El periodismo de investigación –como el que realiza Contralínea desde hace seis años, contra viento y marea de las presiones de la Secretaría de Hacienda-Gil Díaz (vía inspecciones fiscales que no encontraron irregularidad alguna)– informó a la opinión pública de los abusos foxistas. El director de esta revista, el reportero Miguel Badillo, que publicaba su columna Oficio de Papel en El Universal, dio a la luz una serie de reportajes, hasta que de Los Pinos presionaron a ese periódico para que Badillo dejara de publicar veraces informaciones sobre conductas de funcionarios foxistas y mostrara irregularidades de toda índole. En una entrevista con el hijastro de Vicente Fox, Miguel Badillo inquirió a éste acerca de las gestiones para favorecer con contratos de instituciones públicas a varias empresas. Manuel Bribiesca Sahagún respondió que no veía ilegalidades respecto de la obtención de esos contratos (como los que desde Pemex favorecieron a Oceanografía, por ejemplo); más aún, en tono de queja, manifestó que ya no existía la partida secreta (cancelada dos años antes de finalizar el sexenio zedillista, y que fue el arsenal multimillonario sin control ni rendición de cuentas que tuvieron los presidentes para enriquecerse familiarmente y pagar favores e incluso recursos para alimentar la corrupción a la prensa y la compra de intelectuales orgánicos). La información que ha publicado Contralínea y por su lado la revista Proceso, como desde hace dos años atrás con más intensidad se reseñó en los periódicos y en varios libros que detallaban la corrupción foxista (entre los que destacan los pioneros de Anabel Hernández y Arelí Quintero, La familia presidencial. El gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción; de Lino Korrodi, Me la jugué; de Olga Wornat, La jefa; de Miguel Badillo: ISOSA. Fraude transexenal a la nación, y de Julio Scherer: La pareja), es una larga lista de hechos que con una investigación penal en la PGR y una legislativa en el Congreso para el juicio político (los diputados federales como integrantes del órgano acusador y el Senado como jurado para sentencia), indudablemente pondría en el banquillo de los acusados a Fox, quien creó más de 700 fideicomisos y una red de más de 1 mil contratos de comodato para beneficio de los foxistas y provecho directo de Fox y sus funcionarios más cercanos. La mayoría o casi todos los fideicomisos fueron liquidados meses antes del final sexenal por el entonces secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, ahora director de una empresa, socio de un banco e implicado en la red de empresas y fideicomisos encabezados por el Aduanas I y II e ISOSA; de esta última hay que recordar que su director Francisco Obel Villarreal Antelo fue asesinado por sicarios al estilo de los narcotraficantes sin que a la fecha haya ningún resultado de las investigaciones. Los fideicomisos foxistas se financiaron con dinero público, pero fueron controlados por bancos, y la Suprema Corte, en complicidad con Fox, resolvió que los fideicomisos son privados y no deben ni pueden estar bajo ningún control y menos ser objeto de revisión por la Auditoría Superior de la Federación. Sus fondos multimillonarios, sus ganancias, fueron a parar a bolsillos foxistas, en lugar de ingresar a la Tesorería de la Federación. En el caso de ISOSA-Aduanas I y II se esfumaron más de 30 mil millones de pesos. ¿Cuánto se robaron de los más de 700 fideicomisos? La Corte impidió investigarlos, porque ella misma ha constituido, con dinero público, no menos de 17 fideicomisos para beneficio privado de los 11 ministros; a partir de la gestión de Mariano Azuela, hizo realidad la pintura mural de Orozco, para convertirse en un burdel donde se vende la impartición de justicia y, juez y parte, se desempeña como tribunal constitucional, negándose hasta ahora a que se constituya éste como un órgano con autonomía para recurrir a él en casos de hechos irregulares de la misma Suprema Corte y su Judicatura, como del Tribunal Federal Electoral, convertidos en instancias intocables que nadan en la corrupción. Los miles de contratos de comodato (otra de las fuentes del abuso del poder foxista que Felipe Calderón ordenó terminar sin ninguna investigación ni rendición de cuentas) indudablemente produjeron millonarios beneficios a Fox y a un sinnúmero de foxistas e incluso a Calderón y algunos calderonistas. El comodato, una modalidad de los contratos (Código Civil Federal, artículos 2497 al 2515) es un préstamo de un bien mueble, inmueble y hasta consumible. El foxismo los utilizó como pago encubierto de sobornos en la modalidad de cohechos, que es “recibir indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva” de empresas favorecidas (como la General Motors) que facilitaron automóviles de lujo y otros bienes. El expresidente aceptó dádivas de toda especie (incluso se habla de que Fox gestionó trámites por los que cobró) como camionetas, automóviles y autobuses de pasajeros (y hasta de la firma donde su hijo es alto funcionario y socio) que Calderón, para transportarse con sus comitivas, utilizó durante el primer año de su sexenio. Es necesario escarbar hasta las raíces de los fideicomisos y los comodatos, ya que por medio de ellos el foxismo obtuvo beneficios en especie y en dinero. Se llevó a su Centro Fox todos los costosísimos regalos que le dieron, a los que no tiene derecho, pues rebasaron el precio de 10 salarios mínimos, por lo que debió entregarlos a la Función Pública como patrimonio de la Nación. Estamos ante un despojo mayúsculo, cometido por un presidente y su familia en complicidad con bastantes empresarios que indudablemente le tienen su guardadito, más todo de lo que presumen Mart(h)a y él, alarde al que agregan insolente amenaza de que no pueden ser investigados. Fox, los foxistas y Manuel Espino (éste dice que los calderonistas los llaman “los meones de agua bendita”, en su escrito PAN: conciencia contra apariencia, publicado en El Universal el 16 de octubre de 2007) se atrevieron a colocar una estatua de Fox (que fue derribada). Al respecto, el periodista Francisco Rodríguez ha reproducido en su columna Índice político la carta a Espino donde el expresidente afirma haber negociado con Calderón para que le den impunidad (Impacto, El diario, 30 y 31 de octubre de 2007, respectivamente). Alimentado por un sinnúmero de raíces, el frondoso árbol de la corrupción foxista ha llevado a Fox y Mart(h)a, amparados por la impunidad, a tratar de chantajear a Calderón con la amenaza de decir la verdad sobre las elecciones presidenciales, confirmando que hubo fraude. El asunto es que Fox y compañía están atrapados en lo que después de las informaciones de prensa ha tomado fondo y forma legal con la investigación legislativa en marcha, las denuncias ante la PGR y los archivos con las iniciales VFQ, donde están consignados los hechos constitutivos de delitos. Si Fox escapa a la justicia política y penal, Calderón y el PAN podrían pagar con su caída anunciando, además, su segura derrota electoral, con presidente interino o sustituto, en 2012. Foxistas y calderonistas están cometiendo errores. Y “los dioses ciegan a los que van a perder... pero antes los apendeja un poco o bastante”.

Revista Contralínea / México

Fecha de publicación: 1 de abril de 2008 | Año 5 | No. 99