Alarma entre mafiosos de Miami

Desde hace casi medio siglo, grupúsculos creados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para desestabilizar al gobierno de la Isla mediante acciones terroristas y conspiraciones, se han beneficiado de la llamada “industria de la contrarrevolución”, que provee millonarios fondos monetarios, los cuales, sin saberlo, pagan los contribuyentes norteamericanos.

El suceso adquirió ribetes de escándalo internacional por su abierta desfachatez, cuando en julio del 2006 la administración Bush presentó oficialmente un plan para los años 2007 y 2008 de lo que llamó “Transición hacia una Cuba Libre”, encabezado por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y dotado inicialmente de 80 millones de dólares.

Se añadían 35 millones para trasmisiones ilegales contra la Antilla Mayor de las llamadas emisoras Radio y TV Martí, 10 millones anuales más destinados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y la sugerencia de aportar otros 20 millones, a partir del 2009 “hasta el desmantelamiento del régimen castrista”, lo que debía lograrse “en año y medio”.

Cuatro meses después estallaba una controversia pública cuando un informe del Tribunal de Cuentas estadounidense criticó a la USAID por haber entregado 74 millones de dólares desde 1994, sin previa licitación competitiva, lo cual en lenguaje popular significa que beneficiaron bolsillos de socios de conveniencia.

Salió a relucir entonces que el grueso del dinero, supuestamente destinado a mercenarios dentro de Cuba, en realidad se quedaba en la Florida para pagar “favores y tráfico de influencia”.

Gran hilaridad causó el saber que entre los artículos facturados para hacer la contrarrevolución se incluían chocolates importados, costosos abrigos de cachemira, electrodomésticos, computadoras personales y otras chucherías electrónicas.

En realidad no era nada nuevo, sino más de lo mismo ocurrido durante cinco decenios. Quien reparte, se coge la mayor parte, y se ahondaron desavenencias.

La semana anterior la Casa Blanca dio a conocer que Felipe Sixto, “funcionario de mayor conexión con la comunidad cubano americana” (léase mafia anexionista de Miami), renunció por alegaciones “de que tal vez obtuvo indebidamente cientos de miles de dólares provenientes de subsidios en un empleo anterior con la organización Centro para Una Cuba Libre, con base en Washington”.

El tal Sixto, “cubano americano miamense, era el asistente especial del Presidente para asuntos intergubernamentales y lidiaba con Cuba, los asuntos indígenas, los legisladores estatales, los funcionarios hispanos electos y Puerto Rico”.

La información, del diario digital El Nuevo Herald, de Miami, recuerda que la administración Bush asignará en breve 47,5 millones de dólares más para el próximo período anual del Plan contra Cuba, pero con nuevas normas en el reparto de la plata.

Organizaciones de Washington tales como Freedom House, International Republican Institute (IRI) y National Endowment for Democracy (NED) “se verán favorecidas porque han tenido desde hace mucho tiempo vínculos con grupos pro democráticos que no están en EE.UU. y que este gobierno quiere ahora que se movilicen a favor de Cuba”, expresa la nota del Herald.

Reconoce la publicación que “el cambio de orientación ha causado incertidumbre entre personas y entidades que reciben subsidios en Miami, especialmente académicos que no tienen trato directo con grupos de la sociedad civil de Cuba”.

En traducción vernácula significa que históricos quienes viven bien, a costa de la “Industria de la contrarrevolución”, temen quedarse ahora sin la platica fácil que sale de los bolsillos del pueblo norteamericano.