En cuanto llegan al poder público, en los diversos órganos gubernamentales del Estado, los funcionarios refrescan el discurso elogioso a los derechos y libertades para, en la práctica, abatir a unos y otras con toda la fuerza del abuso del poder. Con la omisión, la negligencia –dueños o no del ejercicio de la acción penal– dejan en la indefensión a los ciudadanos que denuncian conductas arbitrarias de esos funcionarios.
La Procuraduría General de la República (PGR) sigue siendo un apéndice del presidencialismo; y el señor Eduardo Medina Mora, titular del Ministerio Público Federal, es doblemente dependiente del inquilino de Los Pinos en turno, quien lo nombra, le paga, lo remueve. Felipe Calderón, en sus acuerdos, le ordena qué hacer, cuáles denuncias ignorar y qué averiguaciones “congelar”. Medina Mora –con su vocecita y sus buenos modales–, en lo que se refiere a las libertades de prensa y los derechos de los periodistas, se ha comportado como se lo manda Calderón. Así, en el asunto de Lydia Cacho, por ejemplo, ha ocultado (lo que es obstrucción de la justicia) un documento de 268 cuartillas elaborado a finales de 2005, que exhibe pruebas de la tortura a la que fue sometida la periodista y defensora de niñas y niños, víctimas de abusos sexuales (de pederastas como el santón de Marcial Maciel), por las policías que ejecutaron la ilegal orden de aprehensión de la procuradora de Puebla, por órdenes del (des)gobernador Mario Marín y su compinche Kamel Nacif.
Medina Mora –quien con Luis Téllez y Eduardo Robinson-Bours participó en la negociación del capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio, y es exasesor del Consejo Coordinador Empresarial (ver ficha curricular en El Universal, 7 de febrero de 2007)– se ha dedicado a solapar (con Juan de Dios Castro y Alberto Orellana Wiarco, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y la Fiscalía para Delitos contra Periodistas) que se mantengan archivadas las denuncias que hemos hecho los periodistas ante la PGR contra (des)gobernadores como Mario Marín (Puebla), Robinson-Bours (Sonora) y otros funcionarios. Y no extraña que Medina Mora haya secuestrado el documento que suscribió la exfiscal especial de Delitos contra Mujeres de la PGR, para que no llegara al juez que conoce el caso de Lydia Cacho (La Jornada, 4 de febrero de 2008).
El seudoargumento de Medina Mora fue que no era el “momento político adecuado” para presentar esas pruebas. Obvio, que Calderón supo de ese documento y los dos malos servidores públicos, en una relación de dependencia-servilismo, han acordado no darle curso a ésta ni a las otras denuncias contra los otros malos gobernantes que han agredido, ordenado homicidios, y con sus omisiones permiten que los derechos de los periodistas y las libertades de prensa estén interrumpidas en su vigencia, lo que es una rebelión e inquisición anticonstitucional. Son un gobierno carente de legitimidad política y contrario a los principios que postula la ley fundamental de la nación.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 1 de abril de 2008

Álvaro Cepeda Neri