En esta época en que se supone que la ciudadanía es el motor del cambio, todos los que han perdido el rumbo y apuntan sincera y militantemente a un sin sentido, o aquellos que concientemente y denodadamente luchan por defender el statu quo, lo establecido, se “ciudadanizan”.

En la Asamblea Constituyente, la derecha también se “ciudadaniza” con su “Modelo Ciudadano de Desarrollo Económico”. Los Asambleístas Mae Montaño y Eduardo Maruri, en él reverdecen una vieja propuesta para centralizar capitales, el “capitalismo popular”. Planteamiento que consta en el artículo 31 de la Constitución de 1998, a cuyos contenidos agregan dos ingredientes más: uno copiado del neoliberalismo boliviano de Sánchez de Lozada, y, otro del proceso de privatización europeo. Ante ello, es necesario develar la esencia de esta arma de engaño y los objetivos perseguidos.

En economía se reconocen dos procesos para robustecer el proceso de acumulación: la concentración y la centralización de capitales. La centralización implica captar recursos de terceros. En la Constitución de 1998, la derecha se planteó incluso captar la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Por ello estipularon que el pago podía realizarse “en dinero o en acciones o en participaciones”. La esencia del problema radica en que las participaciones de los trabajadores, son siempre insuficientes para controlar las empresas, por lo que los beneficios solo redundan a favor de quienes las controlan, como ha sido demostrado fehacientemente.

Pero el capitalismo popular tiene otras aristas. La más grave es la sobreexplotación de los trabajadores por el incremento de la plusvalía relativa, que se genera por la elevación de la productividad en que emprenden los trabajadores, azuzados por la ficción de considerarse condueños de la empresa.

La propuesta de Montaño y Maruri tiene también otro objetivo: convertir las empresas estatales en sociedades anónimas, puesto que su proyecto apunta a participaciones ciudadanas en el capital social al 5%. Propuesta que puede parecer atractiva para incautos ciudadanos, si no se recuerda que se pretende establecer igual mecanismo al utilizado en otr