La incautación es para todas las empresas relacionadas con el Grupo Isaías, al cual pertenecía el quebrado Filanbanco, incluyendo empresas agrícolas, de comercio, de seguros; de construcción; medios de comunicación, yates, aviones y otro tipo de bienes inmuebles.

Luego del atraco bancario, los hermanos Roberto y William Isaías fugaron a Miami, lugar desde el cual continuaba viviendo de las ganancias de sus empresas, mientras utilizaban sus estaciones de televisión TC, Gamavisión y Cablevisión, para presionar a la justicia para que todo quede en la impunidad.

El atraco bancario de 1999 fue el inicio de una masiva migración de ecuatorianos y ecuatorianas que perdieron sus ahorros. Cientos de empresas quebraron y el desempleo alcanzó el 20%. La pobreza aumentó en cifras alarmantes, por lo cual millones de ecuatorianos se arriesgaron a buscar una vida mejor cruzando el Atlántico. Al mismo tiempo, el entonces presidente Gustavo Noboa realizó una renegociación de bonos de la deuda externa, que favoreció únicamente a los acreedores de la deuda.

La intervención directa de la AGD en las empresas deudoras garantiza la devolución del dinero a cientos de ciudadanos a los que nunca se les devolvió el dinero luego de la quiebra de Filanbanco. El gerente de la AGD, Carlos Bravo, ha manifestado que se asegura la estabilidad laboral de los empleados de las empresas incautadas para que estas sigan
funcionando con normalidad.

El Ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, renunció hoy por no estar de acuerdo con el proceso de incautación. Fue reemplazado por la economista Wilma Salgado Tamayo, quien acaba de ser amnistiada por la Asamblea Nacional Constituyente, tras haber sido perseguida por los banqueros en las cortes de justicia cuando presidía la AGD.

Aunque algunos periodistas y medios pretenden desinformar sobre el proceso de recuperación de activos de Filanbanco señalando que constituye un atentado a la libertad de expresión, esta medida incluye a todas las empresas del grupo Isaías, enmarcado en el artículo 29 de la Ley de la AGD que establece que “los administradores… garantizarán con
su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera… y la AGD podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras se prueba su real propiedad…”

Los canales de televisión que pertenecían al grupo Isaías siguen funcionando normalmente, pero bajo administración del Estado.

Esta no es la primera vez que en Ecuador se producen incautaciones para asegurar la devolución de recursos a favor del Estado y de los
ciudadanos. En marzo de 2002, por ejemplo, la AGD incautó las acciones de Diario El Telégrafo y las Empresas Eléctricas de Guayaquil, EMELEC, formadas con fondos de Banco del Progreso, cuyo presidente era Fernando Aspiazu. La incautación al Grupo Isaías debió realizarse hace 10 años. Pero más vale tarde que nunca.

(*) Nota publicada por la agencia ALAI (http://alainet.org)