En virtud de la gravísima decisión empresaria de despedir más de 10 trabajadores en Radio América y adelantar, vía los representantes designados por el Grupo CIE -propietaria de esa emisora y otras cuatro más-, que en breve se sumarán más despidos, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), que junto con el personal repudió y rechazo esa medida, concurre a este ámbito a transmitir su profunda preocupación por esa violenta avanzada empresarial y correspondiéndose con la gravedad de estos hechos, que viene denunciando.

La UTPBA requiere que esa área se entienda con el problema planteado, dado que hay cuestiones que exceden el mero conflicto salarial a raíz de que estamos haciendo referencia a la explotación de una licencia que otorga el Estado argentino en condiciones que, en su momento, fueron reconocidas como poco transparentes.

Por eso la UTPBA, que solicitó en el Ministerio de Trabajo que el Comfer fuera informado y citado a una próxima audiencia, formula a ese organismo una serie de preguntas tendientes a resolver favorablemente para los trabajadores de la emisora (y del grupo), así como para todos los que coincidimos en rechazar la concentración mediática e impulsamos históricamente la democratización de la comunicación :

1) Cuando le fue otorgada la licencia al Grupo CIE, hasta que fecha;

2) Qué información se le brindó al COMFER en relación con quienes integran la sociedad, su situación financiera, proyecto de emisora y si se hizo un efectivo seguimiento del cumplimiento de las leyes y convenios vigentes;

3) Si al extenderse la licencia para la explotación de las radios del grupo en 2005 se pidió información sobre su situación y compromiso de continuidad;

4) Si se tomó registró de una presentación judicial efectuada en el 2000 (y supuestamente ratificada el mes de mayo pasado) por uno de los socios originales, Daniel Grinbank, en la que denuncia al grupo por manejos económicos-financieros irregulares y lo acusa de lavado de dinero;

5) En que estado se encuentra la investigación iniciada por el COMFER por violación de parte del Grupo CIE de la Ley de Radiodifusión, al superar la cantidad de radios que puede tener un mismo licenciatario;

6) En caso de que se haya producido alguna intimación a desprenderse de un determinado número de emisoras, cuándo se produzco y qué condicionamientos se le impusieron;

7) Si ese organismo tomó registro que el grupo anunció públicamente la reformulación de su política empresaria en nuestro país, procediendo desde entonces a la venta o puesta en venta de distintas firmas como el teatro Opera, la organización de recitales y festivales, ticketek y ticketmaster y en enero de 2008 dio a conocer su decisión de desprenderse del Zoológico, siendo este el último de sus activos por fuera de las emisoras que posee, en una clara demostración de retirada del mercado;

8) Si ese organismo, ante la evidente política de liquidación emprendida por el grupo CIE, ha tomado los recaudos necesarios para preservar los derechos del Estado, propietario de las frecuencias y principal interesado en el cumplimiento de la Constitución Nacional y leyes vigentes, que preservan el derecho al trabajo y a la información, violentadas ambas por la inescrupulosa conducta empresaria;

9) Si ese organismo ha sido informado que son alrededor de 60 los despidos previstos por el Grupo CIE para el conjunto de emisoras que controla, en una maniobra de vaciamiento que beneficia, de no existir una intervención firme y decidida del propio Estado, tanto al CIE como a los futuros explotadores de la frecuencia;

Atendiendo la decisión del gobierno de avanzar en la sanción de una nueva ley de Radiodifusión, bajo el convencimiento –que compartimos- que se debe democratizar la comunicación y poner coto al desarrollo monopólico y oligopólico que se verifica en el sector de las comunicaciones y telecomunicaciones, entendemos que lo que ocurre con un grupo como el CIE merece una intervención firme del Estado –que incluye, sin dudas, ese organismo dada la naturaleza del problema- en línea con esa voluntad manifestada por las autoridades. A su irregular llegada, el manejo absolutamente ilegal de más frecuencias que las que corresponden, la denuncia de un socio –propietario de una frecuencia otorgada por el mismo estado- de lavado de dinero más el anuncio de su reformulación en el negocio de los medios y el entretenimiento, se suma ahora la brutal medida de despidos masivos, argumentando una “crisis” que miente sobre la realidad de un grupo poderosísimo.

Es imposible imaginar una más justa distribución de la riqueza y una comunicación más democrática si las “crisis” prosiguen resolviéndose a favor de quienes poseen el poder económico y en contra de los trabajadores y del conjunto de los sectores postergados de la sociedad.

Por eso entendiendo que fue el propio Estado el que permitió en su momento que el Grupo CIE haya accedido a las frecuencias que hoy posee –hecho que hoy provoca el cuestionamiento, con el que coincidimos, de las propias autoridades- un claro gesto de soberanía en el terreno comunicacional es el de evitar el vaciamiento de un medio y que decenas de trabajadores (periodistas, locutores, operadores, personal administrativo) paguen el costo de la brutalidad de sectores acostumbrados a la impunidad.