Cualquier gobernante, en su calidad de representante de aquellos que depositaron en él su confianza a través de los votos, y en su calidad de administrador de los recursos públicos, está obligado a aclarar su situación con respecto a las acusaciones que empañan su imagen. Puede hacerlo de dos maneras: una, ante la opinión pública, a la cual se debe como representante de las mayorías que lo eligieron ; [1] y dos, ante los estrados judiciales.

El silencio del Gobernador de Antioquia coincide con la falta de resultados en las investigaciones sobre los vínculos que habrían tenido algunos políticos antioqueños con los grupos paramilitares. Hasta ahora no se tienen mayores elementos de juicio ni pruebas contundentes para incriminarlos. Es una zona gris donde se ha extraviado toda evidencia.

En el departamento aún no hay la claridad judicial que, por ejemplo, se ha tenido en la Costa Norte y en aquellas regiones que representan los 22 congresistas detenidos. Pero es claro que sin apoyo económico, político y castrense, ceguera gubernamental y amplia impunidad social y judicial, el paramilitarismo nunca habría llegado a tener las magnitudes que tuvo en el departamento y el resto del país, tal como lo conceptúa la investigadora Claudia López en su investigación La ruta de la expansión paramilitar y la transformación política en Antioquia, un análisis de los cambios de tendencias y protagonistas en las elecciones de alcaldes, gobernadores y congresistas del departamento entre 1997 y el 2006.

El Gobernador debería contribuir con el esclarecimiento de la verdad en el departamento exponiendo su posición con respecto al accionar paramilitar durante la última década en Antioquia. Y podría empezar, por ejemplo, aclarando por qué despidió a la directora del noticiero regional de Teleantioquia, Luz María Montoya, justamente la persona que le preguntó durante un debate televisado el 28 de septiembre de 2007 sobre los resultados de la investigación académica de López y el nuevo mapa electoral en Antioquia.

En ese punto tendría que aclarar si sus voluminosas votaciones del año 2002 al Senado, la más alta del país, y a la Gobernación de Antioquia en el 2007, la mayor en la historia electoral del departamento, son producto de la coerción armada de los paramilitares o de su trayectoria política, iniciada a mediados de la década de los 70, aspecto que la investigadora López soslaya en un análisis que, para el caso de Antioquia, resulta coyuntural y carece de perspectiva histórica.

Hablar le sería útil al Gobernador de Antioquia para aclarar cómo logró a través de su movimiento, Alas-Equipo Colombia, recoger vertientes conservadoras y empresariales del Norte, Suroeste y Oriente del departamento, y cómo logró acumular capital político en Urabá, “una región donde los conservadores no habían logrado pasar de uno que otro concejal”, según afirmó la investigadora López en su informe.

En el ejercicio de la transparencia que se le reclama a todo funcionario del Estado, Ramos Botero debería salir a la luz pública a recordarle a los antioqueños y a los colombianos qué tipo de alianzas hizo con el congresista Álvaro Araujo Castro, uno de los primeros congresistas preso dentro del llamado proceso de la parapolítica, y qué compromisos adquirió con el gran elector de Bello, Antioquia, Oscar Suárez, otro congresista de su movimiento bajo investigación.

El Gobernador podría referirse y aclarar los supuestos cuatro distritos electorales que se conformaron en Antioquia durante las elecciones del 2002 que lo favorecieron a él y a los congresistas Guillermo Gaviria, Carlos Arturo Clavijo y Rubén Darío Quintero

El funcionario Ramos y sus asesores podrían profundizar más en los expedientes judiciales, en particular en una indagatoria realizada el viernes 28 de octubre de 2005 al jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, quien fungió como inspector general de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y tuvo bajo su mando los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, que operaron en el Valle de Aburrá, Nordeste y el Oriente antioqueños. Allí se lee: “En una reunión que tuvimos con el comandante Castaño, le pidieron que llevara las autodefensas a Medellín ya que la guerrilla prácticamente se estaba apoderando de la ciudad y era necesario contrarrestar el terrorismo, el secuestro y otras actividades de organizaciones como las Farc, el Eln y otras milicias. Entonces, el comandante Castaño dio la orden para que se enviaran personas acá a Medellín”.

El Gobernador de Antioquia debería exigirle claridad al jefe paramilitar en sus versiones ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz y, reclamarle precisión sobre aquellos sectores industriales y comerciales que participaron en la reunión con Castaño y qué aportes le hicieron a la causa paramilitar. Es probable que sean de una envergadura mayor a la de unos cuantos votos de más en las urnas a su favor, puesto que en el proyecto paramilitar desarrollado en Antioquia había mayores intereses que la ambición política de un cacique electoral.

Es importante para el país que el mandatario seccional desvirtúe de manera contundente que el proceso de paramilitarización en Antioquia no tuvo su peso en la clase política, tal como lo trata de demostrar la investigadora López, ni en otros sectores sociales y económicos mucho más influyentes que él. Además, sería importante que se pronunciara sobre la condena a la empresa multinacional exportadora de banano Chiquita Brands en Estados Unidos por los millonarios aportes a las Auc entre 1997 y 2002; así como sobre las indagaciones a los directivos de las empresas Uniban, Proban y Sunisa-Del Monte por sus supuestas relaciones con los grupos paramilitares que operaron en Urabá.

Ramos Botero y sus asesores tienen también en la historia reciente de la fuerza pública un motivo más para hablar del paramilitarismo en Antioquia y, como la primera autoridad del departamento, expresar su posición frente a la participación del Ejército y la Policía en el ambicioso proyecto paramilitar. Es importante que exponga sus ideas sobre los fallos de la Corte Internamericana de Derechos Humanos que condenan a la Nación a reparar a las víctimas, pues se logró demostrar que participaron en diversas masacres ocurridas en territorio antioqueño.

En suma, el mandatario regional tiene pendientes bastantes temas para explicar qué supo desde su condición de político de aquella “especie de ganzúa territorial” de la que habla López, que supuso “la victoria militar, territorial y política” de los grupos paramilitares, un mecanismo sincronizado de una dimensión superior a su imagen de gamonal regional y a cuyas decisiones al parecer estaba sometido. El problema es que si Luis Alfredo Ramos no habla, cabe preguntarse entonces ¿qué calla?

[1] Se está cuestionando con la parapolítica estas mismas “mayorías”, y en todo caso, al ser un representante del Estado debe dar claridad a la opinión pública. Creo que queda muy recargado poner dos veces el “representante” en un párrafo tan corto.