No pocas son las responsabilidades aún no aclaradas o individualizadas de las miopes castas políticas peruanas que ayer, como hoy, ignoraban asuntos fundamentales del drama nacional. Así surgieron conflictos desde la misma génesis fundacional de la república. En Las veleidades autocráticas de Simón Bolívar, Tomo IV La guerra de límites contra el Perú, el embajador Félix C. Calderón revela por vez primera y con abundancia de detalles estos intríngulis escabrosos. Y hay que decirlo con voz bronca: aberrantes. Los artículos a continuación, a modo de resumen, sintetizan capítulos mantenidos en tinieblas durante decenios. (hmr)

La obsesión de Simón Bolívar por Jaén y Maynas (I) por Félix C. Calderón

“Peruanos: el campo de batalla que sea testigo del valor de nuestros soldados, el triunfo de la libertad: ese campo afortunado me verá arrojar de la mano la palma de la dictadura; y de allí me volveré a Colombia con mis hermanos de armas, sin tomar un grano de arena del Perú (sic), dejándoos la libertad (en cursivas en el original).” (Proclama de Trujillo de 1 de marzo de 1824 en Manuel de Odriozola: Op. cit.- Tomo VIII).

¿Por qué decimos que el dictador Simón Bolívar se obsesionó por arrebatarle al Perú Jaén y Maynas, no obstante haberse comprometido de diferentes maneras desde mucho antes a respetar el uti possidetis de 1809 y a no tomar un grano de arena del territorio peruano? La que sigue es una historia de cómo, quien se decía respetuoso de los derechos de los pueblos, obró clandestinamente para crear un derecho allí donde no existía y, luego, trabajó para afirmarlo gracias al colaboracionismo de peruanos intonsos, prestos a venerarlo por no tener arraigado un elemental sentido de patria o vivir alienados por la cortesanía colonial. Al parecer, el comportamiento de esta casta política mediocre siguió siendo el mismo de la era colonial, subordinado al poder supremo, con la diferencia que Bolívar jugaba para sí en función de su propio proyecto, lo cual no tenía por qué ir a favor del Perú. Y esto, no fue percibido por esos aprovechados peruanos que lo rodearon como moscas desde su llegada a Lima en setiembre de 1823.

Por eso, para explicar mejor esta historia absurda en que fueron desgraciadamente representantes peruanos quienes contribuyeron a dar pie a la osadía bolivariana, de allí las dotes de gran titiritero que le reconocemos a Bolívar, parece conveniente, primero, recordar el marco legal al final del periodo colonial que definía los límites o fronteras entre los virreynatos del Perú y Santa Fe. A continuación se hará un recuento de las negociaciones bilaterales, prematuramente precipitadas por Bolívar en 1822 y continuadas en 1823 y 1826. Finalmente, se analizará el Tratado de Guayaquil y la zaga vergonzosa que descalifica por siempre jamás a los peruanos que se prestaron a esa temeraria componenda.

Por Real Cédula de 15 de julio de 1802, las Misiones de Maynas fueron anexadas al Perú, mejor dicho regresaron a su jurisdicción. Los territorios involucrados en ese real mandato eran inmensos: “el Gobierno y Comandancia General de Maynas (sic), con los pueblos del Gobierno de Quijos, excepto el de Papallacta, por estar todos ellos a orillas del río Napo o en sus inmediaciones, extendiéndose aquella Comandancia General, no solo por el río Marañón abajo, hasta las fronteras de las colonias portuguesas, sino también por todos los demás ríos que entran al mismo Marañón por sus márgenes septentrional y meridional, como son Morona, Huallaga, Pastaza, Ucayali, Napo, Yavarí, Putumayo, Yapurá y otros menos considerables, hasta el paraje en que estos mismos por sus saltos y raudales inaccesibles dejan de ser navegables; debiendo quedar también a la misma Comandancia General los pueblos de Lamas y Moyobamba, para confrontar en lo posible.” (Ricardo Aranda: Colección de Tratados, Convenciones, Capitulaciones y Armisticios.- Tomo I.- Imprenta del Estado.- Lima, 1890).

Es decir, la Comandancia General de Maynas, aparte de comprender el vasto territorio de Quijos, se extendía “hasta las fronteras de las colonias portuguesas.” Asimismo, comprendía las márgenes izquierda y derecha del Marañón-Amazonas, involucrando por la margen izquierda a los ríos Morona, Pastaza, Napo y Putumayo (“Canelos en el río Bombonaza” y “las misiones situadas en la parte superior del mismo río Putumayo, en el Yapurá llamadas de Sucumbios”). Dicho de otra manera, el Virreynato de San Fe (hoy en día Colombia y Ecuador en los meridianos en cuestión) fue en 1802 cercenado en toda la porción amazónica “por la conveniencia de confrontar, en cuanto fuese posible, la extensión militar de aquella Comandancia General de Maynas, con la espiritual del nuevo Obispado, debía éste dilatarse no solo por el río Marañón abajo hasta las fronteras de las colonias portuguesas; sino también por los demás ríos que en aquel desembocan, y atraviesan todo aquel bajo y dilatado país de uniforme temperamento, transitable por la navegación de sus aguas, extendiéndose también su jurisdicción a otros Curatos que están a poca distancia de los ríos, con corto y fácil camino de montaña intermedia, a los cuales por la situación en que se hallan nunca los han visitado sus respectivos Prelados diocesanos a que pertenecen.”

Por consiguiente, queda evidenciado que lo que fue parte del Virreynato del Perú desde 1542 regresó a su seno en 1802, ejecutándose la decisión real en 1803. Ergo, si todo era tan claro como el agua ¿cómo explicar esa ambición obsesiva de Bolívar por Jaén y Maynas? No se puede decir que desconocía la Real Cédula de 1802; por cuanto en una carta a Santander de 29 de julio de 1822, reconoció su existencia (“por una real orden muy moderna”). ¿Por qué, entonces, torpemente él y su gobierno se ciñeron al uti possidetis de 1809, si sabían que en ese asunto llevaban las de perder? A decir verdad, falso problema creado por un falso libertador en que no se descarta la conspiración tenebrosa contra el Perú para debilitarlo, para convertirlo en un mero Estado tampón. Pues, existe la posibilidad que Bolívar y sus seguidores en la Colombia de la tres hermanas pudieran haber tenido el convencimiento de que la casta política peruana, improvisada como era por la destrucción del poder administrativo en el Perú, no tenía idea de lo que se hablaba y, por lo tanto, se trataba de pescar a río revuelto. Una carta cursada a Bolívar por Tomás Cipriano de Mosquera, de fecha 26 de octubre de 1829, nos da el hilo de la madeja para hacer esta suposición:

“Felicito a V. E. muy cordialmente por la ratificación de los tratados de paz (…). En los documentos que me entregó el general Espinar para la legación de que he sido encargado hay una copia de la Real Cédula española que mandó agregar en 1803 la provincia de Mainas al Perú. Según se deduce de las comunicaciones de Joaquín, mi hermano, cuando estuvo encargado de esta misión, no la hay en el Perú (sic), y parece que se quemó en el archivo del Gobierno. Por tanto, deberé manejar los negocios apoyándome en la Cédula que agregó la Presidencia de Quito al Virreinato de Nueva Granada; pero en caso de que me presenten documentos fehacientes, desearía tener instrucciones sobre el particular, pues como el artículo 5 del tratado sienta por bases el uti possidetis de 1809, podrían con justicia (sic) reclamar la ribera izquierda del Marañón (sic). Creo, sin embargo, que todo se podrá conseguir conforme a las instrucciones; pero quiero hacer esto presente a V. E. para su resolución.” (Daniel 0’Leary: Op. Cit.- Tomo 9).

Aquí está, pues, el origen de una controversia que el Perú injustamente tuvo que mantener con Colombia y Ecuador por más de cien años. Por culpa de la ambición obsesiva del caudillo Simón Bolívar y la ignorancia supina de quienes tuvieron la enorme responsabilidad de manejar en Lima los asuntos de la naciente República, el Perú fue víctima desde su nacimiento como República de esa trágica confabulación o cruce de veleidades, sellando su destino adversamente. Con base en lo que el mismo Bolívar preconizaba y lo que se convino en el Tratado de Jirón, jamás los Estados sucesores de la Colombia bolivariana debieron acceder al Marañón-Amazonas. El mismo representante que participó en las tratativas preambulares de las que años más tarde emergió por arte de magia un documento apócrifo denominado pomposamente protocolo Pedemonte-Mosquera, lo admitió ese 26 de octubre: “Según se deduce de las comunicaciones de Joaquín, mi hermano, cuando estuvo encargado de esta misión, no la hay en el Perú (sic), y parece que se quemó en el archivo del Gobierno. Por tanto, deberé manejar los negocios apoyándome en la Cédula que agregó la Presidencia de Quito al Virreinato de Nueva Granada; pero en caso de que me presenten documentos fehacientes, desearía tener instrucciones sobre el particular, pues como el artículo 5 del tratado sienta por bases el uti possidetis de 1809, podrían con justicia (sic) reclamar la ribera izquierda del Marañón.”

“Con justicia”, “parece que se quemó”, “pero en caso me presenten documentos fehacientes”, “el artículo 5 del tratado sienta por bases el uti possidetis de 1809”, etc. En suma, las pretensiones amazónicas surgidas en los tiempos de Bolívar descansaban en el imaginario por estar fundadas en la mentira, la sorpresa artera y la guerra injusta. No había ignorancia, eran perfectamente conscientes los bolivaristas de lo que hacían, pero jugaron a sorprender a la manga de mediocres que campeaba en el poder Lima y lo lograron.

Tomás Cipriano de Mosquera era un hombre honesto al punto de haber sido quien reveló que José Faustino Sánchez Carrión fue envenenado por el venezolano Tomás de Heres (véase Tomo Primero: La usurpación de Guayaquil). Fue también honesto cuando reconoció que el ajusticiamiento de Juan de Berindoaga era un acto arbitrario de Bolívar (véase el Tomo Tercero: Descodificando la creación de Bolivia). Por tanto, en esa carta volvía a dar otro ejemplo de su miedo a actuar incorrectamente. Le decía a Bolívar que tenía copia de la Real Cédula que devolvía Maynas al Perú y que, por ende, temía que los peruanos pudieran invocarla, aun cuando su hermano Joaquín había adquirido la certeza en Lima de que ese documento no lo conocían los peruanos. Por eso, se consolaba a sí mismo al final anotando que “todo” se “podía conseguir conforme a las instrucciones” recibidas.

Y es aquí cuando cobra sentido la denuncia que hizo Alberto Ulloa Cisneros, jefe del Archivo de Límites de la Cancillería peruana, a propósito del Tratado de Jirón, en la exposición que se incluyó en la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1897, que se lee como sigue: “Cuando se estudia con calma el curso de nuestras cuestiones de límites i se recorre los debates i negociaciones habidas desde 1823, lo primero que llama la atención es la ignorancia en que se hallaban la mayor parte de los Gobiernos i Plenipotenciarios peruanos sobre la verdadera extensión de nuestros derechos i de los títulos que los sustentan. Discutían acogidos a la doctrina del uti possidetis sin poder medir su valor y alcance, preconizaban el principio de los límites coloniales sin conocer, o por lo menos, sin aplicar, los actos regios que los demarcaban; i trazaban en las instrucciones, en los convenios o en los protocolos que los precedían, líneas arcifíneas o imaginarias, sin más elementos que las erróneas cartas de la época (...). Se veía, por eso, al Plenipotenciario del Perú en las conferencias de 1829 señalar como lindero septentrional del Virreynato de Lima, el curso del río Chinchipe y del río Marañón hasta las fronteras de las colonias portuguesas, i al general Bolívar reclamar en 1830, la provincia de Huancabamba y parte de Ayabaca como pertenecientes a la Presidencia de Quito.”

Ignorancia supina para ser benignos, pero en puridad falta de sentimiento patriótico y de celo intransigente por lo que era nuestro, porque como hemos visto, la Real Cédula de 1802 era clarísima y el sicofante de la libertad lo sabía. Pero, el Perú era manejado por una casta de aprovechados que lo único que les interesaba parecía ser como uncirse al carro del nuevo mandamás. Punto. Lo hemos visto en los tres primeros tomos de la serie Las veleidades autocráticas de Simón Bolívar. Les llegó la república y seguían pensando y actuando en términos coloniales. Hagamos un recuento sumario de cómo llegó, desgraciadamente, a generarse el problema de Jaén y Maynas, inexistente en 1821.

Inicialmente, la controversia entre la Colombia bolivariana y el Perú sobre Jaén y Maynas fue provocada por el malagradecido Antonio José de Sucre, quien pese a deberle al apoyo oportuno del Perú el triunfo en Pichincha (véase Ricardo Aranda: Op. cit.- Tomo 3, págs. 326-356), no tuvo reparo en ordenar al Gobernador de la Provincia de Jaén, en su condición de Intendente del Departamento de Quito, mediante oficio de fecha 22 de julio de 1822, la jura de obediencia y respeto de la Constitución de Colombia. Antes, el 20 de junio, el plenipotenciario colombiano Joaquín Mosquera que prematuramente visitaba Lima con miras a apurar un tratado de límites con el naciente Estado peruano que no se definía todavía como República, remitió una nota al Gobierno provisorio haciendo ver, falazmente, que la Guía de 1797, tomada como base de las poblaciones que habitaban las Intendencias para las elecciones de diputados al Congreso peruano, no incluía a Maynas y Quijos, “porque desde el año de 1718 hacían parte del territorio que fue conocido con el nombre de Nueva Granada.” (Ricardo Aranda: Op. cit.).

Como se va a demostrar más adelante, esa nota de Joaquín Mosquera no se basaba en el desconocimiento de la Real Cédula de 1802, sino en la cuasi convicción de que la casta política peruana la ignoraba, lo que explica que se hubiera tomado en Lima la Guía de 1797 como referencia para las circunscripciones electorales, documento referencial que no estaba, por cierto, al día. Es decir, su hermano Tomás Cipriano Mosquera no se equivocó ese 26 de octubre de 1829. Es probable que en el sospechoso incendio de los archivos gubernamentales que se produjo en Lima cuando ya era evidente que la expedición del indolente general San Martín había fracasado en el Perú, muchos documentos valiosos fueran devorados por el fuego, entre ellos la copia de la Real Cédula de 1802, como también lo supuso Mosquera. Todo lo cual nos lleva a una situación que no ha sido ampliamente estudiada por los historiadores peruanos: la del vacío de poder por el colapso del poder administrativo que se genera en Lima, sede de una eficiente administración colonial, con el ingreso de las tropas de San Martín a Lima. (Continúa mañana).