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Lydia Cacho: tiempo de canallas

En nuestro país no hay “violaciones graves” a los derechos humanos... hasta que ya no hay remedio. Es como los refranes del falso derecho natural: “palo dado ni Dios lo quita”. Éstos son los criterios y sobornos de los jueces, magistrados y ministros del sistema judicial federal y en los 32 estados, donde sus gobernadores reviven los viejos cacicazgos y la ley regresó al “obedézcase, pero no se cumpla”.

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El caso de Lydia Cacho, la periodista que investigó las redes de pederastas, sus complicidades y el abuso del poder para encubrirlos y por cuyo trabajo fue objeto de violaciones a sus derechos individuales, es un ejemplo.

Su libro: Memorias de una infamia (Grijalbo, 2007) retrata a dos personajes siniestros: Mario Marín, el desgobernador de Puebla y el empresario Kamel Nacif (y en proceso penal por pederastia: Jean Succar Kuri). A toda la burocracia judicial, hasta la cúpula de la Suprema Corte, con sus personajes (Gamboa Patrón, Yunes, etcétera.) del circuito del poder público del Estado, Lydia Cacho los exhibe como piezas de la corrupción política, sexual y económica que llega hasta Los Pinos, ayer con Fox, ahora con Calderón.

Éstos son los canallas de nuestro tiempo. Más que los retratados por Lilian Hellman en su célebre testimonio, sobre los violadores de derechos que fueron los macartistas. No les bastó a los ministros las pruebas de la periodista, que pisoteados sus derechos fue víctima de amenazas cumplidas e ilegalidades. Con el criterio de “irregularidades menores”, se convirtieron en violadores de derechos.

La lectura del libro de Lydia Cacho nos lleva a concluir que estos miserables cometieron actos viles y encubrieron a los mal nacidos, en un acto que marcó a la Suprema Corte como indigna de administrar justicia. Le otorgaron protección a los pederastas quienes lograron la impunidad ejerciendo sobre Lydia Cacho toda la maldad y vileza de que pueden ser capaces quienes abusan del poder judicial.

Absolvieron a Marín los ministros: Sánchez Cordero (de plano lo defendió); Azuela (dijo que no hubo “violación gravísima”); Ortiz (que no hay “irregularidades”); Luna (afirmó que hubo “violaciones resarcibles”), y Aguirre (que no hubo “violación grave”). Pero la opinión pública esperaba al menos que la Corte, conforme al dictamen de los cuatro ministros que resolvieron a favor de los derechos de Lydia Cacho, emitiera una recomendación en esos términos.

No lo hicieron y de nada sirvió que la Cámara de Diputados solicitara se investigaran los hechos contra Lydia Cacho, y sólo dejaron que las instancias siguieran su curso. En el entendido de que, sin la recomendación de la Corte, prevalecerá la impunidad de las violaciones a los derechos de ella y de las víctimas de los pederastas. Son esos seis ministros unos canallas que avalaron la infamia narrada por Lydia Cacho en su testimonio.

Memorias de una infamia es un documento, entre los cientos de miles que circulan por todo el país, que describe las infamias de que son objeto por un aparato judicial putrefacto y en plena descomposición por los intereses creados con el resto del sistema gubernamental. Las relaciones de poder político, económico y de la exquisitez cultural (intelectuales orgánicos como alfombra de ricos y funcionarios) están por encima de gobernar en beneficio del pueblo. Se acercan los festejos de los bicentenarios y la crisis política puede transformarlos en protestas masivas, revueltas, porque sigue habiendo “sed y hambre de justicia”.

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Revista Contralínea / México Fecha de publicación: 15 de junio de 2008 | Año 7 | No. 104

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