Gracias a las políticas antisociales neoliberales, Carlos Slim, Lorenzo Zambrano, Eugenio Garza Lagüera, la familia Servitje –todos ellos mancillados por las desmesuras nacionalizadoras de Hugo Chávez en Venezuela–, la baronesa María Asunción Aramburuzabala –esposa del embajador estadunidense en México, Antonio O. Garza–, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Jean, o Roberto Hernández, mister tax free, Alberto Bailleres, entre otros menos venturosos pero no menos recompensados por el sistema como la familia Mouriño, pueden placear a escala mundial, por las páginas de Forbes, sus inmensas fortunas acumuladas a costa de la pobreza y la miseria de la mayoría de los trabajadores y sus familias.

Cuando Felipe Calderón se denominó a sí mismo como “el presidente del empleo” sabía que su declaración era una brutal ironía, digna del humor negro y para consumo de la plaza pública. Porque como militante convicto y confeso del neoliberalismo –aunque igualmente vergonzante como sus cuatro predecesores, y que nada tiene que ver con los escrúpulos de sus persignadas creencias religiosas– sabía que para el éxito de su política y del proyecto de nación que administra, en nombre de quienes lo acompañaron en el robo de la corona –eso sí puede calificarse como golpismo– tendría que, inevitablemente, avanzar en sentido inverso. Es decir, en contra del empleo formal y su estabilidad, de los derechos laborales constitucionales y el bienestar de los asalariados. El control de la inflación, la productividad, la competitividad, la rentabilidad empresarial, la atracción de la inversión extranjera y el balance fiscal cero exigen el sacrificio de los trabajadores y su conversión en esclavos “modernos”.

Las medidas de corto plazo y las contrarreformas estructurales aplicadas por el panista han sido deliberadamente contrarias a los intereses y el bienestar de los trabajadores. La política antiinflacionaria ha sido la principal responsable de la pérdida del poder de compra de los salarios reales. Mientras que la mayoría de los precios de los bienes y servicios, incluyendo los administrados, se mueven libremente, a las alzas de los salarios se les impone la mano de hierro. El control de la inflación, bajo la responsabilidad del chicago boy Guillermo Ortiz, exige la contención de la demanda interna, a través de la imposición de tasas de interés reales altas, que afecta nocivamente al consumo y las inversiones pública y privada, así como la contención de los salarios. Anualmente el aumento nominal de estos últimos se ha fijado de acuerdo con la meta de la inflación esperada y no la alcanzada. Si esta última es mayor a la prevista, como generalmente ha sucedido, los salarios no se ajustan en la misma proporción a la inflación final, ni en el transcurso del año ni después, para compensar la pérdida registrada en su poder de compra porque, supuestamente, hacerlo podría generar mayores presiones en los precios. Sólo así Ortiz y Agustín Carstens, de la Secretaría de Hacienda, pueden dormir tranquilos porque podrán aspirar a la baja inflación y el equilibrio fiscal.

La diferencia entre la inflación programada, la obtenida y los incrementos en los salarios mínimos explican la pérdida histórica acumulada en el poder adquisitivo de los ingresos reales de los trabajadores y, por tanto, en su nivel de vida. Lo mismo ocurre con las percepciones contractuales, que si bien su alza normalmente es más alta que la de los mínimos, tampoco han logrado revertir su deterioro real. Su marginal recuperación es más estadística que real. Unos y otros trabajadores que perciben esos ingresos manifiestan una ostensible pobreza y miseria acrecentada en el tiempo. Por supuesto, esta situación no es compartida por todos. Una selecta minoría conformada por el propio Calderón Hinojosa, sus secretarios de Estado y otros burócratas de alto nivel, gobernadores, los congresistas o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros, porque ellos se han fijado opulentos e insultantes salarios y prestaciones sociales, con la excepción de los funcionarios del Distrito Federal que voluntariamente han reducido sus sueldos. Mientras la elite política y empresarial y, en menor medida, sus empleados privilegiados, se pagan una vida de jeques con el erario, las mayorías sobreviven en la ignominia.

La política salarial panista nada ha hecho por mejorar el ingreso real de los trabajadores. Por el contrario, ha obstaculizado la recuperación. Al término del ciclo neoliberal priista (1982-2000), los mínimos habían perdido el 72.3 por ciento de su poder de compra, y los contractuales, 55.4 por ciento. Al finalizar el neoliberalismo foxista esta pérdida fue de 71.9 y 57.6 por ciento; al cerrar el segundo año calderonista se mantendrán en 71.9 y 55.4 por ciento, respectivamente. Así, desde 1976 los primeros acumulan una caída por 76.6, y los segundos, desde 1982, por 55 por ciento. La contención, por tanto, ha sido eficaz. Ese quebranto ha implicado el traslado del ingreso de los trabajadores hacia los empresarios y el Estado, por medio de la reducción de los costos de producción, el mecanismo de los precios, los impuestos y el recorte de las prestaciones sociales. La mano de obra barata también ha sido seductora para la entrada de la inversión extranjera.

De los 28.9 millones de trabajadores subordinados y remunerados existentes al cierre de 2007, 2.6 millones (8.9 por ciento del total) ganan hasta un salario mínimo (SM); 6.8 millones (23.4 por ciento) entre uno y dos SM; 7.7 millones (26.4 por ciento) entre dos y tres; 6.4 millones (22.2 por ciento) entre tres y cinco; y 3.6 millones (12.4 por ciento) más de cinco veces el SM.

El mercado de trabajo evidencia que, en la práctica, ya funciona la flexibilidad laboral. Como en el caso de la pretendida reprivatización petrolera, Calderón quiere formalizar el desmantelamiento de los derechos de los asalariados. Del total de los trabajadores citados, sólo la mitad labora una jornada legal (35-40 horas semanales, pese a que recibe salarios insuficientes); 5.5 millones (19 por ciento) trabajan menos de 34 horas, por lo que sus salarios son precarios; y 8.8 millones (28.5 por ciento) son sobreexplotados, pues se ocupan más de 48 horas. Trece millones (46 por ciento) no tienen contrato de trabajo; y de quienes lo tienen (15.3 millones, 53.1 por ciento), 2.5 millones (16.5 por ciento) son temporales. A 11 millones de trabajadores, el 38.1 por ciento del total, los empresarios les esquilman sus prestaciones sociales, con la tolerancia y complicidad del secretario calderonista del Trabajo. Asimismo, 12.8 millones (44.3 por ciento) carecen de servicios de salud y los que lo tienen se ven obligados a padecer las ruinas en que se encuentra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –el costo del ajuste fiscal–, dirigidos por Yunes y Juan Molina, expertos trogloditas de la política sucia e inútiles e ignorantes directivos. Al colocarlos en ese puesto, Calderón demostró su verdadero interés: pagarles sus oficios de golpeadores y aceleradores del desmantelamiento del sistema público de salud e impulsores de la privatización de los fondos de pensión de los trabajadores del Estado. Molinar también dedica parte de su tiempo a concederle jugosos contratos sin licitación al supuesto delincuente público Juan Camilo Mouriño.

A Felipe Calderón no le quita el sueño que la contrarreforma en las jubilaciones prácticamente elimine la posibilidad de pensionarse a la mayoría de los burócratas y que sus ahorros sufran pérdidas, como ya ha sucedido con los trabajadores del sector privado. Lo importante era quitarse de encima ese lastre que le impedía afianzar el balance fiscal cero y entregarles ese jugoso negocio a las administradoras de los fondos. Por su inutilidad, el publicitado Seguro Popular se reduce a una veleidad populista de un neoliberal. Pero ni para mentir Calderón se pone de acuerdo con sus empleados. Como señala el analista universitario Gustavo Leal, mientras Felipe Calderón “presume haber afiliado (durante 2007) 2.2 millones de ‘nuevas’ familias (500 mil más de las programadas), el Informe sobre el avance de metas por programa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que (a octubre de 2007) se habían inscrito al Seguro Popular apenas 812 mil familias. Ello querría decir que en ¡dos meses! la continuidad calderonista afilió al programa foxista (sin siquiera evaluarlo y extendiéndolo en la pura inercia) ¡1.4 millones de familias!”.

Ésa es la flexibilidad laboral. Pero para la voracidad empresarial, su rentabilidad, la “productividad” y la “competitividad” es insuficiente. Por esa razón Felipe Calderón, una vez reprivatizada la industria petrolera, llevará a cabo, con la complicidad de los panistas y priistas del Congreso, no una reforma para “transitar hacia un modelo laboral más democrático, honesto, responsable y competitivo”, como anota el notable, honesto, combativo jurista laboral Arturo Alcalde, sino para otra embestida más: la contrarreforma que destruya las conquistas constitucionales de los trabajadores y legalice la temporalidad del empleo, los contratos por horas, la facilidad para despedir trabajadores o el reforzamiento del control de los sindicatos, entre otros propósitos. Para ello Calderón se ha coligado con lo más siniestro del sindicalismo mexicano, como es la dirigente de los maestros, Elba Esther Gordillo, o los petroleros, a quienes les otorga un trato privilegiado a cambio de sus favores sucios recibidos. El supuesto luchador por la democratización de México, se ha montado a horcajadas en la perversa estructura corporativa heredada por los priistas. La mano invisible del “mercado libre” exige la mano visible y despótica del gobierno.

Del lado de la creación de empleos formales, el calderonismo es un desastre. Gracias a la rudeza fiscal y monetaria, la dependencia neocolonial frente a Estados Unidos y la “creatividad” empresarial, la declinante economía perdió su capacidad estructural para generar empleos estables y formales.

Los empleos temporales se consolidan sobre los permanentes. Entre diciembre de 2006 y febrero de 2008 sólo se han creado 778 mil 723 nuevas plazas de 1 millón 500 requeridas, lo que implica un déficit por 711 mil 127. De los creados, 501 mil 576, el 63.6 por ciento del total, son temporales. De las 45.6 millones de personas que conformaban la población económicamente activa (PEA) en el último trimestre de 2007, 1.6 millones estaban desocupadas, 5.5 millones eran subempleadas, 9.7 millones laboraban por cuenta propia (la economía “informal”) y 3 millones no eran remuneradas; ellos suman 18.4 millones, el 40 por ciento de la PEA. Durante el neoliberalismo foxista-calderonista (2001-2007) se han generado en promedio 1 millón 900 mil 943 nuevas plazas de 8.4 millones que se necesitaban. Es decir, 6.4 millones de personas quedaron marginados del mercado laboral. De las creadas, 1 millón 223 mil 267, 61.4 por ciento del total, fueron temporales. Los trabajadores llegan al día del trabajo en las peores condiciones, debido al éxito neoliberal calderonista.

Revista Contralínea / México Fecha de publicación: 1 de Mayo de 2008 | Año 6 | No. 101