Así lo manifestaron académicos, activistas de derechos humanos e integrantes de la Cnrr, tras conocer los resultados de la investigación: Víctimas, violencia y despojo: perfil socio-económico, realizada por la Universidad de San Buenaventura, la Alta Consejería para la Acción Social, La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) y el Instituto Popular de Capacitación de Medellín (IPC), y presentada públicamente este martes 29 de abril.

El estudio caracterizó el perfil socio-económico de las víctimas inscritas ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, con el fin de conocer el grado de afectación y vulneración de derechos que padecen como consecuencia del conflicto. Para tal fin, las entidades responsables analizaron un total de 5.823 denuncias interpuestas por las víctimas durante las distintas jornadas de atención realizadas en todo Antioquia; de éstas, un total de 1.036 se analizaron específicamente para el tema de despojo de bienes.

Entre las principales conclusiones que arroja el estudio figura el estrecho vínculo existente entre el desplazamiento forzado y el despojo de bienes y tierras, lo que refuerza la hipótesis de que el centro de la disputa del conflicto armado en Colombia es la tenencia de la tierra. Del total de 1.036 fichas analizadas se encontró que 594 víctimas denunciaron haber sido desplazadas; de ellas, 425 residían en Antioquia y de este grupo 255, casi el 53%, expresaron haber sido víctimas de despojo de bienes y tierras.

Aunque la cifra es diciente, Liliana Calderón, integrante del equipo investigador y miembro del proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social, considera que el número puede ser aún mayor, dado el enorme subregistro que existe al respecto: “Cómo éste es un tema vinculado al desplazamiento, y cada vez es más invisible, pues por lógica también se diluye este problema. De otro lado, el hecho de que muchos casos, que son de vieja data, haya habido despojo por medio de transferencia forzosa de títulos hace que las personas piensen que ya no hay lugar a reclamar y otro, que hay zonas donde el conflicto aún esta vigente y eso genera temor a reclamar en la gente”.

De acuerdo con la investigación, los municipios de El Bagre y Cáceres, en el Bajo Cauca; Turbo y Necoclí, en el Urabá, figuran como las zonas de Antioquia donde se dio con mayor intensidad el fenómeno de despojo, seguidos por San Carlos y Cocorná, en el Oriente; Cañasgordas y Dabeiba, en el Occidente y Medellín y Bello, en el Valle de Aburrá.

“De los bienes denunciados como arrebatados figura principalmente la tierra en términos generales, representado en fincas y lotes; además, casas y en algunos casos locales comerciales. El segundo caso corresponde a animales: semovientes y domésticos y por último están muebles y enseres: dinero, artículos de hogar y cosas así”, expresó Calderón.

Para la investigadora, este análisis señala cómo estas víctimas fueron objeto de múltiples vulneraciones de derechos humanos, por cuánto no sólo fueron despojados de sus bienes, a través de los cuales garantizaban su subsistencia, sino que también fueron objeto de desplazamiento forzado y en algunos casos de asesinatos, desaparición forzada y tortura.

Lo anterior pone de manifiesto que frente al tema de tierras, Colombia está ante una compleja, delicada e incalculable trama que, de seguro, no será fácil desenredar. A esto se suma que los resultados de la investigación (considerada la más grande y representativa realizada en el país con afectados por la confrontación armada) en lo que respecta a la situación socio económica actual de las víctimas, arroja que las víctimas del conflicto armado es la población más excluida y marginada socialmente en el país.

Según los análisis, cerca del 75.6% gana menos de un salario mínimo mensual legal vigente; el 66% está en el régimen subsidiado de salud, y el 24.6% en el contributivo. Asimismo, se evidenció que el 57.1% no trabaja, el 26.5% posee un empleo informal y el 83.6% no tiene relación laboral estable.

Igualmente, el 25% de las víctimas sufrieron más de una violación de sus derechos fundamentales (desplazamiento forzado, asesinato, desaparición forzada) y el 77% de los sobrevivientes; es decir, quienes denuncian los hechos, son mujeres cabeza de hogar. “Esto nos muestra que entre los pobres, las víctimas del conflicto son los más pobres de los pobres. Ahora, si miramos los niveles educativos de las víctimas y sus ocupaciones, vemos que es una población que fue altamente excluida socialmente”, señaló Luz Patricia Correa, coordinadora del estudio.

Esto supone un gran reto para el Estado de cara a lo que será el proceso de reparación individual a las víctimas del conflicto armado. Jaime Jaramillo Panesso, miembro de la Cnrr, expresó que no pueden generarse falsas expectativas con este proceso, pues si bien se ha dicho que se realizarán los esfuerzos necesarios para reparar de forma digna e integral a todas las víctimas, de seguro los problemas estructurales de la sociedad colombiana continuarán.

“Aquí ni el Estado ni la Comisión va a resolver todos los problemas sociales del país, pero tampoco se trata de llevar a las víctimas a su situación de miseria y exclusión en la que estaban anteriormente. La reparación por vía administrativa y la reparación judicial es para aliviar el dolor de las víctimas”, recalcó Jaramillo Panesso.

“En cuanto al problema de tierras -continuó el Comisionado- es un problema complejo por varias razones: no hay información sobre tierras en Colombia que sea confiable; los datos son muy contradictorios y extraños, y no los hemos decantado. Tenemos otro problema y es que en un conflicto de más de 40 años, la tierra pasa de mano en mano y no podemos quitarle la tierra a unos para meter a otros, eso sería muy grave”.

Las condiciones para la reparación de bienes todavía están siendo estudiadas, según el Comisionado. Pero lo cierto es que para avanzar en la restitución, además de obtener suficiente información, los esfuerzos de las instituciones del Estado deben centrarse en erradicar la pobreza y la exclusión del campo que, históricamente, se ha convertido en caldo de cultivo de múltiples violencias y por evitar que nuevos grupos armados, legales e ilegales, continúen despojando tierras a humildes campesinos.

Ricardo León Cruz