Pemex Refinación, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, incumple con la convocatoria hecha hace un año para transparentar el proceso de renovación de su flota marina: una omisión en las bases de la licitación pública internacional 18576018-022-07, para el arrendamiento con opción a compra de cinco buquetanques, impide la participación de las empresas que pretendían construirlos. Se trata de la supresión del punto 13.1 que, sin embargo, sí se cita en la convocatoria publicada el 27 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación y en el portal Compranet. Dicho capítulo regía la ventana temporal para la entrega de las embarcaciones, acordada en las prebases y en el modelo de las bases, en un año tres meses después de la firma del contrato. Al eliminar este plazo, la competencia se dará únicamente entre las empresas que poseen buquetanques construidos desde 2005 y hasta agosto de 2008, aun en detrimento de su propia vida útil. En estos términos, entre las compañías que se perfilan para ganar la licitación destacan las trasnacionales Daewoo y Mitsui. También las mexicanas Blue Marine y TMM (Grupo Transportación Marítima Mexicana). Blue Marine es presidida por Antonio Juan Marcos Issa, excoordinador de asesores de los exdirectores generales de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos; mientras que el director de TMM es Fernando Sánchez Ugarte, quien a principios de diciembre del año pasado renunció a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e inmediatamente se contrató con dicho grupo. El “error” en las bases se cometió pese a que el director general de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, se comprometió a garantizar la transparencia en este proceso, que concluirá el próximo 22 de abril. La licitación pública involucra alrededor de 4 mil 675 millones de pesos: el costo del arrendamiento por cada buquetanque se calcula en 85 millones de dólares.

Transparencia, discurso falaz

A inicios de 2007, Pemex Refinación convocó a “representantes de las autoridades marítimas y administrativas” y a terceros interesados en el arrendamiento de buquetanques para trabajar de manera conjunta las prebases y el modelo de bases referentes a esta licitación. Esa invitación forma parte de los compromisos a los que se obligó la paraestatal, luego de las investigaciones abiertas en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación contra la petrolera y sus filiales Refinación y Exploración y Producción, relacionadas con el supuesto arrendamiento irregular de embarcaciones. Más aún, en su afán por legitimar los nuevos alquileres, en julio de 2007 la subsidiaria contrató a la Fundación Heberto Castillo y al ingeniero Edgar Fernández Gómez como testigos sociales para este proceso. Cada uno cobró 320 mil pesos por sus servicios, que también concluyen en abril próximo. En las “reuniones de transparencia con terceros” –como las llamó Pemex, según el boletín de prensa 03/08– se acordó que el plazo para entregar las embarcaciones sería de hasta 480 días naturales después de la formalización del contrato. Sin embargo, las bases de la licitación marcan un lapso de sólo cuatro meses.

Irregularidades

El “error” en las bases no es menor: mientras el periodo de un año tres meses permitía construir las embarcaciones de acuerdo con las necesidades de la subsidiaria, el de cuatro meses circunscribe la participación sólo a aquellas compañías que ya tienen en su flota buques con capacidad para transportar más de 40 mil toneladas de peso. Documentos de Pemex Refinación, divulgados en su portal de internet –en el apartado “Transparencia”, subapartado “Modelos de bases de licitaciones de adquisiciones”–, dan cuenta que, antes de la publicación de la convocatoria, los arrendadores tenían opción de construir los cinco buquetanques. La convocatoria de la licitación dada a conocer por la subsidiaria el 27 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, y que puede ser consultada desde entonces en Compranet, descubre que el cambio fue de “última hora”. Al tratar el “lugar de entrega”, ésta establece que los participantes deberán señalar en su propuesta “la fecha estimada (que) deberá quedar comprendida dentro de la ventana del 25 de julio al 23 de agosto de 2008, conforme al punto 13.1 de las bases de licitación”. No obstante, dicho punto sólo existe en las prebases y en el modelo de bases, mas no en las bases oficiales. Destinado a fijar el “plazo, lugar y condiciones de entrega del buque”, el punto 13.1 señalaba: “Para el caso de buques en construcción o por construir, el puerto de entrega corresponderá al puerto en el cual se localiza el astillero de construcción y deberá definir la ventana de entrega, la cual no deberá tener una amplitud mayor a 15 días naturales y deberá estar comprendida dentro de los 480 días naturales siguientes a la fecha de formalización del contrato, en este último caso, el licitante procurará que en la medida de lo posible, la fecha de inicio de la ventana sea congruente con la fecha estimada de terminación de la construcción”. En contra de los 99 párrafos que abarcaba en el modelo de bases y en las prebases –“aspectos básicos contractuales”, ordenados en 12 puntos específicos, del 13.1 al 13.12–, el punto 13 se reduce a un par de líneas: “Modelo de contrato. Como documento 13 se incluye el modelo de contrato que aplicará en este procedimiento. El licitante deberá considerar las condiciones ahí establecidas”. El documento del modelo contractual, al que hace referencia el punto 13 de las bases, confirma la eliminación del plazo de los 480 días naturales para entregar las embarcaciones.

Testigos defienden el proceso

El ingeniero Edgar Fernández Gómez, testigo social en este proceso, asegura que ningún empresario ha sido marginado, porque quienes no tienen barcos construidos nunca estuvieron dentro de la competencia: “La licitación empieza cuando se publican las bases, sin importar las prebases y el modelo de bases”. Advierte que la omisión del punto 13.1 “es un error de Pemex, que seguramente ocurrió por la premura de publicar las bases en diciembre. No es el único y no es grave. La convocatoria también cita el 13.5 y el 13.6, que tampoco existen; sin embargo, estas fallas no tienen trascendencia en la licitación”. Acreditado por la SFP, Fernández Gómez indica que las prebases y los acuerdos alcanzados en las reuniones de transparencia son responsabilidad de la paraestatal. Asegura que Pemex debe responder por qué después de un año de trabajos, en los que se acordó la participación de empresas sin buques construidos, se restringió el tiempo de entrega a sólo cuatro meses. A pesar de los errores, afirma que la transparencia en el proceso está garantizada. “En mi opinión, Pemex hizo bien al limitarlo, porque no es equitativo juzgar barcos existentes, nuevos o seminuevos, con los que aún no existen: estos últimos pueden no estar a tiempo, construirse con otros materiales, entregarse con otras características. Con los que ya existen, la paraestatal asegura que le serán entregados a tiempo y que serán con las características con las que están compitiendo”, dice. Para la testificación, el 20 de julio Pemex Refinación adjudicó el contrato 4600012264 al ingeniero Fernández Gómez por 320 mil pesos. De acuerdo con el Portal de Transparencia, la vigencia venció el 31 de diciembre pasado; no obstante, los trabajos continúan. Fernández Gómez explica que es la Secretaría de la Función Pública la que elige a los testigos sociales, no la dependencia, y que ha signado un convenio de confidencialidad que le impide detallar todo el proceso. El mismo 20 de julio, la subsidiaria adjudicó el contrato 4600012263 a la Fundación Heberto Castillo Martínez, también por 320 mil pesos. La asociación civil designó como su representante a David Shields Campbell, experto en temas energéticos. Respecto de las omisiones, Shields Campbell dice: “No tengo conocimiento de que haya un error y tengo que revisarlo. Prefiero no hacer comentarios sobre algo que no sé si sea cierto. No sé si sea una apreciación tuya o de algún posible licitante. No me he fijado en este punto y no quiero comentar nada”. Describe que la labor del testigo social “es vigilar la transparencia de la licitación, en todos los sentidos en que esto se pueda entender, sobre todo que haya equidad”. Mas cuando se le pregunta si entre sus obligaciones está detectar y señalar las erratas, responde: “Si hay algún error en las bases de la licitación corresponde a los licitantes señalarlo en la junta de aclaraciones. No me corresponde a mí emitir juicios, o si yo tengo un juicio también me corresponde señalarlo en la junta de aclaraciones, no en un medio (de información)”. Acerca del estudio de la convocatoria y de las bases, explica que “hacemos lo posible por analizarlos a profundidad y no he visto problemas o no he visto nada en especial. Si fuera el caso lo señalaré en la junta de aclaraciones, pero ésta es sobre todo una oportunidad para los licitantes, no tanto para señalar errores, sino para tratar de aclarar cualquier tipo de puntos, situaciones o elementos en la bases que no tengan claridad a su juicio”. Shields Campbell reconoce que “desde hace tres décadas todo lo que tiene que ver con buquetanques ha sido motivo de polémica en los medios. La licitación de estos cinco buques está apenas empezando, claro que ha habido mucho trabajo previo, pero como testigo social no puedo dar entrevistas a profundidad sobre el tema, simplemente porque metería ruido a este proceso”. Explica que al final de la licitación, cada testigo está obligado a entregar un informe escrito, que es público, donde se asientan todas las observaciones. “El trabajo del testigo social es ver por los intereses de la sociedad y en este momento voy a suponer que esos intereses son que la licitación se lleve a cabo correctamente. Sería contrario a mi trabajo hacer valoraciones y no estoy dispuesto a hacerlas. Al final emitiré un testimonio”. Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con el director de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis. A través de la Dirección de Comunicación Social, la paraestatal se limitó a indicar que, “derivado de la revisión efectuada a los documentos relacionados con la licitación pública internacional 18576018-022-07 (convocatoria y bases), se detectaron algunos errores, mismos que serán corregidos y dados a conocer a los licitantes, durante el desarrollo de la junta de aclaraciones… además de publicarlos en el Diario Oficial de la Federación”. Respecto del punto 13.1 citado en la convocatoria y eliminado de las bases, Petróleos Mexicanos refiere que la errata se ubica en el número. La primera debió citar el 14.1, que sí se refiere a la ventana temporal de sólo cuatro meses. Acerca de los participantes que quedan fuera de la licitación y de los montos que implica la misma, no hubo respuesta.

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Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 1a quincena Marzo de 2008 | Año 5 | No. 97