Su afirmación fue compartida por otros jóvenes más, quienes confirmaron que en algunas zonas de la ladera nororiental de la ciudad persisten controles sociales por parte de organizaciones ilegales que desarrollan prácticas paramilitares.

Estos jóvenes participaron en la tercera sesión del Comité Municipal de Derechos Humanos, realizada en días pasados en la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, barrio Caicedo, junto a más de cien personas. Allí se revisó de manera colectiva la situación de vulnerabilidad de los derechos humanos de las comunas ubicadas en el norte y centro oriente de la capital antioqueña, conformadas por 105 barrios y habitadas por más de 600 mil personas.

“Los castigos por parte de quienes ejercen el poder en mi barrio son frecuentes”, reconoció Marina, líder colegial. La estudiante llamó la atención de quienes la escuchaban, entre ellos representantes de Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y la Defensoría del Pueblo, pues aseguró que en el vecindario quienes resuelven los problemas de violencia intrafamiliar y las dificultades entre vecinos son “los muchachos”.

“Cuando un señor le pega a su esposa o maltrata a sus hijos, lo que hace la gente es llamar a quienes mandan en el barrio y ellos arreglan el problema. Hablan con la persona, la aconsejan para que eso no vuelva a ocurrir”, explicó Marina. A ella se sumó Amparo, quien dijo que cuando se incumplen las normas “se castiga con golpes y si el problema sigue hacen ir a la persona del barrio”.

Jorge insistió: “es que ellos dominan la vida en los barrios”, y expresó su indignación al reconocer que en su sector también ocurre lo mismo: “es muy grave que la gente no acuda a la ley y llame a esos integrantes de grupos ilegales, eso revela que las comunidades aún les tienen miedo”.

Teresa, otra de las jóvenes participantes, se quejó de la falta de opciones de participación política: “un grupo de amigos y amigas íbamos a participar en la elección de juntas de acción comunal y unos desmovilizados de las autodefensas nos obligaron a retirar la lista porque ellos así lo decidieron. No tuvimos más opción que retirarnos. Es paradójico que insistan en que participemos, pero no nos dejan”.

Lo que más le duele a una de las jóvenes no sólo es tener que “agachar la cabeza” y aceptar que los desmovilizados de las autodefensas “tienen el poder”, sino la indolencia por parte de las autoridades: “La policía sólo pasa por aquí en las motos, no paran, vienen como de paseo, y en muchas ocasiones se ven con los mismos desmovilizados”.

Rocío, una joven estudiante, se atrevió a ir más allá de esta denuncia: “en mi barrio hemos visto que varios policías salen a patrullar de noche y encapuchados: atropellan a la gente, se meten con las muchachas, algunas han sido violadas y ya se han denunciado varios embarazos”.

Durante la presentación pública de las denuncias también se precisaron sitios, entre ellos la terminal de buses del barrio Manrique: “desde ahí manejan el negocio de las drogas y controlan la zona”, dijo un líder barrial.

El trabajo colectivo con las comunidades permitió detectar que en el barrio Caicedo las Estancias se instalaron mecanismos irregulares para extraer agua del sistema de acueducto con los cuales ofrecen, bajo presión, el servicio de lavado de vehículos de transporte público.

Allí también se denunció el cobro irregular de 50 mil pesos semanales a aquellos negocios que tienen máquinas tragamonedas. En ambos casos acusaron a desmovilizados de las AUC que ejercen control en la zona.

Asimismo, varios líderes barriales se ratificaron en sus denuncias contra el hoy detenido Jonh William López, alias Memín, líder desmovilizado de la comuna 8 y miembro de la Junta Administradora Local de esta Comuna. “Hace menos de un año me amenazó, simplemente porque no quise participar en su proyecto político. Desde el momento de su captura la gente se siente más tranquila, pero no lo pueden manifestar porque los muchachos que trabajaban con él anda por ahí, montándole vigilancia a quienes consideran sus enemigos”, sostuvo uno de los líderes presentes en la sesión.

Estas denuncias comunitarias no estuvieron exentas de presiones. En la iglesia donde se adelantaba el trabajo se hicieron presentes cerca de diez personas reconocidas por ser reinsertadas de las AUC. Reticentes a presentarse como tales, se ubicaron estratégicamente en cada una de las cuatro mesas de trabajo y, discretamente, tomaron fotografías de los denunciantes, lo que generó alertas entre los funcionarios de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, quienes procedieron a abordarlos, solicitarles identificación y exigirles el borrado de las fotos.

“¿Si con la gente que hay aquí de Naciones Unidas, la OEA, Defensoría del Pueblo y demás instituciones hay presiones y se siente el miedo, ustedes se imaginan cuando las reuniones sólo son entre los líderes de estas comunidades? Estamos agobiados”, se aventuró a decir un vocero comunitario.

Habla la Personería

Las denuncias de las comunidades llevaron a Jorge Ceballos, coordinador de la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, a ratificar que en los distintos barrios que conforman la zona nororiental de la ciudad se siguen vulnerando los derechos a la vida, la libertad y la seguridad.

“Hay actores ilegales que tienen controles en toda esta comuna nororiental”, declaró Ceballos a la Agencia de Prensa IPC. Aseveró que “los desmovilizados de las AUC siguen teniendo un papel preponderante” y se preguntó si “los desmovilizados siguen actuando como paramilitares o como bandas de narcotraficantes. Eso habrá que develarlo”.

Dos circunstancias le preocuparon a Ceballos: la ausencia de autoridad estatal y el rol de poder que aún tienen los reinsertados de la AUC. “Fue una queja constante de las comunidades la falta de autoridades. Y cuando hablamos de autoridades no sólo nos referimos a la policía, hablamos de todo aquel funcionario que representa autoridad en la ciudad: inspectores de policía, jueces de familia”.

Sobre aquellos que de manera ilegal se han convertido en agentes de poder dijo: “la gente que impone normas de vida hace el papel de agente estatal, y quien hace el papel de agente estatal está tomándose unas atribuciones paraestatales; y si está armado, también juega como actor paramilitar”.

En cuanto a la presencia de un grupo de personas desmovilizadas, Ceballos expresó inquietud, pues éstas no se presentaron ni expresaron sus deseos de participar en los procesos de discusión que se adelantaban en la iglesia. “Lo problemático fue que varios de ellos se dedicaron a tomar fotografías a los asistentes y a amedrentarlos con sus miradas y actitudes”, precisó el funcionario.

La situación tensionó la sesión de trabajo y llevó a Ceballos a solicitar refuerzos policiales para acompañar la salida de los participantes al final de la jornada. “Hay que exigirle a las autoridades de policía y de gobierno protección para las personas que formularon denuncias hoy”, reclamó el personero delegado para los derechos humanos.

Frente a las voces de inconformidad que se le escucharon a varias mujeres reinsertadas, pues consideraron que las denuncias “atacaban el proceso de reinserción”, Ceballos fue claro al desvirtuar esa idea y precisó que son bienvenidos aquellos desmovilizados que no están delinquiendo, “pero los que no están es necesario judicializarlos, pues las comunidades no pueden seguir viviendo en esa zozobra”.

Ceballos explicó que pondrá en conocimiento del alto mando policial las denuncias sobre los agentes. A su juicio, las comunidades esperan que además de ejercer el monopolio sobre la fuerza, la policía sea legitimada, reconocida por las comunidades y desligada de grupos delincuenciales.

Al final de la sesión, el coordinador de la Unidad Permanente de Derechos Humanos (Updh) de la Personería de Medellín destacó ese ejercicio colectivo, que muestra nuevas dinámicas sociales: “Hay una comunidad que está rompiendo la ley del silencio y se atreve a denunciar”.