Luego de la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo norteamericano diseñó una política de seguridad que se explicitó en la Declaración de la Conferencia de Santa Fe, efectuada por prominentes políticos y líderes de Estados Unidos, asesores del entonces candidato Reagan, previo a su presidencia. Santa Fe ha emitido más tarde otras declaraciones, todas ellas ratificando esos principios de seguridad y fundamentalmente la consideración de que nuestros países forman parte del área de seguridad de Estados Unidos, lo que justifica cualquier intervención en Latinoamérica.

Esa doctrina es en realidad una ideología, una forma de ver el mundo, que pretende contraponerse a los movimientos de liberación social y nacional, al tiempo de diseñar condiciones de dominación internacional más fuerte, cuya aplicación condujo a las bárbaras dictaduras del Cono Sur, a partir de la dictadura de 1964 en Brasil, de 1966 en Argentina (reimplantada diez años más tarde), y 1973 en Chile y Uruguay.

De manera inmediata, todos los sectores populares denunciaron esa doctrina. Incluso, desde la Teología de la Liberación, un amplio sector de la Iglesia Católica rechazó la Doctrina de Seguridad Nacional (D.N.S.) en las siguientes palabras (mientras conocidos obispos acompañaban a Pinochet y Videla):

“En los últimos años se afianza en nuestro continente la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que es, de hecho, más una ideología que una doctrina. Está vinculada a un determinado modelo económico político, de características elitistas y verticalistas, que suprime toda participación amplia del pueblo en las decisiones políticas. Pretende incluso justificarse en ciertos países de América Latina como Doctrina Defensora de la Civilización Occidental y Cristiana. Desarrolla un sistema represivo en concordancia con su concepto de “Guerra Permanente”. En algunos casos expresa una clara intencionalidad de protagonismo político”. [1]

Los grandes componentes formadores de la D.S.N. son la geopolítica alemana, a partir de la cual se considera la importancia de mantener el “espacio vital” y recursos de la potencia (en este caso a través de cada país convertido en neocolonia); la docrina de contrainsurgencia francesa, con toda la mecánica brutal utilizada contra las revoluciones de Argelia y Vietnam; y la seguridad hemisférica de Estados Unidos, bajo la doctrina de Monroe: “América es para los norteamericanos”. Con esos tres elementos se constituye una doctrina superior de control imperialista que tiene como características:

- Basarse en las necesidades de seguridad de Estados Unidos y no en las de los países latinoamericanos, donde fue receptada;

- Se convirtió en la cobertura de toda política represiva y consecuentes violaciones a los derechos humanos, en resguardo de pretendidos enemigos “externos” e “internos”, bajo un supuesto “interés nacional”;

- Se combina con la pretensión norteamericana desde 1961, de conformar una fuerza militar interamericana bajo su dirección; mientras tanto, se busca que los ejércitos de los países dependientes solo actúen al interior de sus fronteras controlando cualquier frote de subversión;

- Proponerse como herramienta de combate a las fuerzas de izquierda y revolucionarias, las que eran consideradas como amenaza a la seguridad nacional (hay documentos de la CIA donde se ubica en esas condiciones al movimiento sindical y al movimientos indígena, así como a los curas de la Teología de la Liberación, demostrando que la solución a los problemas de sus pueblos, en el marco de la soberanía nacional, pasaba a ubicarse en el campo de amenazas al poder norteamericano).

- Ubica a las Fuerzas Armadas como única reserva moral de los países, razón por la que es garante de la vigencia de la democracia liberal, en menosprecio claro de los organismos de la democracia liberal y de la soberanía popular;

- Considera que el Estado siempre está amenazado por enemigos externos e internos, ubicando en estos a las organizaciones populares, democráticas, patrióticas y de izquierda.

La óptica represiva que adopta la seguridad desde esta perspectiva se justificaría con los nuevos conceptos de “frontera interior” y “enemigo interno”, que utilizarían los ejércitos de América Latina. El enemigo interno, por supuesto, era cualquiera que dudara del orden de cosas existente, que se pusiera crítico o que pretendiera alguna reforma. El “obispo rojo” de Brasil, Helder Cámara, satirizaría aquello diciendo: “Cuando doy pan al hambriento, me dicen santo; cuando pregunto por qué hay hambre, me llaman comunista”.

Los años han pasado pero la teoría y las acciones de seguridad e inteligencia, desde los años 60, vienen acompañadas o dirigidas por la política exterior norteamericana. El Plan Colombia es también parte de la aplicación de esa estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos [2]. Los cambios hacia la guerra cultural y la guerra de baja intensidad (Santa Fe II), la guerra preventiva (George W. Bush), o la guerra de cuarta generación, no han sido sino ajustes tácticos en medios de estas condiciones.

La dominación y control imperialista en este campo no se encuentra solo en personas más o personas menos que, traicionando los intereses del Ecuador, trabajen para la CIA dentro o fuera de las Fuerzas Armadas. El hecho es que el imperialismo, la CIA y la DEA y demás instrumentos de dominación, han dejado establecidos los mecanismos de continuidad de su conducción sobre nuestra política relacionada a la fuerza pública, al igual que en cualquier otro campo. En este caso, la doctrina de seguridad nacional es la presencia de la CIA en su obra.

A ello habría que añadir la formación de militares en la “Escuela de las Américas”, conocida como escuela de dictadores, por donde han pasado más de 64 mil integrantes de los ejércitos latinoamericanos (el 30% de la formación era técnica (incluyendo manuales de tortura) y 70% adoctrinamiento anticomunista) [3].

La Ley de Seguridad Nacional debe ser derogada

on estos antecedentes, en el continente se elaboraron las leyes de seguridad nacional. En el caso del Ecuador, la actual ley fue aprobada por la dictadura militar mediante Decreto Supremo 275, publicado en el Registro Oficial 892 de 9 de Agosto de 1979, es decir, cerca ya del retorno a la vida constitucional, dejando ver cómo se esperaba crear una democracia tutelada y bajo control de las armas y de los intereses norteamericanos.

La Constitución de 1998 realizó algunas precisiones y puso algunos límites a su aplicación, pero en su conjunto se mantuvo que las Fuerzas Armadas son garantes de la democracia y el ordenamiento jurídico; defensores de la integridad e independencia del Estado; colaboradores e intervinientes en los demás aspectos ligados con la seguridad nacional, incluyendo el desarrollo del país en el marco de la defensa de la propiedad privada. Fuerzas Armadas convertidas en guardias privadas contratadas por transnacionales petroleras o mineras, ha sido parte de las expresiones de esta comprensión.

La Ley y su reglamento han sido continuamente denunciados por su carácter represivo. En ella se encuentra la matriz para criminalizar la protesta social. Amparados en esta Ley, por reiteradas veces se ha hecho un mal uso del Estado de Emergencia, prohibiendo a la ciudadanía el derecho a reclamar sus demandas y provocando que los civiles sean juzgados en cortes militares. En la sentencia del Caso Zambrano Vélez en contra de Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado eliminar las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional que permiten a las cortes militares juzgar a civiles [4]. A esto hay que añadir que hay declaratorias de estados de emergencia que nunca fueron levantados, dejando una inseguridad ciudadana permanente (41 declaratorias estaban vigentes para 2001). [5]

No es casual que los gobiernos más ferozmente neoliberales hayan sido los que más utilizaron el estado de emergencia para reprimir al pueblo: Sixto Durán Ballén decretó 24 medidas o normas de excepción, mientras Febres Cordero expidió 17 de estas medidas y Bucaram seis en apenas seis meses. Acabar con la injerencia de la CIA y del imperialismo en las Fuerzas Armadas obliga a la derogatoria de la Ley de Seguridad Nacional, su Reglamento y normas vinculadas en otros cuerpos legales, fortaleciendo la tendencia nacionalista y patriótica que en muchos casos ha diferenciado a nuestro país de las experiencias del Cono Sur Americano.

La Organización de Militares por la Democracia, la Integración y la Liberación de América Latina y el Caribe (OMIDELAC) ha propuesto que, a más de abandonar la D.S.N., ajena a nuestros pueblos, que “se adopte como garantía del proceso de liberación nacional y latinoamericana integral, una fundamental participación popular; y que se evolucione en doctrina y organización para poder enfrentar al enemigo agresor a través de las nuevas formas de lucha que surjan de la unidad pueblo-fuerzas armadas” [6]. Posición sin duda importante que reafirma que la técnica de la defensa debe servir a una perspectiva de soberanía nacional y popular.

Referencias

1. En la “Reflexión sobre la Violencia Política Nº 547”, de la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano de 1979, conocido como el Documento de Puebla.

2. ¿Cómo enfrentar la estrategia del eje Pentágono-narcoparapolítica? Mario Ramos, Director. Centro Andino de Estudios Estratégicos - CENAE 29/marzo/2008.

3. Al momento, cinco países latinoamericanos se han retirado de la “Escuela de las Américas”. Ellos son Argentina, Costa Rica, Venezuela, Uruguay y Bolivia.

4. SAAVEDRA, Luis Angerl (2008), INREDH demandará inconstitucionalidad de Ley de Seguridad Nacional que permitió la represión en Dayuma.

5. Blanco y Negro, revista del diario Hoy de 10 de febrero de 2001.

6. OMIDELAC (1986), Organización de Militares por la democracia, la integración y la liberación de América Latina y el Caribe, Bogotá.

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