Gerentes-mandaderos puestos a verdugos de poca monta por parte de un grupo transnacional tan poderoso como irregular, trabajaron la orden de poner punto final al conflicto en el momento de finalizar la prórroga de la Conciliación dictada por el Ministerio; mientras se encargaban de avisar que iban por 15 más en los próximos días, sin que ninguna autoridad comprometida con la resolución del tema diera señales de haberlo escuchado como para actuar en correspondencia con la gravedad de lo dicho.

La Conciliación Obligatoria pasó a ser voluntaria, se extendió hasta el 1 de julio, todos los periodistas, operadores, locutores afectados siguen perteneciendo a la radio: este resultado que abre lo “cerrado”, al menos por un tiempo, obliga a romper con la pereza intelectual o el interés camuflado de “es un conflicto gremial”, condenándolo de antemano.

No sólo en el concepto que se maneja para la nueva legislación en materia de radiodifusión sino hasta para la propia ley de la dictadura vigente, el Grupo CIE explota de manera irregular frecuencias que forman parte del espectro radioeléctrico que pertenecen al Estado argentino; y ahora ese holding redefine su política regional y local.

Los 60 despidos previstos forman parte del objetivo de avanzar en una operación de venta que, indefectiblemente, deberá ser controlada por el Estado propietario de esa frecuencia , en una etapa de manifiesta voluntad oficial de impedir monopolios u oligopolios comunicacionales, por lo que es una aberración política despegar tamaña brutalidad empresaria de cesantear masivamente trabajadores, de la lucha encarada por una comunicación democrática e inclusiva: se le estaría pidiendo a esa lucha, para algunos histórica y sin contradicciones, que transite el camino de la pugna por la distribución del ingreso aceptando la impunidad patronal de un holding multimediático.

Ni la disputa comunicacional se resuelve corporativamente, con la exclusiva responsabilidad de quienes allí trabajan, ni se aporta en su sentido más abarcativo y democrático cediendo a la presión de los poderosos como el CIE, negándole a esos 60 trabajadores de las distintas radios del grupo, su condición de pelear desde el lugar donde están contra el sistema de desigualdad, ya sea comunicacional, social y económico.

Lo sostuvo la UTPBA en las asambleas realizadas en América con motivo del conflicto, que por pocos días no coincidió con el de La Red, que a su vez fue casi en paralelo con el de radio Continental: reclamo salarial, despidos, la multifuncionalidad, son planos que –sumados a la disputa interempresaria, que no se puede ocultar detrás del mensaje unívoco respecto, por ejemplo, del conflicto del campo- muestran la matriz que impera en el sector, hoy atento y tomando decisiones “por sí...”.

Es un tiempo en el que cada grupo que se siente tocado en su interés frente a anuncios a futuro actúa “por sí...” como hoy el CIE. Son activos momentos en los que la lógica empresaria local pretende legitimar la ilegalidad en la que se mueve, del mismo modo como los que llegan de otras tierras busca imponer la “legalidad” de su país de origen. Nadie puede ignorar el tipo de confrontación y creer que un cambio de signo respecto del sentido de la comunicación, a favor del conjunto de la sociedad, no implica fuertes desafíos, sobre todo para aquellos que trabajan en esos instrumentos hoy redefinidos como dictadura mediática, que deben ser condicionados desde una política pública de comunicación a aplicarse desde el Estado.

Nada se resolverá a favor de los trabajadores si el objetivo a alcanzar remite a una táctica que acepta despidos u obligue, por atrás, a anotarse en retiros voluntarios, con complicidades de todo tipo.

Por eso la UTPBA presentó el martes 10 de junio en el Ministerio de Trabajo un escrito ratificando su pedido de que el COMFER sea convocado para involucrarse en el conflicto, a raíz de la caracterización que la organización hace del mismo.

Por eso seguimos peleando. Con convicciones, sin concesiones.