Ecuador sigue siendo objeto de una vil agresión extranjera. Las armas que ahora apuntan contra nuestra integridad nacional, no son los misiles inteligentes usados en la provincia de Sucumbíos el pasado 1 de marzo; sino los modernos instrumentos de la gran industria mediática transnacional, que busca construir una sola verdad a nivel global: que el gobierno de Rafael Correa es amigo y aliado de las FARC (léase, del “terrorismo”).

En ese propósito forjan pruebas, intervienen en los aparatos de inteligencia del Estado ecuatoriano, acusan a asambleístas, como María Augusta Calle, de contribuir con el grupo insurgente a través de cuentas bancarias y contactos en el país para curar a guerrilleros heridos; se reactivan prácticas fascistoides que buscan infundir terror, este es el caso de la mencionada asambleísta, quien ha denunciado ser víctima de amenazas contra su vida y la de su familia. En el internet ha reaparecido la denominada “Legión Blanca”, buscando intimidar y confundir. Es decir, la oligarquía y el imperialismo usan todo tipo de práctica, legal e ilegal, para desgastar, para detener la corriente de cambio.

El gobierno tiene plena conciencia de lo que está pasando, por ello ha denunciado públicamente el grado de infiltración que sufren nuestros aparatos de seguridad, y ha tomado medidas, como la destitución del jefe de Inteligencia Militar. Su postura es digna y firme, por lo menos en ese plano, pues ha salido a decir de forma categórica: “esto tiene que acabar, así yo tenga que caer por enfrentarme a ese poder”.

Sin embargo, el grado de presión que ejercen la oligarquía y el imperialismo lo han hecho confundirse. Sus últimas declaraciones en el sentido de advertir a las FARC que no invadan nuestro territorio o serán repelidas militarmente, o de que el Ecuador estaría dispuesto a darles el estatus de beligerantes, a cambio de que liberen a todos los secuestrados, son innecesarias, pues dan la razón al gobierno colombiano, que lo que busca es que nos convirtamos en los contradictores fundamentales de las FARC, y con ello involucrarnos poco a poco en el conflicto interno que vive ese país. Y este error se ratificó más tarde con la declaración conjunta que hicieron el ministro de seguridad interna y externa de nuestro país, Gustavo Larrea, con el canciller francés, en ese mismo sentido: condenando las prácticas de las FARC, las cuales, dijeron, combatirán.

Si el gobierno ecuatoriano no lee bien el escenario, como lo hizo cuando ocurrió la agresión a nuestra soberanía territorial, la política guerrerista de Bush-Uribe tomará fuerza, y ese no solo será un grave problema para nuestro país, sino para la región entera. Tenemos, entonces, doble responsabilidad en mantener una actitud clara y firme, consecuente con los intereses nacionales y con las normas de libre autodeterminación de los pueblos.

Esta agresión mediática transnacional, que se ha expresado en la prensa europea y norteamericana que tienen relación directa con el gobierno de EEUU y de Colombia, no causaría tanto daño si no contara con un aliado incondicional dentro de nuestro país: los grandes medios de comunicación privados. Es allí donde la propaganda del imperialismo y del gobierno guerrerista de Álvaro Uribe cobra sustento y se torna verdad. La actitud antipatria de estas empresas, que incluso podría entrar en la causal de afectación a la seguridad del Estado que establece la normativa constitucional y legal para estos medios, no tiene límite. Ahora abren sus páginas, micrófonos y cámaras a las versiones de desacreditados personajes políticos como los hermanos Gutiérrez, que en una evidente actitud de traición a la patria van a Colombia a entrevistarse con personeros del gobierno de ese país, para pedir armas políticas para seguir atentando contra la dignidad nacional ecuatoriana.

En espionaje, mucha tela por cortar…

En esta guerra informativa, sin embargo, también se han hecho presentes versiones de prensa que respaldan la tesis del gobierno ecuatoriano de que habría un interés expreso de organismos de espionaje internacional, para atentar contra el gobierno y la seguridad nacional. El diario Expreso publica, por ejemplo, toda una investigación que demuestra que durante la guerra con el Perú, la inteligencia militar de ese país actuaba dentro de nuestras fronteras, e incluso reclutaba informantes de las mismas Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Según la versión de prensa, el perfil para los posibles reclutados era el de miembros de tropa mal pagados y oficiales con las más bajas antigüedades, que lo único que demostraban era arribismo y temperamento fuerte.

Según se ha establecido, se descubrió solo un caso, el del suboficial Carlos Edmundo Romero Pico, quien había vendido valiosa información militar a las fuerzas de seguridad peruanas, por lo cual fue condenando a cinco años de prisión (en el Fuerte militar Epiclachima, en San Bartolo, Quito) por el cargo de traición a la patria, pero no se detectó a sus cómplices o socios. Y, según la información, el proceso judicial aún sigue siendo un secreto, pues se niegan a entregarlo, a pesar de que la Ley de Transparencia de la Información establece expresamente que ese tipo de instrumentos son públicos.

Y tal vez uno de los datos más importantes aparecidos en estos días es aquel que habla de que una agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia Americana), ciudadana libanesa que apareció con el nombre de Leyla Hadad Pérez, ex miembro de las fuerzas SWAT, fuerzas especiales de la policía de los Estados Unidos, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez operaba libremente en el país, y tenía incluso un cargo de cónsul Ad-Honorem en Egipto, que nunca ejerció, pero que le servía de cortina política para actuar al interior de la Policía Nacional, según lo afirma el ex comandante de la FAE, Eduardo Domínguez, en una entrevista mantenida con el diario electrónico Ecuadorinmediato.

Son informaciones que no pueden quedar inconclusas, pues la prensa tiene un gran papel al mostrarlas, pero las autoridades, el Estado, tienen la gran responsabilidad de investigarlas a profundidad y ubicar responsables para sancionar. Acto que seguro demostrará que hay un proceso de defensa de la integridad nacional, de la soberanía. La guerra informativa se torna más compleja cada día, y el gobierno no puede rehuir a ella, debe enfrentarla y ganar.

Demanda contra los Gutiérrez

El Movimiento Popular Democrático (MPD), a través de su director nacional, Luis Villacís, es el único partido político que ha comprendido la magnitud de estas acciones antipatrias de los Gutiérrez, y les han planteado una denuncia ante el Ministro Fiscal General. Solicitan: “iniciar la fase de indagación previa a fin de determinar las responsabilidades de Gilmar Gutiérrez y de Fausto Lupera Martínez, líderes del PSP, por el delito de atentar contra la integridad y seguridad del Estado ecuatoriano, al haber salido del país a reunirse con altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para obtener información acerca de los sobrevivientes del ataque colombiano atentatorio a nuestra soberanía, propiciado el 01 de marzo pasado; así como del contenido de las supuestas computadoras de Raúl Reyes, flamantemente encontradas, luego de que la zona del ataque quedó totalmente destruida por la intensidad del bombardeo”. Y además, “por propiciar la desestabilización de la nación y alinearse con la política de agresión del gobierno colombiano”, razón por la cual se pide: “el enjuiciamiento y encarcelamiento de estos líderes del partido que dice llamarse "Sociedad Patriótica" por haber incurrido en un claro delito de Traición a la Patria”.

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