señalar que “en esta ocasión, no será suficiente una disculpa diplomática del gobierno de Bogotá. Exigimos compromisos firmes y formales ante la comunidad internacional que garanticen que no se repetirán estos inaceptables hechos que se suman a la serie de atropellos sufridos por el Ecuador como consecuencia de la violencia imperante en Colombia”.

Ratificó la vocación de paz y el respeto por parte de nuestro país a los principios del derecho internacional; también enfatizó que la inquebrantable voluntad del gobierno y de todo el pueblo ecuatoriano es llegar hasta las últimas consecuencias, para hacer respetar la soberanía del Ecuador.

Cifras del conflicto social, político y armado en Colombia

Para la burguesía colombiana, las fórmulas de paz nada dicen de las causas estructurales, económicas, sociales y políticas del conflicto y, mucho menos, de cambios profundos a favor del pueblo que soporta las crecientes desigualdades, la pobreza, la desocupación, el despojo y la corrupción que alimentan la guerra. Estas cifras muestran la magnitud del conflicto: más de 41.400 casos de personas torturadas; 15.000 detenidos –desparecidos; más de 3.500 masacres; 1.700 asesinatos de indígenas, 2.550 de sindicalistas, 5.000 de miembros de Unidad Patriótica; más de 700 personas halladas en fosas comunes, así como un sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales y de violaciones sexuales. De igual forma, deben contabilizarse más de 4 millones de personas desplazadas (por lo menos 250.000 en situación de refugio en Ecuador) y más de 7 millones de hectáreas despojadas a los campesinos.

Estas son las razones por las que el pueblo colombiano exige una salida política negociada al conflicto social, económico, político y armado.

Un perverso acto para interferir el proceso de intercambio humanitario

En un comunicado público, difundido el 4 de marzo, Galo Palacios, vocero nacional del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, PCMLE, expresó su rechazo a la agresión del gobierno reaccionario de Álvaro Uribe Vélez.

Señala el comunicado: “Una vez más, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a través de sus tropas militares y policiales, ha pisoteado el territorio de nuestro país, para cometer una nueva y vil masacre, esta vez en contra de una columna de insurgentes que pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y como resultado es esta acción criminal, debemos lamentar el asesinato del Comandante guerrillero Raúl Reyes, así como de otros valerosos hijos e hijas del pueblo colombiano”.

“Este hecho, menciona Palacios, constituye una agresión aleve en contra del Ecuador y sus pueblos; un perverso acto de provocación para interferir el proceso de intercambio humanitario de los prisioneros de guerra en Colombia; un intento más en la escalada de violencia reaccionaria, para tratar de regionalizar el conflicto; revela la naturaleza criminal, guerrerista y servil frente al imperialismo yanqui del régimen de Uribe; evidencia cómo sirven a estos planes los emplazamientos militares como la Base de Manta y la Base de Tres Esquinas en Colombia, en manos del ejército norteamericano”.

Para los revolucionarios, para los trabajadores y los pueblos del Ecuador y Colombia, la pérdida de Raúl Reyes y sus compañeros es muy sentida, ya que su lucha estaba inspirada en las mejores aspiraciones de cambio, de libertad, de democracia verdadera para los pobres y explotados de su país.

“El PCMLE llama a todas las organizaciones sociales, políticas, democráticas, progresistas y de izquierda, a los patriotas y nacionalistas, a movilizarse para denunciar la violación de la soberanía nacional de nuestro país por parte del gobierno criminal y reaccionario de Uribe y a exigir la condena y las sanciones de la comunidad internacional frente a estos atropellos. Al mismo tiempo, apoyamos las acciones que el gobierno ecuatoriano impulsa en defensa de la soberanía nacional, para denunciar y exigir sanción para las violaciones a la soberanía, a la integridad territorial, a los derechos humanos y al derecho a la vida del gobierno de Colombia”, manifiesta Palacios. El comunicado del PCMLE, termina expresando su solidaridad con el pueblo colombiano, que continúa su lucha por los objetivos de la liberación social y nacional, por una patria socialista.

La situación exige la salida de las tropas norteamericanas de la Base de Manta

Rechazamos la agresión a nuestra soberanía y la criminal acción del gobierno de Uribe Vélez, cuyas fuerzas militares asesinaron al comandante Raúl Reyes y al grupo de combatientes que acampaban junto a él”, señaló Luís Villacís, director Nacional del Movimiento Popular Democrático, MPD.

Colombia se ha convertido en punta de lanza de la política del gobierno estadounidense y, al aparecer, en los planes del imperialismo deberá jugar el papel cumplido por Israel en Medio Oriente, esto es, ser el punto de partida para las acciones de agresión militar. La operación militar del pasado sábado, dijo Villacís, tuvo como uno de sus componentes la actividad de inteligencia que el ejército norteamericano realiza desde la Base de Manta; desde allí habrían volado los aviones dotados de alta tecnología que dieron la ubicación exacta del sitio donde se encontraban acampando el grupo de las FARC. Esto exige la inmediata salida de las tropas norteamericanas de dicho centro militar, pues, de no actuar de esta manera, en los hechos nuestro país estaría cumpliendo un papel en la aplicación del Plan Colombia, que ha sido denunciado como un plan de guerra; un plan que tiene como propósito central acabar con los grupos insurgentes colombianos.

“La acción militar de Uribe ha contado con el apoyo logístico y político del gobierno de los Estados Unidos, pero ha despertado un amplio rechazo internacional, condenatorio a la violación de nuestra soberanía. Esperamos que los organismos internacionales escuchen esas voces de solidaridad con nuestro país, que expresamente rechazan la intervención militar colombiana en nuestro territorio”, expresó Villacís.

“El MPD respalda la posición firme, digna y patriótica del gobierno de Correa, acorde con el pensamiento democrático, progresista y de izquierda, de la tendencia política que pugna en nuestro país por transformar al Ecuador. A su vez, nos solidarizamos con la lucha del pueblo colombiano, víctima de la violencia de un Estado terrorista y rendimos homenaje a los combatientes por la libertad, por la democracia y por una nueva Colombia que, como Raúl Reyes, hoy han caído victimas de una acción criminal”, señaló Villacís.

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