Estados Unidos mueve sus peones en Pakistán. El presidente George W. Bush telefoneó personalmente al presidente Musharraf para invitarlo a dimitir como forma de «evitar una crisis constitucional en el país». Seguidamente, la embajadora en Islamabad, Anne W. Patterson, en compañía del senador Kay Bailey Hutchison (republicano, por el Estado de Texas), se reunió, sin discreción alguna, con los principales líderes de la oposición para armar un gobierno conforme a los intereses de Washington.

Mientras tanto, el embajador estadounidense en Berna, Peter R. Coneway, sugirió a las autoridades suizas que pospusieran la condena de Asif Ali Zardari (el viudo de Benazir Bhutto y actual jefe de su partido) por las malversaciones de fondos que cometió cuando era ministro pakistaní de Inversiones Exteriores, ya que es posible que este señor se convierta nuevamente en ministro y Pakistán retiraría entonces la acusación que dio lugar a la condena.

Todo este movimiento viene acompañado de una auditoría sobre los fondos entregados a Musharraf desde 2001: la embajada de Estados Unidos le entregaba una ayuda militar mensual de 80 millones de dólares, que se depositaban (en efectivo) en el ministerio de Finanzas, sin que mediara justificación alguna sobre el uso de dichos fondos. Ni siquiera se entregaba un recibo. Musharraf se apropiaba de dos tercios de esa suma, para él y los miembros de su junta.

Esta reorganización no concierne solamente a Pakistán sino que se extiende ahora a sus brazos armados. El Jamaat-ud-Dawa, organización de liberación de la región de Jammu y de la Cachemira india, acaba de dar un giro de 180 grados. Después de haber desatado una guerra que ha costado 15 000 vidas, este grupo armado renunció de pronto al terrorismo para no perjudicar la imagen de los próximos dirigentes musulmanes pakistaníes.