A partir de una invitación formulada a la UTPBA por parte de la Secretaría de Medios de Comunicación, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el secretario general y la secretaria general adjunta, Daniel das Neves y Lidia Fagale, estuvieron presentes en nombre de la entidad en el encuentro, donde diversos gremios, federaciones –como la Fetracom- y las centrales sindicales –Central de Trabajadores Argentinos y CGT- expresaron su visión acerca del tema.

La Presidenta expresó el “compromiso” y la “decisión política” del gobierno de avanzar definitivamente en la derogación de la ley hoy vigente, surgida durante la dictadura militar, e impulsar un nuevo proyecto que tenga en cuenta el derecho a la información de toda la sociedad, permitiendo la participación de los distintos sectores y organizaciones en su elaboración.

Al concluir la presidenta Cristina Fernández sostuvo que la democratización de la información está ligada al planteo de la distribución de la riqueza que viene sosteniendo su gobierno. La UTPBA hizo entrega de un documento en el que, antes de señalar los aspectos más destacados de propuestas y posiciones de la organización en los últimos 20 años, subraya que “es profundamente necesario que la futura ley de radiodifusión se resuelva tomando en consideración, entre otras cuestiones, una decidida voluntad política para poner a la información-comunicación al servicio de toda la sociedad, sin privilegios ni privilegiados”.

Tras recordar el proyecto de ley presentado por la UTPBA, entonces APBA, ante el Congreso en 1985, las distintas iniciativas llevadas a la Constituyente en 1994, algunos conceptos volcados en la carta elevada en mayo de 2003 al entonces presidente Néstor Kirchner, el texto entregado volvió a fijar el concepto de la UTPBA de que “No hay democracia informativa sin democracia económica”.

Finalmente se solicitó al Poder Ejecutivo que a través de los organismos competentes se elabore un mapa cierto y actualizado de las rutas digitales “a efectos de acceder a una información de carácter público que permita no sólo redactar una ley con principios valiosos sino practicables” (ANC-UTPBA).