Carstens avaló daños multimillonarios al IPAB

El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) mantiene abiertos un juicio ordinario mercantil y una demanda civil en contra de Fénix Administración de Activos, por supuestas irregularidades en el manejo de descuentos y cobranza de la cartera de BanCrecer, ahora Banorte, durante el proceso de “saneamiento”.

La empresa es propiedad de JE Roberts Company y está vinculada con los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún y con el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.

Su relación contractual con el IPAB, para los servicios de preparación, cobranza y administración de la cartera de BanCrecer, inició el 7 de marzo de 2000; no obstante, desde el 3 de noviembre de 1999 recibió instrucciones acerca del proceso de saneamiento, consta en los Estados financieros al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y dictamen de los auditores. Su gestión concluyó en mayo de 2004.

En ese periodo, Fénix realizó 302 procesos para enajenar, por licitación pública, miles de bienes muebles e inmuebles. Estas operaciones ascendieron a 7 mil 992 millones 300 mil pesos, indica un informe entregado por el exsecretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard, al Senado el 28 de junio de 2005.

Del total de transacciones, el entonces subsecretario de Hacienda y actualmente titular, Agustín Carstens Carstens, conoció y aprobó 242, que representan el 80.1 por ciento de las subastas hechas por Fénix, revelan actas de sesiones de la Junta de Gobierno del instituto.

Seis de esas subastas avaladas por el funcionario, ocurridas en 2001 y a inicios de 2003, suman pérdidas por al menos 10 mil 772 millones 126 mil 280 pesos. El perjuicio podría ser mayor, pero parte de la información, incluida la referente al ejercicio 2002, ha sido reservada por el IPAB supuestamente con el amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Pérdidas por miles de millones

En el contexto del rescate bancario, que ha costado a los mexicanos al menos 1.32 billones de pesos, Carstens –quien fuera subsecretario de Hacienda de diciembre de 2000 a agosto de 2003– avaló el proceso de licitación del 4 de octubre de 2001, concluido el 18 de ese mes.

Éste involucró seis paquetes de créditos comerciales e industriales propiedad de BanCrecer, “con valor de principal de 8 mil 281 millones 220 mil pesos”, del que sólo se enajenó uno, reporta el acta de la 30 sesión extraordinaria, de fecha 7 de noviembre de 2001.

La versión pública indica que, aunque el paquete ascendía a 1 mil 239 millones 17 mil pesos, Fénix lo cedió a Lend Lease –empresa que también participó como administradora en otros procesos de enajenación del IPAB– “por una oferta equivalente al 16 por ciento del valor de principal”: apenas 198 millones 242 mil 720 pesos. En este proceso, el erario perdió 1 mil 40 millones 774 mil 280 pesos.

La subasta a favor de Lend Lease no fue la única operación con pérdidas millonarias que aprobó el actual secretario de Hacienda: ocurrida el 6 de marzo de 2001, la primera venta de seis paquetes de la cartera vencida de BanCrecer, con valor de principal de 2 mil 839 millones 100 mil pesos, recuperó apenas 815 millones 700 mil. El detrimento fue por 2 mil 23 millones 400 mil pesos.

El Informe anual 2001 del IPAB descubre que en la segunda venta, del 14 de julio de ese año, la merma fue de 1 mil 188 millones 600 mil pesos. La subasta implicó 6 mil 263 créditos hipotecarios cuyo valor real ascendió a 1 mil 600 millones 100 mil pesos, de los que sólo se obtuvieron 411 millones 500 mil.

Tres meses después, el 13 de octubre, se efectuó la licitación para la enajenación de una cartera de créditos comerciales e industriales compuesta por 664 créditos, que involucraban 2 mil 646 millones 400 mil pesos. En este caso, Fénix sólo vendió el paquete B, cuyo valor de principal era 1 mil 278 millones 200 mil pesos, a GMAC Commercial Corporation por sólo 179 millones 300 mil. La pérdida fue de 1 mil 98 millones 900 mil pesos.

Sin ofrecer detalles, el Informe anual 2002 refiere que en ese periodo la administradora realizó 44 subastas, en las que se vendieron 728 inmuebles por sólo 388 millones 500 mil pesos. No obstante, sólo el paquete que debía enajenar en septiembre de ese año ascendía a 11 mil millones de pesos, de acuerdo con el director de esa empresa, Phillip Vincent, citado por Inmobiliare Magazine a principios de noviembre de 2001.

En ese ejercicio la Junta de Gobierno del IPAB exigió a la filial de JE Roberts mayor transparencia en las enajenaciones. En la 37 sesión ordinaria, del 3 de junio, los funcionarios –entre los que destacan Gil Díaz, Carstens y Jonathan Davis Arzac, entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)– conocieron la problemática particular y las propuestas de solución presentadas por Fénix, respecto del “crédito más grande en la cartera” que administraba. Dicha información se mantiene bajo reserva de confidencialidad.

Para el 2 de julio de 2002, en la 38 sesión ordinaria, Davis Arzac solicitó conocer todos los pagos hechos por el IPAB a Fénix y los resultados de su gestión; en ésta también participaron Gil Díaz y Agustín Carstens. El extitular de la CNBV haría la misma petición tres años después, el 22 de abril de 2005, cuando ya había concluido el contrato entre esa compañía y el IPAB.

Carstens respaldó otras dos operaciones con mermas millonarias en 2003. La subasta de cartera comercial de baja recuperación, ocurrida el 23 de enero de ese año, con valor de 4 mil 488 millones 730 mil pesos, cedida a la empresa Corporación para Recuperación y Utilidad de Deuda por 11 millones 36 mil pesos. Con una diferencia entre el precio real y el recuperado de 4 mil 477 millones 694 mil pesos.

Y la licitación de la cartera comercial de créditos menores a 5 millones de pesos, del 16 de julio, que involucraba 979 millones 840 mil pesos. Según el Informe anual 2003, ésta fue vendida a Sólida Administradora de Portafolios por 37 millones 82 mil pesos, que significaron 942 millones 758 mil pesos menos.

El 28 de octubre de 2003, ya sin la presencia del actual secretario de Hacienda, se enajenó un paquete de 71 mil 182 créditos de apertura de crédito en cuenta corriente (tarjeta de crédito de baja recuperación), con valor de capital de 756 millones 895 mil 986 pesos. Por éstos, JJF Equity & Debt Assets Corporation, SC, pagó 3 millones 861 mil 717. La diferencia fue de 753 millones 34 mil 269 pesos.

IPAB admite irregularidades

La Junta de Gobierno resolvió proceder contra Fénix luego del escándalo mediático y las investigaciones abiertas en la Cámara de Diputados, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.

En un breve informe –obtenido por el diputado Elías Cárdenas Márquez y del cual se posee copia– el IPAB reconoce que el juicio ordinario mercantil 168/2006-II y la demanda interpuesta ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en contra de Fénix se motivaron por “diferencias en la ejecución del contrato y en la rendición de cuentas”.

Puntualiza que, “según se desprende de la demanda, no está contenida ninguna reclamación específica en relación con la venta de bienes en los que resultó postor ganador la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV (también ligada a los hijos de Marta Sahagún), por lo que estas ventas de cartera, y de inmuebles, no están involucradas en dicha demanda”.

El legislador Cárdenas Márquez advierte que esta misma información se la solicitó a la Auditoría Superior de la Federación, pero que ésta “no realizó bien su trabajo, porque dice que no la encontró”.

Documentos oficiales de la Junta de Gobierno del IPAB –integrada por el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México, el presidente de la CNBV y cuatro vocales designados por el Ejecutivo federal– revelan que el origen de las acciones legales es el supuesto manejo irregular de descuentos y cobranza de la cartera de BanCrecer.

De acuerdo con el acta de la 61 sesión ordinaria, efectuada el 8 de diciembre de 2005, la Junta conoció los resultados del manejo de los descuentos y la cobranza llevados a cabo por Fénix, respecto de la cartera cedida en administración por BanCrecer, “sin perjuicio de las acciones legales que en su caso se implementen para salvaguardar los intereses del instituto”.

Para agosto del año siguiente, el instituto ya contaba con la “propuesta e implementación de las estrategias que resulten necesarias para salvaguardar los intereses del instituto, derivado de las obligaciones contraídas por Fénix-IPAB, al amparo de los contratos y convenios celebrados entre el IPAB y Fénix, como consecuencia del saneamiento de BanCrecer”, indica el Informe de rendición de cuentas enero-noviembre de 2006.

En la defensa jurídica, el instituto ha gastado 22.3 millones de pesos: el 21 de marzo de 2006 contrató por adjudicación directa al despacho Ochoa, Esquivel y Asociados, SC, para la “implementación de estrategias y salvaguarda de los intereses del IPAB, derivado de las obligaciones contraídas por Fénix”, con vigencia al 31 de diciembre de 2008. Aunque tuvo un costo de 14 millones, el 1 de febrero de 2007 se firmó un convenio modificatorio para ampliar el monto, por 6 millones de pesos.

Además, el 13 de mayo de 2004 el IPAB signó el contrato CS/IPAB/04/2004 con Eduardo Rodríguez Consultores, SC. Éste tuvo por objeto la inspección, supervisión y evaluación a la gestión de los servicios que presta Fénix y el monto ascendió a 2 millones 322 mil 600 pesos. La vigencia corrió de mayo a diciembre de ese año.

El aval de Carstens

Como integrante de la Junta de Gobierno del IPAB –que ahora, en su calidad de secretario de Hacienda, preside–, Agustín Carstens avaló 11 informes detallados de las enajenaciones de bienes hechas por Fénix; el único informe de gestión de la administración cautelar de BanCrecer, que esa empresa presentó al instituto en dos partes, y al menos dos procesos de traspaso de créditos de baja recuperación a su favor.

De éstos destaca el aval al informe de gestión. De acuerdo con el acta de la 38 sesión ordinaria del 2 de julio de 2002, se da “en el entendido de que ni el dictamen emitido por las unidades administrativas del IPAB ni la aprobación del informe por la Junta de Gobierno liberan o representan finiquito alguno para la persona que ejerce la administración cautelar en BanCrecer (…) respecto de la responsabilidad que pudiera derivar a su cargo de los actos ilícitos, dolosos, negligentes o de mala fe que (Fénix) haya realizado durante la vigencia de la administración cautelar”.

Agrega que tampoco quedan eximidos “los funcionarios de BanCrecer que hayan colaborado en forma directa o indirecta en la gestión” de dicha administración. Acerca de quienes conformaron la Junta de Gobierno y aprobaron las operaciones, sus propios integrantes omitieron establecer responsabilidad.

Carstens también conoció el reporte de “la situación fiscal Fénix-Banorte-Fiduciario-IPAB”; así como la “problemática de resolución que presenta un punto de las Políticas y lineamientos jurídicos para la resolución de casos en BanCrecer, que pueden considerarse constitutivos de delito”, descubre la versión pública del acta de la 43 sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, del 19 de diciembre de 2002.

Aunque de 2000 a 2004 Fénix recuperó casi 8 mil millones de pesos –el monto más alto respecto de las otras cinco administradoras privadas contratadas por el IPAB: Bansen-Serfin, 4 mil 631 millones 100 mil pesos; MXLQ, 1 mil 694 millones; SLQ, 1 mil 499 millones 300 mil; Lend Lease, 605 millones; Inverprim, 292 millones 200 mil–, las pérdidas podrían superar los 10.7 mil millones, correspondientes a las operaciones aprobadas por Agustín Carstens.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con el secretario de Hacienda. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Opacidad en PGR

Los negocios entre Fénix y Construcciones Prácticas derivaron en una denuncia de hechos presentada ante la PGR en 2005 por el exlegislador Jesús González Schmal, misma que el 29 de noviembre de 2006 fue cerrada. Hasta ahora la dependencia ha negado el acceso al expediente.

Elías Cárdenas Márquez explica que esta negativa se da pese a que ya existe un acuerdo expreso del Instituto Federal de Acceso a la Información que elimina la reserva impuesta por la procuraduría y faculta a los legisladores el acceso a ésta.

Agrega que en una entrevista privada que sostuvo con el procurador Eduardo Medina Mora, éste le advirtió que no entregará el expediente: “Va a chicanear el asunto, a interponer recursos legales en contra de esa resolución del IFAI, para no entregar nada”.

El diputado por el Partido Convergencia indica que el procurador oculta el fundamento de la exoneración a favor de los hermanos Bribiesca, y éste –dice– puede ser la propia posición de la Auditoría Superior de la Federación en el sentido de que no existía ninguna violación a la ley en el caso del cheque de los hermanos Bribiesca.

Cárdenas Márquez agrega que para las comisiones de la Cámara es muy difícil acceder a la información. Detalla que éstas no son inútiles, “el problema grave es que están bloqueadas por todas las áreas del Ejecutivo, ya sea por consigna o porque ellos mismos tratan de encubrir a sus superiores o a personajes que participaron en estos actos”.

El diputado Víctor Valencia de los Santos también se queja de la opacidad. El priista dice que las dependencias suelen ocultar información fundamental para el trabajo investigativo de las comisiones.

Valencia de los Santos señala que en el caso de los hermanos Bribiesca Sahagún se ha tenido que pedir la información no sólo por diferentes vías, sino también por comisiones distintas, sin que hasta ahora hayan tenido éxito.

Ver tabla de Administradoras de cartera

Mayo 15, 2008