La comunidad que se asentaba en este territorio había llegado de muchas regiones, desplazada por la violencia, a convivir en otra violencia más urbana, distinta, pero no menos cruenta desde la orilla humanitaria.

La escuela quedaba muy cerca de una “laguna” donde se vertían toda clase de desechos industriales de las canteras de la zona. Alrededor de este punto geográfico común, los niños y las niñas hablaban en corrillos de la leyenda de los zombies de la laguna, de los fantasmas de fulanito de tal que salía del agua, del carro perdido que se había ahogado allí. Los niños mayores explicaban crudamente la situación: “de verdad, de noche pasa un carro y tira gente muerta a ese lago”.

Infortunadamente en ese momento las respuestas tanto de analistas, como de instituciones públicas fue el predominio de los indicadores de situación, bajo los cuáles situaciones de éste tipo – al no estar contempladas en el universo de lo posible – tienden a ser marginadas como problema, o sencillamente dejan de existir, aunque sigan sucediendo.

Si bien es cierto que el comportamiento del conflicto armado en Bogotá y la zona aledaña de Cundinamarca ha sido errático y difícil de caracterizar , [1] también lo es el hecho de que los impactos en una ciudad de las características del Distrito Capital no pueden ser medidos con los mismos instrumentos y matrices de otros escenarios urbanos de características disímiles.

Esta apreciación resulta particularmente pertinente en el momento actual, con la denuncia por parte de la defensoría del pueblo y varios medios de comunicación sobre la presencia activa de grupos armados denominados Águilas Negras en Rearme, los cuáles en los últimos meses han amenazado varios líderes sociales, organizaciones no gubernamentales, medios alternativos de comunicación y particularmente organizaciones de víctimas. Varias preguntas surgen al respecto, entre otras la de cuáles son las características actuales de este fenómeno, cuáles son las poblaciones más vulnerables y en riesgo, y cómo se espera que avance el problema en un tiempo cercano.

El fenómeno paramilitar en el Distrito Capital

El fenómeno paramilitar en su fase expansiva más fuerte, es decir a partir de 1997 con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia, logró apoderarse de la institucionalidad pública en 430 municipios del país, pertenecientes a doce departamentos.

La dimensión de este fenómeno y su característica urbana en municipios de menos de quinientos mil habitantes, logró minimizar los impactos sobre lo público en las ciudades grandes, con un mayor acento en Bogotá, aunque desde inicios de los noventas existieron en la ciudad campañas armadas, básicamente provenientes de los ejércitos privados esmeralderos de Boyacá [2] . Las contradicciones de la forma de construcción y vida de la capital del país, logró posicionar la idea de que la presencia paramilitar solamente tuvo lugar en los límites de la capital, influenciado por la confrontación y dinámica de guerra de las zonas cercanas tanto del departamento de Cundinamarca, como de los llanos orientales.

Desde una perspectiva exclusivamente estadística, los tipos de acciones armadas y de formas de confrontación que se presentaron en este primer período no alcanzarían a encender alarmas si se compara con la situación de otras ciudades del país, y mucho menos con municipios donde la institucionalidad pública fue cooptada en su totalidad.

Sin embargo, un análisis más detallado, casuístico y sociológico podría presentar otro panorama. La entrada desde 1997 del fenómeno paramilitar en Bogotá tuvo varias características: la dispersión discursiva, el reclutamiento de grupos de pandillas ya establecidos, la organización en grupos satélites con baja organización jerárquica, el homicidio selectivo de jóvenes en zonas periféricas, la alta disputa entre sectores o facciones de los grupos, y el asentamiento en zonas de economías de abastecimiento, economías ilícitas, manejo de venta al menudeo de estupefacientes y creación de puestos medios de trabajo informal tales como ventas informales y otros sectores de economías no formales [3] .

Esto implica no solamente una presencia de paso con un objetivo específico. A partir del año 2000 la operación de los grupos paramilitares promovió de forma implícita un determinado tipo de ordenamiento social en varias localidades de la ciudad, unas formas de organización económica, e infiltró varios sectores de población de la capital, situación que se mantiene aún después de la desmovilización y constituye el soporte para cualquier otro tipo de experiencia armada que pretenda consolidarse con el mismo modelo y sobre la misma base, como por ejemplo grupos armados del estilo de las Águilas Negras.

Inicialmente, la presencia formal de las AUC se estructura bajo el nombre de Frente Capital, operando en las localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Soacha. La intención inicial era promover un corredor de movilidad y un centro de comunicación y abastecimiento para otros frentes y bloques rurales de las AUC. Carlos Castaño asegura en el año 2001 que el objetivo principal de la entrada a Bogotá era arrebatar el corredor de abastecimiento de la guerrilla hacia Neiva, Caqueza, Choachí y el Sumapaz [4] . No obstante en el momento, la presencia lograda en Bogotá – inicialmente desde acciones muy puntuales – se convierte en una renta para otros grupos paramilitares aledaños, particularmente aquellos de los llanos orientales más interesados en lograr control territorial y generar ciertas rentas favorables en el negocio del narcotráfico. De esta forma, Miguel Arroyabe [5] “compra” la franquicia del frente capital, entrando a conformar un grupo más estable con combatientes provenientes de bloques y frentes paramilitares del Sumapaz, y los departamentos de Tolima y Boyacá.

No obstante, este punto genera una característica diferente en los modos de operación, que sumada a la disputa desatada en el año 2003 en la zona de los llanos orientales, conllevó a la agudización de la confrontación en sectores limítrofes entre Bogotá y Soacha con la consecuencia de más de 700 jóvenes asesinados en menos de dos meses. Coincidieron perfectamente en el tiempo la agudización de las disputas entre grupos paramilitares, los puntos cumbres de la expansión y las oleadas de violencia en localidades como Kennedy y Ciudad Bolívar durante los años 2003 y 2004.

Esta fase del fenómeno logró reclutar a organizaciones delincuenciales locales, infiltrar sectores de las economías no formales de localidades enteras y asentarse en varias juntas de acción comunal de barrios periféricos de la ciudad, después del asesinato de varios líderes locales [6] .

Dos vertientes se identifican en este punto: una eliminación sistemática de líderes sociales locales, y una apropiación de sectores informales de la economía, no solamente en los sectores periféricos, sino en zonas comerciales importantes como los Sanandresitos, las Centrales de Abastos y los comercios informales de la localidad de Chapinero [7] .

No obstante, antes de la desmovilización de todos los frentes de las AUC, la disputa al interior del frente capital, y el asesinato de Miguel Arroyabe produjo una ruptura con el modelo operante que culminó en la negación pública por parte de Salvatore Mancuso de la existencia del Frente Capital. De esta forma, un fenómeno sangriento como fue la presencia de esta estructura de las AUC, pasa a ser parte de una situación de orden público sin ninguna conexión con el conflicto armado, sin posiblidad de reparación para las miles de víctimas locales y sin posibilidad de verdad. Más grave aún fue el mantenimiento de las estructuras armadas pequeñas y de los soportes territoriales que han desembocado en la fácil y rápida recomposición de estas estructuras bajo el nombre de Águilas Negras en Rearme, con un agravante en la permanencia de todo un acumulado estructural territorial y logístico que favorece la amplitud del fenómeno.

El Debate sobre las Águilas Negras

Un tratamiento serio y directo sobre los impactos del conflicto armado en la ciudad capital, más que necesario es urgente y fundamental. No puede observarse únicamente en los aumentos de los indicadores de orden público, ni en las cifras de gestión.

La velocidad con la cuál se ha caracterizado el fenómeno de rearme en Bogotá ha sido advertida recientemente por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del pueblo, lo que implica no sólo el advenimiento de crisis humanitarias locales, sino de expansión de las estructuras mafiosas que buscan asiento en la ciudad.

Existen – por supuesto – problemas conexos en la atención que puede brindarse a la solución definitiva de los circuitos económicos ilegales que operan en la ciudad, así como de los órdenes sociales de facto que pueden llegar a afectar de forma profunda la vida de barrios y poblaciones enteras de esa ciudad periférica que no afecta las cifras globales de situación de seguridad.

De la misma forma, existe la necesidad imperiosa de solucionar debates absurdos acerca de si fenómenos como las Águilas Negras hacen parte o no del fenómeno paramilitar, máxime en un momento en el cuál están mostrando capacidad activa de operación e intimidación con los mismos modos de acción que asumían anteriormente los combatientes del Frente Capital. Bogotá no ha iniciado un proceso serio de desmonte de las bandas de soporte de los fenómenos armados en la ciudad.

La ciudad no puede esperar un recrudecimiento mucho más sistemático de homicidios de líderes sociales locales, ni una expansión inmanejable de la influencia de mafias armadas a nivel urbano. Es necesario recordar una vez más que independientemente del nombre que asuma la estructura intimidatoria, el principal enemigo declarado de este tipo de fenómenos es la democracia y la participación ciudadana.

[1] PEREZ, Bernardo y TORRES, Iván. LOS GRUPOS PARAMILITARES EN CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ, 1997 – 2005. En: Parapolítica, La Ruta de la Expansión Paramilitar y los Acuerdos Políticos. Corporación Nuevo Arco Iris, Intermedio Editores, Bogotá 2007.

[2] Es bueno recordar en este punto, cómo en los inicios de la década de los noventas, varios muros de la ciudad se llenaron con la consigna “Bogotá para los Esmeralderos” “Puerto Boyacá, Capital contrainsurgente de Colombia”, campaña promovida por Víctor Carranza y varios ejércitos privados de la región.

[3] Información suministrada por el Sistema de Información en Conflicto Armado. Observatorio para la Dinámica del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco iris.

[4] Ver: Los Paras llegan a la Ciudad. Diario EL TIEMPO, Edición impresa 21 de enero de 2001. citado por: PEREZ, Bernardo y TORRES, Iván. LOS GRUPOS PARAMILITARES EN CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ, 1997 – 2005. En: Parapolítica, La Ruta de la Expansión Paramilitar y los Acuerdos Políticos. Corporación Nuevo Arco Iris, Intermedio Editores, Bogotá 2007. pp. 20.

[5] Miguel Arroyabe fue comandante del Bloque Centauros de las AUC, con centro de operaciones en el departamento del Meta. En el año 2004 estalla una disputa con el grupo de Martín Llanos (Autodefensas Campesinas del Casanare) y posteriormente Miguel Arroyabe fue asesinado en septiembre del 2004 por alias “Cuchillo” quién actualmente comanda uno de los ejércitos de rearme más grandes del país en el Meta, el Casanare y el Guaviare.

[6] Bernardo Perez e Iván Torres citan: “durante 2001 fueron asesinados Ciro Alberto Rincón, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Luis Carlos Galán II sector (5 de junio), Luis Casallas, presidente de la JAC del barrio Villa Mercedes (17 de Julio) y José Cogua, Vice-presidente de la JAC del barrio La Isla (12 de agosto) luego de que denunciaran públicamente la presencia de las AUC en Altos de Cazucá.” Ver: PEREZ, Bernardo y TORRES, Iván. LOS GRUPOS PARAMILITARES EN CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ, 1997 – 2005. En: Parapolítica, La Ruta de la Expansión Paramilitar y los Acuerdos Políticos. Corporación Nuevo Arco Iris, Intermedio Editores, Bogotá 2007

[7] Información suministrada por el Sistema de Información en Conflicto Armado. Observatorio para la Dinámica del Conflicto Armado, Corporación Nuevo Arco iris.