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Bush, el presidente que habla de democracia y practica la tortura.
Foto fuente: White House.
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En marzo último, el Departamento de Estado volvió a dictar su singular sentencia anual por supuestas violaciones cometidas por 190 países, pero como siempre omitió a su propia nación.

La Oficina de Información del Consejo de Estado de China acaba de hacer un aporte sustancial al conocimiento público y divulgó un registro minucioso sobre la situación de los derechos humanos en EE.UU. en 2007 y 2006.

El derecho a la vida, la propiedad y la seguridad personal, se halla entre los principios consagrados por la Organización de Naciones Unidas a través de su documento rector. Los norteamericanos, los indocumentados en ese país, al igual que la humanidad toda, deben conocer su propia realidad sobre tan importante epígrafe.

Ayudan estadísticas recientes en EE.UU., divulgadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), las cuales afirman que en 2006 se produjeron allí 1,41 millones de delitos violentos, casi dos por ciento de incremento anual. Escalofriante es la inseguridad de los residentes en la Unión americana, la nación de mayor desarrollo económico, cuyo potencial científico y tecnológico supera al de cualquiera otra.

Cada 22,2 segundos se cometió un crimen violento en EE.UU., en el año 2006; una persona fue asesinada cada 30,9 minutos; otro ser humano fue sexualmente violado cada 5,7 minutos; se perpetró un robo cada 1,2 minutos y, aunque parezca increíble, en menos de 37 segundos ocurrió un asalto con daños físicos para la víctima, afirma el FBI.

Peor aún: el primer semestre de 2007 muestra incrementos de los más graves índices delictivos en la mayoría de las principales ciudades. Sobresale Nueva Orleans con 209 asesinatos, que representan un aumento del 30 por ciento anual.

Aunque las estadísticas pueden llegar a abrumar, ilustran realidades que suelen encubrirse con frases fatuas, como “el modo de vida norteamericano”, o, más poéticamente, “el sueño americano”, verdadera zanahoria tras la cual acuden cada año millones de empobrecidos emigrantes.

Esas personas proceden de naciones donde la desigualdad social es dramáticamente acentuada por el desempleo y la explotación que padecen, además de arbitrarias imposiciones que dimanan de empresas transnacionales, amparadas por leyes extraterritoriales dictadas por el gobierno estadounidense.

Las principales autoridades actuales en Washington sostienen que la democracia es consustancial a la libérrima tenencia personal de armas de fuego, sin analizar sus consecuencias, traducidas en crecientes cifras de muertos y heridos.

Según estimados, en Norteamérica hay 250 millones de armas de fuego de propiedad privada, casi un artefacto de matar por persona, incluyendo a quienes arrastran antecedentes por delitos graves y los menores de edad.

Un reporte de la agencia AP, del 29 de enero de 2007, afirmó que alrededor de 410 mil residentes en el estado de la Florida —donde el gobierno de Bush da albergue a connotados terroristas, como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila— poseían licencia para portar armas escondidas, incluidas mil 400 personas culpables o en espera de sentencia por crímenes mayores.

Cada año fallecen unas 30 mil personas heridas por armas de fuego en la nación norteña, lo que en el lenguaje forense actual podría interpretarse como “bajas causadas por el fuego amigo” (el propio), en una especie de guerra civil permanente.

Al que no le guste, que se mude, es la implícita respuesta del gobierno de George W. Bush a los peligros que se padecen, pues es inútil invocar el derecho a vivir en paz y no ser blanco probable de quienes disfrutan del gatillo alegre. Los comerciantes de armas y municiones siguen imponiendo el derecho supremo a ganar dinero, aun a costa de vidas humanas.

El razonamiento es simple: los integrantes de la poderosa Asociación del Rifle, incluidos los empresarios del ramo, anualmente realizan sustanciosas contribuciones monetarias a las campañas de los políticos para persuadirlos de que el derecho a apretar el gatillo es inalienable, caiga quien caiga.

Podría pensarse que instituciones educativas brindan protección total a sus alumnos, pero en realidad el Departamento de Justicia reconoció que 1,5 millones de estudiantes, entre 12 y 18 años de edad, fueron víctimas de delitos cometidos en esas entidades en el año 2005.

¿Y qué pasa con los departamentos judiciales y policiales? Ellos debieran ser paradigmas del respeto a los derechos humanos. Pero la realidad lo niega. Los abusos de poder de esas mismas entidades dan lugar a graves violaciones, reflejadas en 25 por ciento de incremento en el periodo fiscal de 2001 a 2007, según el propio Departamento de Justicia.

¿Y las personas no se quejan? Claro que sí, y manifiestan por las calles, y también son apaleadas y llevadas a la cárcel.

Pero rara vez prosperan las demandas, como lo demuestran los registros legales y de la propia prensa norteamericana, en busca de hechos sensacionales que ayuden a vender. En fin de cuentas, también esa realidad forma parte del modo de vida estadounidense, aunque el Gobierno de ese país considere que no tiene que ver con derechos humanos. (Continuará)

Ver segunda parte

Agencia Cubana de Noticias