El Ecuador vive tiempos de debate. Dos de los grandes temas en discusión -aunque no han sido propuestos por los grandes medios y sus lógicas sensacionalistas-, son el de la cultura y el de la comunicación, que fueron abordados en un foro que la Mesa 9 de la Asamblea Constituyente realizó en Quito el pasado 27 de marzo.

¿Debate incluyente?

Lo primero que se evidenció al iniciar el trabajo fue una realidad que a los integrantes de la Mesa sobre Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración Latinoamericana parecía no molestarles mucho: los asistentes eran personas que, aunque se asumían como representantes de una sociedad civil ampliamente incluyente, no formaban parte de otros actores fundamentales de la vida del país, que más que moler discursos teóricos y gastar tinta y saliva en interpretaciones “novísimas” del mundo de hoy, constituyen la vida real, material del Ecuador, producen su riqueza, y en ese proceso reflejan de un modo determinado la sociedad en la que viven, crean simbolismos, arte y cultura. Nos referimos a los trabajadores, campesinos, pequeños comerciantes, maestros, estudiantes, etc. Sectores que cuando han participado en el debate constituyente han sido restringidos a temas de interés inmediato como los recursos naturales, los derechos laborales, etc., pero que no tienen voz a la hora de discutir sobre este tipo de problemas. Son sectores que siempre han sido considerados como objeto y no como sujetos de los procesos de la comunicación y la cultura.

Espacio público, ¿qué es?

La propuesta que los asambleístas trajeron al debate tiene una definición que se pretende nueva respecto del espacio público: para ellos, “es el espacio cultural, donde son posibles las relaciones, los encuentros, tanto en el ámbito físico como en el simbólico”. Y también es un espacio mediático, donde se hace imprescindible la regulación de contenidos: para evitar la violencia, discriminación y formas de dominación.

Es decir, se concibe al espacio público como “un mundo común”, o “un mundo de la acción conjunta”, según lo sostiene el francés Daniel Pecaut. Un mundo donde el Estado no tiene injerencia, porque de tenerla coartaría el pluralismo. Visión romántica que surge de las tesis postmodernas que plantean el criterio del ciudadano global, que ha perdido la esperanza en los relatos y se propone vivir por fuera de la lógica del Estado y del mercado.

Esta concepción idealista se niega a ver al espacio público como el resultado de una forma de existir de la sociedad, en la que definitivamente hay un instrumento que unos grupos humanos utilizan para establecer las normas de convivencia a otros grupos humanos, es decir, se desconoce al Estado como instrumento de dominación de una clase social sobre otras, en una etapa histórica determinada.

Es el Estado el que determina esa dominación y legaliza las formas de producir de una sociedad que, indudablemente, está dividida en clases con intereses contrapuestos, por el lugar que ocupan en la producción. Reflejo de esta realidad material, objetiva, que existe por encima de la voluntad de las personas, son las expresiones espirituales, culturales, ideológicas de la sociedad, no es al revés.

En el mundo de la intelectualidad se piensa en lo público como un espacio de igualdades, o de encuentros, en el que las diferencias de todo tipo deben ser respetadas. Mucho se escuchan cosas como: “yo me reconozco en el otro, lo acepto en su diferencia y no me propongo cambiarlo”. Ilusión ingenua que choca con una realidad cruda, en la que los poseedores de los medios de producción imponen un sistema que, además de crear instituciones (como el sistema educativo), reproduce formas de ver el mundo. En este sentido, jamás podrán coexistir en igualdad de condiciones, en el espacio público, Álvaro Noboa y uno de los trabajadores sobreexplotados de sus bananeras.

¿Y qué pasa con los medios?

Un acuerdo general sobre este tema fue que la comunicación actualmente se limita a la libre expresión. A la posibilidad de fundar medios, y a la apelación a la no censura. Ahora se propone ir más allá, hacia una democratización de las frecuencias y la posibilidad de acceder a fundar medios en igualdad de condiciones; y a cambiar la concepción misma sobre la comunicación que, esta vez, sería entendida como un derecho humano básico.

Se pretende encontrar una forma de controlar eficazmente a los medios privados para que cumplan con nuevos parámetros éticos, alejados de la mera lógica del mercado. Para ello se propuso la figura de la licitación como modalidad para la concesión de frecuencias. Con ello, según María Augusta Calle, se lograría que un organismo de amplia representación social establezca las bases para los concursos de frecuencias y califique las propuestas. Se trata de un mecanismo para que el Estado y la población tengan un mayor control sobre el tipo de contenidos que las empresas de comunicación ofrecen al público. Idea que, siendo positiva, podría chocar con una forma diferente de ver a la comunicación, es decir, como derecho humano fundamental, y a la información como bien público y, por tanto, no sometibles a negociación. Al menos así lo sostuvo Oswaldo León, asistente al Foro. Sin embargo, en la Asamblea circula una propuesta de texto en la que se habla de concesión pero con concurso previo, lo cual podría resolver esta dificultad de carácter formal.

Ecuador TV en el ojo de la crítica

Y al hablar de comunicación, y de lo público, un buen botón de muestra debería ser el canal del Estado, Ecuador TV, que inauguró sus transmisiones el mismo día en que se realizó el Foro en la FLACSO. Sin embargo, ha tenido que enfrentar críticas en el sentido de que no garantiza una participación amplia, democrática y mayoritaria de los pueblos, tanto en su administración, definición de contenidos y elaboración de productos.

Si bien es una experiencia que recién nace, es importante que comience cumpliendo las expectativas de una auténtica democratización de la comunicación.