En las últimas décadas de vida republicana, el país ha sido víctima de la política aplicada por los gobiernos neoliberales, que favorecieron el saqueo y la depredación de nuestros recursos naturales, la explotación extrema a los trabajadores por parte de los grandes monopolios y de los minúsculos grupos oligárquicos criollos, e incrementaron la pobreza, el desempleo, la migración y la negación de derechos.

Para combatir y transformar esta realidad, los sectores populares luchamos denodadamente por la convocatoria e instalación de una Asamblea Constituyente Plurinacional, Originaria y Popular, de Plenos Poderes, que cumpla con el mandato entregado por el pueblo en las urnas.

La derecha y los sectores oligárquicos atados al imperialismo, que fueron derrotados abrumadoramente por las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda, jamás se resignaron a la derrota y hoy buscan, por todos los medios, sabotear y desprestigiar la acción de la Constituyente.

Por esta razón, los miembros de las organizaciones populares, aquí reunidos, recogiendo e interpretando los anhelos de centenas de miles de nuestros afiliados y de millones de ecuatorianos, entregamos a la Constituyente este Mandato de los Trabajadores y Pueblos del Ecuador, que contempla, desde nuestro punto de vista, los aspectos más importantes que deben ser incorporados, indispensablemente, en la nueva Constitución, para afectar las bases de la dependencia y la explotación, reconocer nuevos derechos y emprender en el cambio para construir el país que queremos. Los principales elementos que demandamos son:

Recuperación de la soberanía nacional en:

Recursos Naturales y áreas estratégicas

• La propiedad, exploración, explotación racional y comercialización de los recursos del mar territorial, de la Antártida, los hidrocarburos, los minerales, el agua dulce, las telecomunicaciones, la electricidad, la órbita geoestacionaria, serán exclusivas por parte del Estado y, en algunos casos como los minerales y la pesca, por cooperativas de pequeños y medianos productores.

Territorio

• Se prohíbe firmar acuerdos internacionales que lesionen la soberanía o comprometan la autodeterminación de los pueblos, el mandatario que lo haga será enjuiciado por traición a la Patria.

• Todo acuerdo que involucre soberanía debe ser sometido a Consulta Popular.

• Fortalecimiento de la unidad territorial del país impidiendo su fraccionamiento y dispersión, reforzando la actual organización política en provincias, cantones y parroquias, con transferencia automática de los recursos asignados a consejos provinciales, municipios y juntas parroquiales. Descentralización y desconcentración democráticas en el marco de un Estado unitario que impulse el desarrollo armónico y multilateral de todas las regiones, así como el respeto y promoción de los derechos de todos los pueblos y nacionalidades.

• Que se constitucionalice a los municipios y consejos provinciales como instituciones democráticas, de servicio a la comunidad, eficaces y eficientes, sin fines de lucro.

• Prohibición expresa a los municipios y consejos provinciales para privatizar, concesionar, tercerizar, bajo cualquier modalidad, los servicios públicos de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, recolección de basura, vías, puertos y aeropuertos, terminales de transporte público, fuentes de agua dulce y de riego, etc.

• Oposición a las propuestas neoliberales de Autonomías y Distritalización.

Económica y Monetaria

• El Estado Ecuatoriano no reconocerá ninguna deuda ilegítima.

• Recuperación progresiva de la soberanía monetaria.

Alimentaria

• El Estado promoverá la producción y provisión de alimentos de acuerdo a las necesidades de la población. Se exportará solo aquello que exceda del consumo nacional.

Bienestar del pueblo

• El Estado garantizará de manera prioritaria la provisión de: Salud, Educación, Trabajo, Vivienda, Seguridad Social, Deporte y Recreación.

• El Estado financiará al Sistema de Salud Pública y para tal propósito destinará el 4% del PIB.

• La salud es un derecho humano y social de responsabilidad obligatoria e ineludible del Estado y lo garantizará bajo los principios de: universalidad, obligatoriedad, gratuidad, interculturalidad, igualdad, progresividad, solidaridad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia, participación comunitaria e irrenunciabilidad.

• El Sistema de Educación Pública será emancipador, intercultural, fiscal, laico, gratuito y de calidad en todos sus niveles; obligatorio desde la educación inicial hasta el bachillerato, tendrá un enfoque de género.

• El Estado solo financiará al Sistema de Educación Pública y para tal propósito destinará el 6% del PIB.

• El mandatario o funcionario público que no cumpliere estos preceptos será destituido de su cargo.

• Se destinará el 2,5% del PIB para el desarrollo de la investigación, ciencia y tecnología.

• Desarrollo y promoción del arte y las culturas nacionales como elementos que contribuyan a la formación integral del ser humano.

• El Estado garantizará el empleo, respetando los derechos de los trabajadores y estimulará al pequeño y mediano productor.

• Política salarial equitativa, que de condiciones de vida digna a los trabajadores, sin discrimen social, cultural y de género.

• Nadie podrá ganar más que el Presidente de la República en ninguna entidad del Estado, incluyendo las autónomas y del régimen seccional.

• La Constitución garantizará la dotación de vivienda popular digna. El Estado impulsará la expropiación de tierras ociosas (en engorde), que se destinarán a este objetivo en planes conjuntos con los municipios, colegios profesionales, universidades y comunidades.

• La Seguridad Social será un derecho de todos los ecuatorianos bajo los principios de Universalidad, Solidaridad, Obligatoriedad, Subsidiaridad, Eficiencia, Eficacia. Integración tripartita y mayoritaria de los afiliados en el Consejo Directivo del IESS.

• Recreación concebida como un derecho de todos y todas.

Derechos democráticos

• Eliminación de la Tercerización e intermediación laboral, garantizando el empleo del trabajador.

• Eliminación del trabajo por hora y de toda forma de trabajo precario.

• Recuperación de los derechos laborales y vigencia de la sindicalización obligatoria.

• Vigencia plena del derecho de organización, reclamación y huelga, incluido el derecho a la rebelión de los pueblos, frente a la injusticia, el atropello y la desigualdad social.

• Reconocimiento del Ecuador como un país plurinacional, pluricultural y multiétnico.

• Política de respeto y desarrollo de las culturas indígenas y de los pueblos negros. Se darán garantías para el cumplimiento de los derechos ciudadanos y colectivos en el Ecuador.

• Constitucionalizar la representación parlamentaria de los migrantes.

• Designación por y de su seno a los cónsules en las circunscripciones en donde exista una población significativa.

• Se crearán el Banco del Migrante y Centros estatales de atención especializada tanto en el exterior como en el país.

• Política de comunicación pública que promueva los espacios y medios alternativos y estatales de comunicación.

• Servicio militar facultativo.

• Derecho al voto para los miembros de la fuerza pública y los vigilantes de la Comisión de Tránsito del Guayas.

• Restablecimiento de la elección de Diputados Nacionales elegidos junto a los provinciales en primera vuelta.

• Recuperación de la capacidad Fiscalizadora del Congreso y de su facultad de fijar la política salarial.

• Revocatoria del mandato para el Presidente, Vicepresidente de la República y demás cargos de elección popular.

• Las autoridades elegidas por votación popular, Ministros de Estado y demás funcionarios, deberán rendir cuentas cada 6 meses ante los electores y el pueblo.

• Elevar a norma constitucional la creación de los cabildos populares como instancias de democracia y participación, con funciones consultivas, resolutivas y de fiscalización en el diseño, aprobación de los presupuestos municipal y provincial y ejecución de la obra pública seccional.

• Los pueblos del Ecuador intervendrán en la planificación, ejecución, evaluación y control de las obras y programas.

• Constitucionalizar la creación del Consejo Nacional de Barrios, como una instancia destinada al estímulo, promoción y fortalecimiento de la organización y participación cada vez más amplia, intensa y calificada, de los moradores de los barrios y sus organizaciones en la vida social y política del Ecuador y en el control popular de los organismos seccionales.

• Reconocer al trabajo autónomo como un derecho y un deber social que gozará de la protección del Estado, el mismo que procurará mejores condiciones de participación del sector de los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos en el sistema económico nacional, a través de políticas específicas de estabilidad en sus puestos de trabajo, crédito y microcrédito, información, capacitación, comercialización, seguridad social y demás fines que persigan el bienestar de este sector, para lo cual, la ley determinará los organismos encargados para este fin. Creación del Consejo Nacional del Comerciante Minorista.

Economía solidaria y productiva

• Impulso de una Economía solidaria, productiva y no especulativa.

• Restablecimiento de la planificación estatal y multilateral de la economía.

• Ejecución de una reforma agraria que redistribuya la tierra, privilegiando a quien no la tiene para garantizar la soberanía alimentaria.

• El Estado promoverá la industrialización del país, la inversión productiva, el crédito a bajo interés y largo plazo.

• Apoyo a la pequeña y mediana empresa, microempresa, artesanos, pescadores, pequeños comerciantes.

• Establecimiento del control y la regulación de precios por parte del Estado a través de la implementación de silos y la comercialización directa.

• Impulso de la productividad con manejo sustentable de los recursos naturales, preservación de la vida y satisfacción de las necesidades de la población.

Democratización de la propiedad

• Fortalecimiento de la propiedad social, estatal, cooperativa, comunal y mixta.

• Prohibición y erradicación del latifundio y el monopolio.

• Control y sometimiento de la Propiedad privada al interés nacional y a sus obligaciones sociales y tributarias.

Al aprobar este mandato a la Asamblea Constituyente, las organizaciones populares nos comprometemos a luchar denodadamente, con acciones parciales y generales, para que el mismo se haga realidad y se contemple en la nueva constitución.

Firman el mandato, los siguientes representantes populares:

Lcda. Mery Zamora

UNE

Sr. Nelson Erazo

UGTE

Sr. Sebastián Cevallos

FEUE

Lcda. Magdalena Vélez

FRENTE POPULAR

Srta. Elena Abad

CONFEMEC

Sr. Pablo Castro

FESE

Sr. Byron Garcés

FEUNASSC

Sr. Galo Jiménez

CUCOMITAE

Sr. Antonio Guerrero

UNAPE

Sr. Samuel Vargas

CUBE

Sr. Wilmer González

UCAE

Documentos adjuntos


Firman el mandato

Dirigentes de las organizacionesy sectores populares firmaron el Mandato de los Pueblos


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