Este nuevo 7 de abril, Día Mundial de la Salud, decimos que hablar de la salud de nuestros pueblos requiere por parte de los Estados, abordar en profundidad la generación de políticas públicas integrales de distribución de la riqueza así como de nuevos modelos productivos que pongan freno a la concentración económica en manos de unos pocos y a la depredación de los recursos naturales.

La concentración económica, es decir la desigualdad, ha aumentado. El 10% de la población más rica tiene hoy un ingreso 29 veces mayor que el 10% de la población más pobre, siendo que en el año 2001 era 22 veces mayor.

Según datos oficiales Chaco tiene un 45% de pobreza y un 23% de indigencia; Santiago del Estero tiene un 23% de pobreza y un 14% de indigencia; Jujuy un 40% de pobreza y 13% de indigencia. Ciudades como Concordia, cuentan con un 34% de pobreza y un 12% de indigencia, mientras que regiones como el Gran Buenos Aires, un 25% de pobreza y un 10% de indigencia.

Con esta realidad, no es posible hablar de la Salud si 13 millones de argentinos se encuentran en la pobreza y 5 millones en la indigencia, privados del derecho primario a la alimentación, a una vivienda adecuada a las necesidades de cada familia, al agua potable, cloacas, a un medio ambiente saludable, imposibilitados de acceder a la educación y a la atención de la salud física, social y emocional.

Esta realidad requiere la recuperación de un Estado que respaldado en la fortaleza de su pueblo, genere políticas nacionales con profundo sentido federal que garantice el derecho a la vida. Recuperar el trabajo con salarios dignos es lo que permitirá comenzar a transitar el camino hacia la salud de nuestra sociedad.

A pesar del creciente superávit fiscal el presupuesto de salud sigue anclado en el 2.5% del Presupuesto Nacional, con lo cual las provincias que administran mas del 80% del sector público, están atadas a las restricciones financieras del pacto fiscal.

Del gasto en salud (8% del PBI) solo el 1,9% se invierte en el sector público. De 36 millones de habitantes que tiene nuestro país, solo 16 millones cuentan con algún tipo de cobertura en salud, siendo que además, muchas obras sociales se encuentran desfinanciadas o con prestaciones deficientes para sus afiliados.

Los seguros privados, recurso al que apelan parte de los sectores medios, avanzan sin regulación alguna por parte del Estado, tanto en la fijación de los costos a pagar por la población, como en la calidad de las prestaciones.

Los grupos económicos (complejo médico industrial) que lucran con la enfermedad, a pesar de tan promocionada ley de genéricos, equipararon sus ganancias en dólares a los niveles anteriores a la crisis.

Los organismos multilaterales de crédito imponiendo la estrategia del Seguro de Salud, limitan al Estado solo a la atención de "la población carenciada" con prestaciones mínimas, preservando el enriquecimiento de los grupos económicos a través de las áreas rentables (medicamentos, seguros privados, tecnología, alta complejidad en general). Ejemplo de esto es la privatización realizada en Salta de los hospitales y centros de Salud estatales a manos de una empresa española a través de la utilización del Seguro provincial de Salud.

Los planes focales como el Plan Nacer son la punta de lanza para imponer la estrategia del seguro, tirando por tierra los conceptos de salud como derecho ciudadano con sus necesarios requisitos de universalidad, gratuidad, integralidad, equidad y control democrático de la gestión.

Con esta realidad creemos que es imprescindible que el Estado garantice el derecho a la salud con políticas públicas universales, que toda la población tenga acceso a prestaciones de salud de calidad e igualitarias. Actualmente los servicios públicos de salud continúan siendo sostenidos con el esfuerzo de los trabajadores, insuficientes en cantidad, con salarios empobrecidos y condiciones laborales precarizadas.

Desde la Central de los Trabajadores de la Argentina tenemos como objetivo de nuestra lucha la pelea por una sociedad que termine con la exclusión de la inmensa mayoría de nuestro pueblo y donde se efectivice una real distribución de la riqueza.

El compromiso por parte de la Ministra de Salud, Sra. Graciela Ocaña de avanzar en una Ley Nacional de Salud es una oportunidad para abrir un amplio debate nacional con participación de los trabajadores y los usuarios sobre que sistema de salud necesitamos los argentinos.

Asentados en los ideales de Ramón Carrillo, la existencia de un Sistema Nacional de Salud que garantice el acceso, la universalidad, la gratuidad y la calidad de los servicios de salud, no solo es una deuda pendiente, sino que su ausencia es un costo que se paga con la vida de niños, ancianos, mujeres y hombres de nuestro pueblo.

Creemos que es imprescindible avanzar en un Sistema Nacional de Salud basado en:

– Financiamiento federal que en no más de dos años duplique el presupuesto Estatal consolidado.

– Fortalecer y expandir el Sistema Estatal de Salud, garantizando la universalidad y gratuidad, mejorando la calidad y la cantidad de las prestaciones

– Consolidar una red público/estatal de servicios de todo el país que articule los distintos niveles de atención, haciendo eje en la Atención Primaria de la Salud

– Políticas públicas integrales con amplia participación ciudadana, de trabajadores y usuarios

– La dignificación de los trabajadores de la salud garantizando trabajo estable, salarios y condiciones de trabajo dignas, incorporando personal donde fuera necesario y promoviendo su capacitación en servicio. Avanzar en una carrera sanitaria para todos los trabajadores del país, cualquiera sea su dependencia (nacional, provincial o municipal).

– El incremento de la inversión en infraestructura, equipamiento e insumo de los hospitales y centros de salud.

– Creación de nuevos dispositivos de cuidado de la salud, en particular de la atención de niños, jóvenes y ancianos, de personas con diferentes tipos de discapacidad, padecimientos de salud mental, adicciones, VIH sida, así como todo tipo de exclusión social, teniendo en cuenta las particularidades de género, cultura y raza.

– Garantizar la accesibilidad de la población a las tecnologías y medicamentos esenciales para el cuidado de su salud.

– La protección de un medio ambiente saludable para elevar la calidad de vida de la población.