Se mencionan frentes, bloques, corredores de droga, áreas bajo dominio guerrillero, paramilitar, abandonadas por el Estado, por Dios, por quien sea… Cada vez que el tema Acuerdo o Negociación de Paz se menciona, como un intento honesto o desinteresado, todos estos ‘actores’ salen del ‘teatro de guerra’ a uno nuevo: el teatro de paz.

Con o sin sillas vacías, los actores se pelean por el protagonismo: pueden llegar a compartir guiones o, al sentirse en desventaja, modificarlos a su acomodo. Y actúan. Algunos les creen y, en el mejor de los casos, se entregan armas, se firman treguas, se liberan retenidos, se canjean prisioneros y, muy, pero muy excepcionalmente, deciden quedarse con su rol ‘sin armas’ y buscar un camino ‘largo y culebrero’ hacia la DDR (desmovilización, desarme y reinserción). Pero, en medio de este ir y venir de buenos deseos (impartidos con ayudas o con miedo) y demandas históricas (de dos o sesenta años atrás), siempre se relega a un grupo, nada pequeño, a la tarea de observador –en el mejor de los casos–, y, de víctima –en el peor–. A la sociedad civil (que en Colombia se le ha visto ‘reestructurándose’ debido a las grandes marchas de 2008) se le mira de reojo; se le busca para las elecciones, para que acompañe procesos de verdad, justicia y reparación o, parafraseando a Óscar Morales, organizador de la marcha del 4F: “para verla llorar como señal de esperanza” [1] .

Y ahí se le deja: pagando impuestos, coleccionando recortes de realidad según lo que buenamente le den los medios de comunicación y “poniendo los muertos” [2] . La sociedad civil colombiana, en el marco del conflicto armado, está refundida entre actores, leyes y protagonistas. Y es sobre esa sociedad civil en particular, la que no empuña armas para establecer un punto de vista y en la que se encuentran las víctimas, hacia donde debería dirigirse la atención nacional de manera contundente.

En el proceso de la ley 975 de 2005 [3] , más conocida como de Justicia y Paz, las víctimas han recobrado lo que algunos políticos han tildado de “importancia histórica”. Para ganársela, debieron pasar por procesos que parecen calcados de la época de La Violencia; los cortes de franela y de corbata fueron reemplazados por capacitados descuartizadores expertos en motosierras.

A la sociedad civil se le muestra, se le enfoca llorando, se le dan prebendas por votos y se le olvida. Rara vez se le consulta, se le pregunta y lo peor, se le escucha. En los procesos de negociación y paz del país, con guerrillas y paramilitares, esto se ha puesto en evidencia y ha planteado la pregunta: ¿qué país podemos estar ‘refundando’ si dentro de todas las voces que deben ser escuchadas, se ignora la de la ‘gran mayoría’, la de la base social, la de las comunidades que acogen tanto a víctimas como a ex victimarios? [4] El caso del Diálogo Nacional propuesto por el extinguido M-19 en agosto de 1984, es ejemplo de un intento desde la ‘ilegalidad’ por escuchar todas las voces. Antonio Navarro, ex militante del grupo guerrillero, cuenta que el concepto fue acuñado por Jaime Bateman en 1980, y con él lo que planteaba era que el conflicto “sólo podía superarse resolviendo sus causas estructurales, sociales, económicas y políticas mediante el diálogo y la concertación de los colombianos”. Wolf, en el seminario Haciendo paz: reflexiones y perspectivas del proceso de paz en Colombia [5] , narró cómo la única guerrilla urbana que ha tenido el país organizó un sistema de mesas de trabajo para avanzar en ese terreno –baldío durante el gobierno Betancur–. “Las mesas sesionaron durante el período de la negociación en las diferentes ciudades y discutieron sobre las reformas políticas, económicas y sociales que el país necesitaba. Las conclusiones de tales mesas enriquecieron las propuestas que el M-19 levantó una vez incorporado a la vida civil, pero no tuvieron mayor aplicación, excepto las que se convirtieron en normas constitucionales en 1991”.

Pilar Lozano, periodista y corresponsal del diario El País de España, reportó en 1988 la propuesta del grupo guerrillero así: “No es la primera vez que el M-19 propone una gran cumbre para hablar de la paz. Durante el Gobierno de Belisario Betancur, la bandera de este grupo fue la tregua y un diálogo nacional en el que todos los colombianos expresaran sus problemas. Hoy, los que más se oponen a esta cumbre (…) tienen como argumento que no se puede hablar de diálogo en medio de una guerra” [6] . Autores como Peter Waldmann [7] arguyen que, además del aspecto de ‘conversar cuando aún suenan los disparos’, el simple planteamiento de realizar un diálogo de paz que incluya “cuantas voces sea posible”, es un punto de vista que “carece de todo sentido de factibilidad”. Su justificación radica en que “cuanto más amplio sea el círculo de representantes de grupos cuyos argumentos deban ser tenidos en cuenta, tanto más difícil será la tarea de obtener un consenso y una solución para el problema” (2006).

Esta posición, aunque práctica y funcional, presenta un dilema porque mantiene la línea de negociación (amnistías o acuerdos) a cargo de ‘elites’ (políticas y económicas) y grupos armados organizados al margen de la ley; en el caso Colombia, es realmente problemático dilucidar cuál de estos actores representa fielmente los intereses y expectativas de la sociedad civil y de las víctimas en particular. El analista e investigador Darío Villamizar, quien perteneció a la ya mencionada guerrilla M-19, aún conociendo argumentos contradictorios, insistía en 1997 en que “en nuestra peculiar manera de intentar la paz” debemos aprender de los procesos de paz de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en los cuales la sociedad civil y las Fuerzas Militares desempeñaron un papel especial. [8] 11 años después, Colombia sigue distinguiéndose por mantenerlos ausentes.

En este no reconocer al otro y no darle la importancia que se merece, un efecto posible es el acumulativo (indiferencia genera más indiferencia) o, como explica Antanas Mockus Sivikas: “el problema [de la guerra] no es del origen, es el camino de reproducción que yo caracterizaría como atajos violentos. La gente busca resultados y atajos violentos mutuamente escudados. ‘Como usted metió el gol pateándome de tal manera, yo quedo habilitado para patearlo igual’. Una especie de precaria justificación a través del ‘tú también’” [9] . Del obviar al otro, así como de omitir la salida pacífica y negociada (incluyente), el país sólo ha obtenido la reproducción de las formas de violencia: así fue con las guerrillas y lo ha sido con el narcotráfico y el paramilitarismo. Andrés López Restrepo (2005), filósofo y economista que ha publicado varios textos sobre el narcotráfico y su evolución histórica, explica que si bien los grandes capos de la primera generación de narcotraficantes nacieron durante La Violencia y no sólo la ejercieron sino que la llevaron a niveles “sin precedentes” en la historia del país (“narcoterrorismo”), la relación entre ambos fenómenos (la violencia política y la del narcotráfico), “no requiere una explicación cultural en el sentido de que quienes crecieron con la violencia están condenados a repetirla” sino que “la violencia sigue constituyendo en Colombia un camino que permite acceder fácilmente al poder y al reconocimiento. La inexistencia de mecanismos sociales e institucionales para reprimir de forma efectiva el uso de aquella ha dado lugar a la creación de una meritocracia de la violencia”. [10]

En este camino, en el que confluyen las lógicas de lo ‘inevitable’ (“estamos condenados a repetirlo”) o de la meritocracia, como dice López, el concepto resolución del conflicto por la vía del diálogo, la negociación, no ha sido tenido muy en cuenta ni usado con frecuencia. Todos los estamentos de la sociedad, en sus más diversos niveles, se han visto impregnados por la lógica de la salida fácil, tanto así que se afirme que en Colombia la política se hace con las armas y se llegue a afirmaciones como la de R.H. Moreno Durán “la política es tan nefasta que incluso corrompió al narcotráfico”, o la manera como la politóloga y periodista María Jimena Duzán la parafraseó en una entrevista reciente: “hay en nuestro sistema una corrupción tan honda, que hasta corrompió a los narcotraficantes y a la guerrilla”.

Y en un espacio en el que las armas callan los argumentos, las amnistías y las injusticias perdonan los crímenes y en el que las víctimas se sienten nuevamente violentadas por los acuerdos que benefician a los victimarios, puede creerse que el rol de la sociedad civil, en últimas, puede no ser requerido porque las negociaciones y los acuerdos pueden realmente no interesarle a nadie. Pero, “después de 60 años de guerra y casi tres décadas de negociaciones fallidas, ninguna de las partes ha logrado la suficiente ventaja militar para derrotar a la otra. Este conflicto no finalizará en el campo de batalla, será por medio de negociaciones políticas” [11] .

Así que con esta convicción, vale la pena revisar lo expuesto en el documento La solución política negociada: una oportunidad para la democratización de la sociedad en materia del movimiento ciudadano y “el tipo de paz que se quiere alcanzar”: “Para unos sectores, se trata del silenciamiento de los fusiles, de la entrega de armas y de la desmovilización de los guerrilleros que pasarían a actuar en la legalidad política; para otros la paz es mucho más que eso: es la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas que permitan poner fin a una historia de exclusión e inequidad, única forma de sentar las bases de una paz sostenible. Asociado a estos aspectos está el del papel de la llamada sociedad civil en la negociación. Para unos la sociedad no tiene cabida en ella y esta debe estar en manos del gobierno y los alzados en armas, acorde con la concepción de que la paz es simplemente la ausencia de guerra; para otros, la sociedad debe participar proponiendo y decidiendo sobre el contenido de las reformas por adoptar. Este nuevo campo de expresión política (…) [ha] propiciado el acercamiento entre sectores que hasta hace poco no era imaginable que se pudieran encontrar compartiendo espacios y objetivos. En ese sentido ha sido una escuela de democracia en medio de la guerra, y una manera de responder con la movilización masiva al terror y a la intimidación propias de toda guerra” [12] .

Sea confianza, esperanza, convencimiento o simple espera por recibir el respeto y reconocimiento que se merece, la sociedad civil sigue en pie (en pequeñas y medianas organizaciones), esperando el momento histórico en el que, tal vez, sus aportes contribuyan a dejar de atizar la hoguera o impedir que se creen nuevas. Porque estas voces “son tomas de palabra que testimonian la resistencia de una sociedad que no se resigna a dejarse derrotar por la fuerza de las armas. Es en medio de estos intereses, de fuerzas y procesos en acción donde es necesario encontrar los rumbos que le permitan a la sociedad encontrar la salida al laberinto nacional” [13] .

[1] “En la Marcha del 6 de marzo, fue muy noble, bastante esperanzador, ver a madres y abuelas llorando por sus hijos que en este momento están desaparecidos. Ese es el espacio que hay que promover, que las personas, ya que no encuentran justicia en la rama legislativa, puedan por lo menos visibilizar ese dolor que no tendrían otra manera de manifestar”. Intervención en el Foro ‘Las marchas contra las violencias’. 7 de marzo de 2008. Organizado por la revista Cambio, el periódico El Tiempo y Fescol.

[2] “… tanto el establecimiento como la subversión ‘son perdedores’ frente al conflicto interno, y si no se aprovecha la actual coyuntura seguirá perdiendo la sociedad civil, ‘que es la que pone los muertos’”. Hernando Gómez Buendía. Hay que fortalecer el presidencialismo. El País de Cali, 17 de septiembre de 2003.

[3] “(…) El hecho de reparar las víctimas para sanar el pasado y desmontar el grupo armado ilegal para evitar nuevas víctimas hacia el futuro, compensa con creces esta modificación del principio de proporcionalidad de la pena privativa de la libertad, pasando de una justicia retributiva –centrada en el castigo al victimario– a una justicia restaurativa, que busca sanar la sociedad y consolidar la paz nacional”, Ley de Justicia y Paz, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.co (Subrayados del autor).

[4] Y en el peor de los casos, claro está, se les acalla. A agosto de 2007, “el caso de Yolanda Izquierdo, asesinada en enero, se une al de 15 líderes más asesinados y 200 amenazados”, todos ellos representantes de las víctimas del paramilitarismo. Entrevista a Sergio Roldán, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Agosto de 2007.

[5] Auspiciado por la Embajada de Estados Unidos, la Fundación Ideas para la paz, Caracol, RCN, Revista Semana, El Espectador y El Tiempo. Realizado el 30 de enero de 2006.

[6] Pilar Lozano, corresponsal stringer del diario El País de España. 18 de julio de 1988.

[7] Peter Waldmann. Guerra civil, terrorismo y anomia social. El caso colombiano en un contexto globalizado. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2006.

[8] Darío Villamizar. Un adiós a la guerra. Memoria histórica de los procesos de paz en Colombia. Impreandes Presencia Ltda. 1997.

[9] Intervención en el Foro ‘Las marchas contra las violencias’, 7 de marzo de 2008. Organizado por la revista Cambio, el periódico El Tiempo y Fescol.

[10] Conflicto interno y narcotráfico entre 1970 y 2005. Andrés López Restrepo. En: Narcotráfico en Colombia, economía y violencia. Gustavo Duncan et al. Bogotá, 2005, Editorial Kimpres, Ltda.

[11] Marc Chernick. Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto armado colombiano. Ediciones Aurora, 2008.

[12] Jaime Zuluaga Nieto. La solución política negociada: una oportunidad para la democratización de la sociedad. Reflexión política. Año 3, No. 5. Junio de 2001.

[13] Ibid.