En septiembre próximo el movimiento sindical prevé hacer un paro cívico nacional de consecuencias impredecibles, pues –según Francisco Hernández Juárez, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)– el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ha negado toda posibilidad de acuerdo entre el sindicalismo y las autoridades. Mientras los representantes de trabajadores organizados en la UNT piden respeto a la autonomía de los sindicatos, así como un aumento salarial de emergencia para hacer frente al alza de precios en los productos básicos, el secretario desconoce a líderes como el charro Napoleón Gómez Urrutia, representante de los mineros en México, quien se encuentra en el exilio dado su enfrentamiento con el gobierno actual.

Después de dos marchas multitudinarias convocadas por la UNT en lo que va del calderonismo, el líder de esta unión considera que hay una negación del gobierno federal para aplicar un aumento de emergencia salarial a favor de la clase trabajadora.

—Parece ser que el gobierno tiene bien definido su camino. Va derecho y no se quita. Toman a burla nuestras manifestaciones, pero ante la falta de voluntad del gobierno, los campesinos, trabajadores y organizaciones sociales debemos darle para adelante con las medidas de presión que tenemos planeadas.

Luego de aclarar que los sindicatos agrupados en la UNT no abandonarán el punto de contacto y de diálogo que haya con la administración de Felipe Calderón, el también líder de los telefonistas resalta que desde 1976 no ha habido un aumento de emergencia para la clase trabajadora, por lo que se ha perdido más del 70 por ciento del salario.

Dentro de las medidas de presión por parte de algunas organizaciones sociales, campesinas y magisteriales se prevé que, antes del paro cívico, se tomarán diversas oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

“Espero que no haya un momento de turbulencia y de violencia. El gobierno y los dueños del dinero tienen la palabra, porque no es con asistencialismo ni con limosnas como se van a resolver la cosas; se requiere de una economía capaz de dar respuesta a las necesidades de la población. Los sindicatos decimos: ‘ya basta’, porque si seguimos con esa política económica que margina a las mayorías del país, en algún momento la situación les va a estallar en las manos”, advierte Hernández Juárez.

Considera que un paro nacional será posible en septiembre debido a que “los trabajadores han sido afectados por las políticas antisindicales del secretario del Trabajo y es momento de defender la libertad sindical, hasta las últimas consecuencias”.

Burócratas se sumarán a las protestas

Dos millones de trabajadores al servicio del Estado –quienes viven con incertidumbre por el aval que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)– podrían incorporarse a las protestas. Los burócratas tendrían la capacidad de poner en riesgo la estabilidad del país entero. Aun así, los distintos sindicatos de la burocracia se alistan para efectuar paros laborales, marchas y manifestaciones nacionales.

El doctor Enrique Hanff Vázquez, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF), asegura que “no es intención de la burocracia de la Ciudad de México llegar a medidas radicales, pero jueces y magistrados no han tomado en cuenta la situación que viven los trabajadores al servicio del Estado, a quienes pretenden quitarles algunos de sus derechos a través de la nueva Ley del ISSSTE”.

El presidente Felipe Calderón debe entendernos, reclama el líder sindical: “Para gobernar a un país hay que saber a quién se gobierna; hacemos ese llamado al mandatario, que nos escuche por lo menos 30 minutos, no sería una plática política, sino que deseamos exponerle nuestra realidad. Queremos que el presidente vea que nuestros salarios están por debajo de los demás servidores públicos, que no se nos ha homologado”.

Agrega que los jueces y magistrados “deben dejar por un momento sus sillones, sus cómodas oficinas, y ver la realidad: los trabajadores que hacen funcionar la administración pública en la Ciudad de México no ganan más de 1 mil 200 pesos quincenales para mantener una familia de cinco o seis integrantes. Algunos compañeros trabajadores viven de la limosna prácticamente”.

En abril de 2007 el SUTGDF, que aglutina a más de 98 mil trabajadores y se divide en 39 secciones, renunció a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, por considerar que Joel Ayala Almeida ha abandonado las causas de la burocracia.

De sumarse al paro nacional, en la Ciudad de México se podrían interrumpir los siguientes servicios: limpia y recolección de basura; operación hidráulica, encargada no sólo de hacer llegar el agua a los millones de hogares sino de limpiar el drenaje profundo; atención y manejo de los reclusorios, centros penitenciarios y de readaptación social; atención en las oficinas de la Tesorería y de Administración Tributaria; asistencia e información por teléfono, Locatel; asfalto, pavimentación y alumbrado público; panteones; registro civil; conciliación y arbitraje; hospitales y clínicas; centros sociales y deportivos. Ante este panorama, Enrique Hanff advierte que los trabajadores no buscan afectar a la ciudadanía.

Campesinos, sin opciones

Otro sector afectado por la crisis alimentaria y las políticas gubernamentales es el campesino. “El gobierno federal apuesta en forma descarada a favor de los agricultores extranjeros”, dice Cruz López Aguilar. El presidente de la Confederación Nacional Campesina asegura que la administración de Felipe calderón “miente” respecto de los insumos supuestamente entregados a los campesinos.

Raúl Meneses Rodríguez, líder juvenil de esa organización, advierte que los campesinos jóvenes de México están decepcionados del gobierno de Calderón, porque “ha pintado un campo de azul de acuerdo con sus intereses partidistas”.

Agrega: “Hemos solicitado varias entrevistas con el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, y la respuesta ha sido la indiferencia. Son incongruentes, no gobiernan para todos; son insensibles con los más pobres, que son los campesinos y los indígenas”.

Revista Contralínea / México Fecha de publicación: 15 de julio de 2008 | Año 7 | No. 106

México, ingobernable: Fausto Trejo

El doctor Fausto Trejo, quien fuera preso político en 1968 por representar a la Coalición de Maestros durante el movimiento estudiantil, asegura que “ya se está sintiendo la carestía. La lucha contra el narcotráfico no es más que una patraña exhibicionista que está provocando una serie de matanzas, es una lucha despiadada contra la población, contra los civiles. Hay un promedio de 12 asesinatos diarios”. El luchador social dice que la ingobernabilidad que vive el país responde, también a que Felipe Calderón es un presidente “comprometido con intereses trasnacionales”. Como en 1971 Luis Echeverría tenía sus halcones para golpear a los maestros, “ahora Calderón tiene sus halcones para vender la patria”. —La crisis política del gobierno se nota en los presos políticos: hay cerca de cinco decenas de éstos. Ése es un atentado contra la libertad. Calderón está como cuando Gustavo Díaz Ordaz desató la represión en 1968. (JG)