¿Serán puras casualidades, las vacilaciones, dudas y reflexiones del vocal de la 7ma Sala Civil, Juan Emilio Gonzales Chávez, todas con el propósito de birlarle más de medio millón de dólares, como corresponde por indemnización, al señor Manuel Oliveros Risco, por la muerte de su hija Esther Dalila Oliveros Armas, en el accidente de Tans, en agosto del 2005? ¿de qué otro modo se explican sus sospechosas coincidencias con los reaseguradores internacionales XL de Londres y Rímac Internacional a través de la firma Lord Bissel & y el patrocinio simpático y funcional del británico que vive en Estados Unidos, Nigel Wright y del Estudio García Sayán, en ese sentido?

La suma de US$ 115,000 dólares americanos, le fue pagada por concepto de indemnización a la señora Clorinda Armas Solórzano, esposa de Manuel Oliveros, por el mismo trágico suceso. Pero con una variante siniestra: Oliveros fue “muerto” y la señora fungió su viudez, cobró y ahora no se la encuentra en su natal Cajabamba. Lo cierto es que las empresas de seguros, se hacen las desentendidas y quieren obviar de toda esta tragedia en varios capítulos, a Oliveros y hasta han tenido la desfachatez de “sugerirle” que él cobre a su esposa.

Luego del trágico accidente, Clorinda Armas Solórzano esposa de Manuel Oliveros Risco en coordinación con la firma Lord Bissel de Nigel Wright y el Estudio García Sayán confeccionaron una declaratoria de herederos fraudulenta haciendo pasar por muerto a Manuel Oliveros y le pagaron a su esposa Clorinda Armas Solórzano US$ 115 mil dólares que ella acongojada e “inocente”, recibió, literalmente, con los bolsillos abiertos y amplios.

La póliza de seguros y reaseguros para indemnizar a los deudos por este accidente llega a US$ 50 millones de dólares que los reaseguradores ingleses tienen que honrar, sin embargo, a tres años del accidente, el concierto corrupto entre el abogado inglés Nigel Wright de XL de Londres, RÍMAC INTERNACIONAL DEL PERÚ, la aseguradora de TANS, no le quieren pagar ni siquiera US$ 115 mil dólares a este hombre a quien “mataron” sin certificado de defunción, para escamotearle su indemnización.

Nadie entiende cómo reaseguradores internacionales actúan con tanta impunidad y con sevicia en contra de un anciano, siendo que son inmensas las ingentes ganancias del mercado reasegurador mundial.

Pero, para la comisión de estos abusos, siempre se necesita la ayuda de vocales que tengan un acendrado sentimiento del deber pagado y estén listos al mejor postor, y dispuestos a vender su alma al diablo, si con ello ganan los dólares o euros, necesarios para el disfrute de sus corruptos designios contra las causas justas. ¿Será éste, uno de esos no tan raros casos que abundan en los corredores y escritorios del Poder Judicial del Perú?

¿Por qué no le pagan a Manuel Oliveros Risco? La razón es muy sencilla, voces de cierta autoridad desde adentro, susurran que la abogada del caso, Aissa Paredes León del Estudio García Sayán habría concertado con el presidente de la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, Juan Emilio Gonzales Chávez, para que una tinterillada impida la sentencia y prevarique diciendo que un ser humano que ha perdido a su hija no puede demandar al Poder Judicial, porque la ley requiere de una declaratoria de herederos. Entonces la pregunta adviene simple y directa: ¿cómo pueden los jueces peruanos exigir una declaratoria de herederos en la que un Notario Público, delictivamente, hace pasar por muerta a una persona que está viva? Entonces, para eso está el criterio de Juan Emilio Gonzales Chávez vocal quien, no se sabe si por pura inspiración propia, estaría adelantando opinión, diciendo que el anciano Oliveros, debió impugnar la declaratoria de herederos.

Sin embargo, no todo es putrefacción en el Poder Judicial. El magistrado de Primera Instancia del 61º Juzgado en lo Civil de Lima, Máximo Elías Falla dio la razón a Oliveros expresando que él podía demandar sólo probando el vínculo de paternidad, es decir, a través de la partida de nacimiento y de matrimonio, expresando que las aseguradoras londinenses le pagaron a su esposa por el daño que ella sufrió y ahora la corte nacional debía pagar por el daño que sufrió el papá de la abogada fallecida en el siniestro.

La 7ma. Sala Civil la integran, además, los vocales Ana María Aranda Rodríguez y Oswaldo Ordóñez Alcántara de reconocida independencia y de quienes se espera no incurran en prevaricato, robándole el medio millón de dólares que los aseguradores ingleses tendrían que pagarle a Manuel Oliveros Risco por la muerte de su hija, salvo, claro está, que las coimas consabidas que pagan estudios muy grandes de Lima, consigan la impostura y la consagración de ilegalidades escandalosas.

Mientras Oliveros padece el infortunio de ser un “muerto” vivo, los García Sayán del Perú, le cobran a XL US$ 400 la hora y con todas estas tardanzas “ventajosas” para alargar el litigio, le sacan del bolsillo a los reaseguradores ingleses ¡tres o cuatro veces la suma que le podrían pagar a Oliveros como es de justicia!

Elcira Vásquez Cortez, jefa de la OCMA del Poder Judicial, ya le habría echado el ojo al caso que se convertiría en un escándalo más y de los más atroces, siendo el único destino posible la destitución de los jueces prevaricadores que pretenden enajenar a este anciano su presente y más bien corto futuro.

Esta es una pelea de dura lex, sed lex contra hecha la ley, hecha la trampa. ¿Prevalecerá la decencia impecable o triunfarán las uñas largas de los bufetes poderosos, las reaseguradoras tramposas y los pillos colaterales que inundan el Poder Judicial a lo largo y ancho de todo el Perú?

¡Atentos a la historia, las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder, el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Rompamos el pacto infame de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

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