La Repsol, por más una década, opera en el parque Yasuní, en el bloque 16, y según sus expertos, utilizan tecnología de punta, lo que garantiza que los derrames de petróleo no se produzcan en el sector de operaciones.

El 1 de febrero de este año, la Cía. Repsol reportó al Ministerio de Petróleos un derrame cerca del Pozo Amo l (bloque 16). Pero de lo que se conoce, durante el tiempo de operaciones de la petrolera, a pesar de la ‘tecnología de punta utilizada’, el primer derrame ocurrió en 1993, y en estos últimos dos años se produjeron varios en la denominada zona intangible; este último, reportado el 1 de febrero, contaminó el río Yasuní, fuente de líquido vital de la comunidad waorani.

La Cía. Repsol trató de remediar la contaminación provocada: recuperó del río Yasuní 100 barriles de crudo de los más de 4000 derramados; sin embargo, los daños son irremediables al ambiente y a las personas que consumen el agua y utilizan el río; los derechos humanos y de las poblaciones han sido violados; la Constitución Política del Estado y las leyes, también. La contaminación ambiental y el ocultamiento de la información, según las leyes ecuatorianas, son delitos; por lo tanto, la Repsol debe ser sancionada con todo el rigor de la ley: el derrame no fue el 1 de febrero como dice el reporte sino días antes.

Al bloque 16 nadie puede ingresar sin previa autorización de la compañía petrolera, los indígenas no pueden reclamar porque no son escuchados, ni por la petrolera peor por el Estado. Los indígenas no conocen sus derechos ni las leyes, no saben leer ni escribir, pocos conocen el español y son todos vulnerables ante los abusos de la esta compañía. Este panorama, nada halagador, revela que por más de diez años el lugar ha sido secuestrado por la Repsol; la comunidad indígena waorani, nativa del Parque Yasuní, cada vez pierde identidad y se vuelve dependiente de las migajas que la petrolera entrega como compensación por el saqueo que realiza en la zona.

El Presidente Rafael Correa habló de la necesidad de renegociar en el aspecto económico, los contratos petroleros que el Estado mantiene con cinco compañías (el reparto de las ganancias extraordinarias), pero no se ha mencionado la revisión urgente de las licencias ambientales y de operación otorgadas a las mencionadas compañías y las infracciones cometidas; se requiere negociar también las políticas de responsabilidad social con los sectores afectados.

De la atención e inclusión que el Estado de a estos sectores vulnerables en la elaboración de políticas y asistencia adecuada en educación, salud y cobertura de otras necesidades, dependerá que las comunidades indígenas no pierdan su cultura y soberanía local y nacional, y dejen de lado la dependencia que mantienen por las dádivas que reciben actualmente.

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