Es táctica mediática, parte de la estrategia para captar pro anexionistas y delincuentes, organizarlos en grupos terroristas, orquestar agresiones físicas, crear clima internacional proclive a desprestigiar al gobierno de Cuba, y financiar activistas para la desestabilización política y social en la Isla.

Una mentira repetida infinitas veces puede convertirse en verdad para oídos desconocedores de la historia real, o proclives a creer el cuento mal contado: La emigración económica, común en Latinoamérica, ha sido tergiversada con propaganda política. Las autoridades estadounidenses exigen a cada cubano que solicita permanecer en EE.UU., que se declare víctima de supuesta represión política en su país, para tener derecho a la llamada “Ley de ajuste cubano”.

Es el precio que cobran a cambio de exclusivos privilegios económicos, laborales y sociales, a diferencia de lo que aplican a otros emigrantes, quienes se juegan la vida para entrar en territorio estadounidense y permanecer ilegales, espoleados por la miseria padecida en sus sitios de origen.

Esas necesidades básicamente tienen su origen en Cuba en el bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace casi medio siglo sufre por la sostenida acción ilegal de Washington. Con gran alborozo fueron recibidos en ese país los corrompidos políticos, represores, asesinos, testaferros y otros representantes de las excrecencias sociales que durante décadas hicieron pedestal del altar de la patria cubana, y al huir de la justicia se llevaron consigo las reservas monetarias del país, tesoros amasados y sus cuentas bancarias en el exterior.

Residencia, empleo y dinero garantizado, recibieron esos elementos junto con los planes de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana para organizarlos en grupos terroristas, entrenarlos y orientarlos hacia el rescate de sus privilegios perdidos y la servidumbre al Norte. A ninguno le correspondía el calificativo de exiliado político. Eran fugitivos de la justicia con largos potenciales delictivos.

Les siguieron los llamados “siquitrillados”, burgueses adinerados, grandes empresarios y terratenientes, miembros de la oligarquía nacional y de la pro anexionista, que veían esfumarse las posibilidades de seguir enriqueciéndose a costa de los demás.

Incapaces de asimilar nuevos tiempos de justicia social en su patria de origen, atemorizados por la propaganda desde el exterior, otros cubanos optaron por mudarse. EE.UU. invirtió más de mil millones de dólares en el Programa de Refugiados Cubanos en los años 60 para asentar, legalizar, darle trabajo y cubrir gastos de seguridad social a cuanto isleño llegara a sus costas, renegando del socialismo.

Esa es, resumida, la historia de cómo comenzó la gran estafa mediática de los cubanos en calidad de “refugiados políticos”. ¿Puede un ladrón reclamar refugio político para evadir la justicia? ¿Desde cuándo un empresario disgustado porque le supriman privilegios es “emigrado político”? ¿Quién dijo que alguien captado por la propaganda del “sueño americano” y una ley de excepción sea emigrado político?

En la llamada “Ley de ajuste cubano” está el anzuelo envuelto en oportunidades que no se brindan a ningún otro emigrante en Estados Unidos y estimulan la emigración riesgosa. Desde 1980, y años posteriores, diversas generaciones de cubanos llegaron a territorio estadounidense y a otros países, unos por necesidad económica, otros por reunificación familiar.

¿Cuál es en realidad la proporción de emigrantes de origen cubano con la de otros en el mundo?

Estadísticas admiten como normal una relación del 10 al 15 por ciento entre nacionales que viven en sus fronteras y los que se desplazan al exterior. En el caso de Cuba ese índice es de poco más del 12 por ciento, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Hoy es evidente el interés de cubanos residentes en el exterior por mantener vínculos estables con su país de origen, lo que desmiente la gran estafa orquestada por el gobierno estadounidense.

Agencia Cubana de Noticias