Cuenca de Burgos. El cauce del Río Bravo divide los campos de gas natural no asociado que se extienden en la franja del noreste de México, de Tamaulipas a Coahuila, y hacia el sur de Texas, en Estados Unidos. La geografía de la desértica zona, de sedimentos arenosos y depósitos subterráneos profundos, formados por roca porosa, hace de éste un importante yacimiento de combustible considerado una de las fuentes de energía más limpia y segura.

El gas natural se extrae perforando pozos a los cuales se les coloca un árbol de válvulas que regulan la presión para expulsar el energético y conducirlo mediante gasoductos hasta las estaciones de recolección. Durante más de 50 años, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha destinado infraestructura, recursos materiales y humanos para explotar la Cuenca de Burgos. En el sexenio pasado, la zona fue promocionada en el extranjero por el entonces presidente Vicente Fox y su secretario de Energía, Felipe Calderón, como un área de oportunidad para las trasnacionales dedicadas a la venta de hidrocarburos y sus derivados. El interés de las petroleras en Burgos no era un asunto menor: se trata de la región productora de gas no asociado más importante de México. Aunque los gobernadores de los estados donde se ubica eran de extracción priista (Natividad González Parás, Nuevo León; Enrique Martínez, Coahuila, y Tomás Yarrington, Tamaulipas), defendieron a ultranza el proyecto impulsado por el gobierno del Partido Acción Nacional, pese a su inconstitucionalidad, promovieron los contratos de servicios múltiples (CSM) como la panacea para despuntar la economía local.

“Ello fue la primer muestra de que, en pos de los beneficios privados en materia energética, muchos priistas estaban dispuestos a traicionar los preceptos del partido”, reflexiona el expresidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, Manuel Bartlett Díaz.

Explica que en su obstinación de privatizar áreas estratégicas de Pemex, Fox utilizó a algunos gobernadores como cabilderos para convencerlo de que cesara en sus denuncias. El principal emisario, señala, “fue González Parás, quien se prestó a toda esa manipulación entreguista. Me decía que era un esquema bueno, que iban a llegar empresas a hacer una derrama enorme de recursos e industrializar. Lo mismo los gobernadores de Coahuila y de Tamaulipas”. Bartlett dice que no podría asegurar si los gobernadores obtuvieron beneficios personales por su respaldo a los CSM; sin embargo, apunta, “son corresponsables de la corrupción”. Medita y asesta: “Qué mayor corrupción que entregar el petróleo, que es de todos los mexicanos, a los extranjeros, violando la Constitución”. La apertura de esta zona a la iniciativa privada mediante los CSM fue justificada por los directivos de Pemex como un mecanismo para captar recursos técnicos y financieros para la exploración y explotación de gas. Se justificó la urgencia de tecnología de punta y el know-how que sólo poseían consorcios privados y que eran indispensables para incrementar el nivel de explotación de pozos y disminuir la importación del energético. Las empresas que entraran, se dijo, usarían “sus mejores prácticas productivas y tecnológicas” a favor de Pemex. También que el encargar a una sola compañía la operación de cada bloque, en sustitución de los cientos que trabajaban con contratos menores, reduciría significativamente los costos de producción. La realidad es otra. En enero de 2004, con la apertura del pozo 4020 en el bloque Burgos-Reynosa –considerado el corazón de la cuenca–, a manos de Repsol, se dio banderazo a los CSM. Hoy, para acercarse a dicho pozo hay que cruzar tupidos sembradíos de maíz. Desde el 1 de diciembre de 2005 en que se tapó el pozo, la tierra volvió a su uso agrícola. En realidad éste nunca se conectó a la estación Reynosa 5, que es la que le correspondía, y sólo para la gráfica de aquel día se le instaló un árbol de válvulas provisional. En tales condiciones, es también emblemática la forma en que las trasnacionales operan estos campos de gas. Los directivos de la paraestatal Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo aseguraban que desde ese año el trabajo de las trasnacionales disminuiría la importación de gas y duplicaría la producción en sólo cuatro años. Según datos de la Secretaría de Energía, la compra del energético en el extranjero no disminuyó y la tendencia es que seguirá incrementándose hasta duplicarse en 2013, cuando Pemex importe 3 mil 784 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. En detrimento de la economía de la paraestatal, la inversión que destinará a los cinco CSM por lo menos hasta 2023 ha sido, hasta ahora, disímil con relación a la productividad de las contratistas.

Respecto al costo de explotación, se solicitó a Pemex –a través de su Gerencia de Comunicación– conocer cuánto cuesta a la paraestatal que las citadas empresas se encarguen de la explotación de Burgos. A través de su vocero, Carlos Ramírez, la administración de Jesús Reyes Heroles se negó a entregar dicha información. Según una estimación realizada por el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Víctor Rodríguez Padilla, la extracción de cada millar de pies cúbicos cuesta a Pemex 3.31 dólares, contra 1.5 que costaría si la realizara directamente la paraestatal.

Contralínea recorrió Burgos y encontró que no se observa mejora a partir de que las petroleras privadas se encargan de la zona. No está la anunciada maquinaria ni los grupos de especialistas de primer nivel que duplicarían en sólo cuatro años la producción. La única diferencia es que ahora empresas extranjeras hacen los trabajos que por mandato constitucional están reservados a Pemex: exploración, perforación y producción de gas.

Las trasnacionales tienen acceso a la información privilegiada sobre la ubicación de los yacimientos, datos geológicos, técnicos y económicos; mapeo de las reservas; ubicación de pozos y manejo de ductos, considerada por el Estado como información de seguridad nacional. Sin embargo, dichas empresas no invierten siquiera en vigilancia, lo cual, de entrada, ha tenido un impacto económico negativo para la paraestatal por el incremento en el robo de energéticos mediante tomas clandestinas.

De acuerdo con un diagnóstico presentado por Reyes Heroles el pasado 25 de octubre, durante una reunión con la Comisión de Energía del Senado, desde 2005 se incrementó la “ordeña” de combustible en Burgos. El funcionario dijo que en esta zona operan grupos delictivos que han desarrollado un mercado ilícito de condensados obtenidos del gas húmedo. Señaló que en promedio se extraen clandestinamente unos 8 mil barriles diarios, que equivalen a más de 40 pipas, con una pérdida para Pemex de 1 mil 686 millones de pesos anuales.

En Burgos es cada vez menos frecuente observar a trabajadores de la paraestatal, sólo se observan directivos que yacen en las oficinas administrativas suscribiendo contratos. Durante el recorrido de Contralínea no se percibió que el personal de Pemex supervise los trabajos de las trasnacionales, como estipulan los CSM.

A partir de 2004 inició el despido masivo de cientos de trabajadores técnicos de las áreas de ingeniería, tecnología y personal de apoyo, cuyas actividades las desarrollarían las trasnacionales. Algunos de los expetroleros fueron reclutados por las empresas extrajeras para realizar los mismos trabajos que desarrollaron en Pemex, sólo que con salarios menores y sin una sola prestación.

Lo anterior ha ocurrido por la permisividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que desde que las trasnacionales entraron a Burgos no ha realizado una sola visita de inspección para verificar las condiciones laborales, pese a que reconoce que dichas empresas utilizan sólo sistemas outsourcing, es decir, no tienen personal base sino temporales reclutados por terceros.

El sometimiento de mexicanos a las leoninas condiciones que imponen las petroleras extranjeras en Burgos ha sido extensivo a las pequeñas compañías que antes trabajaban directamente para Pemex y que ahora son subcontratistas de las grandes firmas, en acuerdos contractuales que no se apegan a las leyes mexicanas ni a las condiciones que les ofrecía Pemex en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).

Los contratos suscritos entre las trasnacionales y sus subcontratistas, además de castigar los precios de las obras, no consideran ajustes de precios, aunque éstas si se los impusieron a Pemex Exploración y Producción (PEP) según el clausulado de los CSM. Sobre todo, no dan certeza jurídica en caso de incumplimiento, como sí lo tenían las contratistas en su relación contractual directa con Pemex. En caso de incumplimiento, las empresas no tienen ya la opción de recurrir a los órganos internos de control, puesto que ante los ojos de la Función Pública, la única responsabilidad de Pemex es con las trasnacionales. En tales condiciones, salvo contados casos de empresas transportadoras de residuos o las dedicadas a trabajos de soldadura, albañilería y chapeo, un 90 por ciento de las empresas locales que trabajaban para Pemex han desaparecido.

Repsol, subcontratos al alza

La española Repsol se desempeña en Burgos sin infraestructura; opera con una docena de empleados que administran el CSM y subcontratan a las compañías que se encargan de los trabajos, siempre con la venia de sus superiores asentados en Houston, Texas, reconoce su vocero Pablo Espresate.

Durante más de tres años los empleados de Repsol despacharon en una casa particular a unas calles de las instalaciones de la sección 36 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en las inmediaciones de las oficinas de PEP en la Región Norte, en el centro de Reynosa. Hace unos meses se instaló en un pequeño inmueble del parque industrial, ubicado en la colonia Lomas de Jarachina.

El único indicio de la presencia de Repsol es el logotipo impreso en las cinco camionetas tipo van que constituyen el parque vehicular de la empresa. No hay maquinaria y, si acaso, unos 20 trabajadores del área administrativa. Y es que absolutamente todos los trabajos que Pemex encargó a Repsol son realizados por terceros.

La subcontratista que explora y perfora los pozos es la trasnacional Schlumberger, que tiene su sede en Paris, Houston y La Haya. Los trabajos de operación y mantenimiento los realiza la venezolana OTEPI Consultores, a través de su subsidiaria OGS Energy Services. Según datos de la Cámara Venezolana Mexicana de Comercio, éste es uno de los cinco consorcios de ese país con presencia en México (los otros son AVTEK Electrónica, Banco Mercantil, SADEVEN y WENCO).

Con el subcontrato de Repsol, OGS tiene a su cargo el mantenimiento preventivo, desmalezado y limpieza; mantenimiento mecánico, soldadura, instrumentación, telemetría y comunicaciones; mantenimiento predictivo, eléctrico y protección de ductos (catódica y químicos); operaciones de producción; operaciones para lanzamiento de barras; mantenimiento de carreteras y equipos pesados de todo el bloque que alberga 16 estaciones de recolección y cuatro estaciones de compresión; 15 unidades de compresión; 22 pozos activos, 40 pozos en la categoría de posibilidad de explotación; y 81 pozos cerrados; 38 gasoductos de más de 1 mil 600 kilómetros.

En plena operación de los CSM, hay docenas de pozos cerrados. Para Repsol dejaron de ser productivos, aunque muchos de ellos fueron perforados en 2007. Según su CSM, la española debe dar mantenimiento a todos los pozos del activo, pero muchos de ellos están prácticamente abandonados. Uno de los principales problemas en el bloque es la falta de señalamientos, norma básica de seguridad industrial. Incluso pozos productivos no tienen barandales de protección y otros tienen las válvulas oxidadas.

Aunque es obligación de la contratista el mantenimiento del bloque, en algunas zonas trabajadores con maquinaria de Pemex limpian los caminos de acceso. Las motoconformadoras de la paraestatal dan mantenimiento al grueso de los caminos. También hacen reparaciones de las líneas de descarga y recolección de residuos en pozos; construyen cercas y colocan señalamientos.

Algunas estaciones de recolección en las cuales invirtió Pemex, previa la entrada en vigor de los CSM, han sido desmanteladas y muchos de los pozos, abandonados recientemente.

En el campo Reynosa en 2001 se le dio mantenimiento general a las estaciones, se cambió el cercado, se construyeron accesos de concreto. Según los CSM, ante el incremento de producción, las estaciones debieron haberse ampliado; sin embargo, algunas de ellas fueron desmanteladas. En una de las estaciones aún queda el dique de contención del tanque, las bases de concreto y residuos de una cerca perimetral que parece haber sido arrancada de tajo. Casi en medio, retazos de gasoductos que conectaban a una docena de pozos en el área.

Desempleo en los ejidos

Para los lugareños el panorama no es mejor. Las zonas rurales de Reynosa son las más afectadas. Así como cientos de trabajadores de Pemex fueron desplazados, la entrada en vigor de los CSM generó el desempleo de cientos de familias de las zonas rurales que trabajaban con las compañías locales.

Uno de estos ejidos es el Alfredo Bonfil, fundado hace 30 años, que proveía de mano de obra a todas las empresas que daban servicios en el activo Burgos.

Propietario de uno de los pocos “muebles” (camioneta) que hay en el poblado, José Lara era el encargado de llevar a las cuadrillas de hombres que trabajaban en los campos de gas de toda la cuenca. Él era también el enlace entre los lugareños y las compañías. Los últimos campos a los que dio mantenimiento, dice, fueron Culebra, Reynosa, Monterrey, Palmito, Peña Blanca.

Ahora, las empresas extranjeras, señala, no contratan a la gente de Reynosa: “Nos piden muchos papeles, nos ponen peros; para limpiar maleza o pintar bardas nos piden haber ido a la universidad, y aquí no hay nadie que cumpla los requisitos de Repsol, de Schlumberger o de Halliburton. Para nosotros, Burgos era la fuente de empleo; con las extranjeras no tenemos nada, les tocamos la puerta en nuestro propio país sabiendo que nunca van a contratarnos”.

Degradación ambiental

Los CSM estipulan que las contratistas son responsables de que todos los trabajos se realicen con apego a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; a las normas y reglamentos estatales y federales vigentes en la materia.

En 2005, los lugareños denunciaron a la prensa local que en el ejido Emiliano Zapata, a unos 40 kilómetros de Reynosa, Repsol, Halliburton y Schlumberger confinaban clandestinamente lodos de perforación que extraían de los pozos de gas, considerados por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como altamente tóxicos. Incluso los ejidatarios pidieron la intervención de Greenpeace para que verificara la afectación a sus tierras, en su mayoría sembradas de sorgo. Los ejidatarios se quejaban también de que estas compañías habían destruido sus caminos con el tránsito de camiones.

Algunos medios, como La Prensa, de Tamaulipas, documentaron que El Lobo, la compañía contratada por Repsol para dar tratamiento a los lodos, tiraba los residuos en las zonas rurales aledañas a Reynosa sin quitarles la toxicidad. Actualmente las instalaciones de la compañía están abandonadas.-------- En el bloque Burgos-Reynosa es común el confinamiento de basura y desechos industriales, lo que podría implicar que la española tampoco esté cumpliendo con el Sistema Integral para Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental, obligatoria en todas las áreas de Pemex.

Según información proporcionada por PEP, cuatro meses después de que Repsol iniciara operaciones en Burgos, el 20 de abril de 2004 se registró la explosión de un tanque de almacenamiento al realizar trabajos de soldadura, con un saldo de dos trabajadores heridos.

Manejo de recursos

Inexplicablemente PEP ha seguido contratando algunos de los trabajos incluidos en el catálogo de CSM de Repsol.

Un ejemplo son obras asignadas a la empresa Diseño e Ingeniería del Pacífico, SA de CV. En 2005, PEP le adjudicó los contratos de las licitaciones 18575110-035-05 y 18575110-038-05 que ascienden a 24 millones de pesos, para “obras complementarias para mantenimiento a caminos, cuadros de pozos e instalaciones en el sector oriente del Activo Integral Burgos”. Trabajos a ejecutar durante 655 días. Documentos internos de Pemex en poder de Contralínea revelan que la facturación pagada a esta empresa es por los mismos trabajos considerados en el CSM de Repsol.

Los precios pagados por PEP directamente a la contratista son mucho menores a los que cotiza la trasnacional. Por ejemplo, los guardaganados que la subsidiaria paga en 25 mil pesos a las compañías, cotizadas por Repsol cuestan 85 mil pesos.

Revista Contralínea / México Fecha de publicación: 15 de Mayo de 2008 | Año 7 | No. 102

Contratos a granel

Los CSM son, de manera general, el tipo de contratación que plantea el proyecto de reforma energética de Felipe Calderón: que en cada proceso de producción de crudo, desde la exploración y explotación y hasta la producción de refinados, la contratista se encargue de todo el proceso y entregue a Pemex el producto en los puntos de transferencia acordados. Es decir, se busca generalizar el esquema que se aplica en Burgos desde 2004, reconoce a Contralínea Pablo Espresate, vocero de la trasnacional Repsol. Por ello, ahora el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, argumenta que el esquema contractual planteado en el proyecto de reforma es similar al modelo que usan países como Irán, donde las contratistas se encargan del ciclo completo de producción de hidrocarburos y el Estado posee la propiedad de los hidrocarburos, pagando a las compañías sus servicios en efectivo.

Previo a la firma de los CSM, representantes de algunas trasnacionales, como Repsol, manifestaron públicamente que este tipo de contratos les permitiría familiarizarse con la explotación de hidrocarburos en México y conocer el sistema de negocios en Pemex, con miras a proyectos futuros. (ALP)