Agustín Carstens se ha convertido en el funcionario que reparte más perdones fiscales, de manera discrecional, en los 19 meses que lleva al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Hasta principios de julio había decidido sobreseer –luego de intensas negociaciones– los expedientes abiertos contra tres empresarios supuestamente evasores de impuestos. Dos de ellos: Alfredo Miguel Afif, del grupo Miguel, e Ivonne Lidia Bardor Kaess, del Grupo Tebo. De acuerdo con funcionarios de la SHCP –quienes solicitaron mantener bajo reserva su identidad, pero que se han acreditado plenamente ante Fortuna– las negociaciones en favor del texano-mexicano Alfredo Miguel Afif y su hermano Javier, fueron encabezadas por el abogado Pedro Solís Cámara, esposo de la hermana del secretario de Hacienda Agustín Carstens. Para confirmar esta información se buscó insistentemente al abogado fiscalista por conducto de su secretaria, pero nunca autorizaron la entrevista.

Sin embargo, el hijo de Alfredo Miguel Afif, de nombre José Miguel, confirmó la intervención de Pedro Solís Cámara en las negociaciones con Hacienda. “Me reuní con este abogado y le platiqué todo el caso. Él me ayudó en hacer a recomendación para que solucionara el problema”, dice.

Los tres perdones fiscales realizados durante el primer año de gobierno de Felipe Calderón se suman a los nueve otorgados por el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada.

Los secretarios de las últimas tres administraciones priistas no condonaron, de manera discrecional, a nadie. Fue hasta la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República, y de Gil Díaz a la SHCP, cuando se invocó el controvertido artículo 92 del Código Fiscal de la Federación para sobreseer los expedientes abiertos contra nueve personas y cancelar las órdenes de aprehensión.

De acuerdo con la respuesta de la SHCP a la solicitud de información 0000600100707 –formulada por Fortuna– “de enero de 2000 a diciembre de 2006 se hicieron nueve peticiones de sobreseimiento de procesos penales relativos a delitos fiscales”.

Sin embargo, la dependencia gubernamental se negó a proporcionar los nombres de los beneficiados del sobreseimiento, así como el monto total del dinero involucrado.

El Comité de Información de la SHCP –integrado por Héctor de la Cruz Ostos, director de Recursos Humanos; Rafael Sandoval Giles, jefe de la Unidad de Legislación Tributaria, y Suhaila María Núñez Elías, titular del Órgano Interno de Control– adujo que, de revelar la información de expedientes concluidos, estaría violando los secretos comercial, fiscal, bancario y fiduciario. Así, la dependencia reservó “en todas sus partes” y por 12 años los expedientes solicitados por Fortuna.

De acuerdo con fuentes de la SHCP, los perdonados por el foxismo serían: David Peñaloza, de Trituradores Basálticos, Tribasa; Alonso Ancira, de Altos Hornos de México (AHMSA); Xavier Autrey, también de AHMSA y Satmex; y, entre otros empresarios, Manuel Rodríguez Arreguí, del Consorcio Azucarero Escorpión, Caze, y posteriormente subsecretario en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Además, también habrían sido perdonados personajes de la farándula como Adalberto Javier Ramones Martínez –Adal Ramones–; Verónica Judith Sainz Castro –Verónica Castro–, y Silvia Pinal Hidalgo –Silvia Pinal–.

El perdón fiscal otorgado a Alfredo Miguel Afif por parte de Agustín Carstens –entusiasta promotor de nuevos gravámenes para contribuyentes cautivos, como el Impuesto Empresarial de Tasa Única– habría sido a cambio de que el texano-mexicano cediera los negocios que SACSA, empresa del grupo Miguel, mantenía en el aeropuerto de Toluca.

El despacho que formalmente defiende a los Miguel es Alonso, Concha y Compañía. Sin embargo, el hijo de Alfredo Miguel, José Miguel –en entrevista– confirma que las gestiones ante el secretario Agustín Carstens en su favor han sido realizadas por Pedro Solís Cámara, cuñado del propio titular de la SHCP.

La relación entre los Miguel y los Solís Cámara no es nueva. Cuando Fernando Solís Cámara se desempeñaba como vocero de la campaña de Francisco Labastida a la Presidencia de la República, SACSA –la empresa de los Miguel– prestó una de sus unidades para el traslado del candidato priista.

Ahora, gracias a las gestiones de Pedro Solís Cámara, a los Miguel se les han sobreseído tres expedientes por evasión de impuestos.

Oficio de papel –columna del periodista Miguel Badillo– dio a conocer el 23 de junio pasado los nuevos perdones fiscales del panismo y el papel que desempeñaba en uno de ellos el abogado y cuñado del secretario de Hacienda. Badillo señaló que serían sobreseídos tres expedientes contra los Miguel Afif y uno contra Bardor Kaess. El 27 de junio Abel Barajas publicó en el diario Reforma que serían sobreseídos cuatro expedientes contra los Miguel. El monto de la defraudación ascendería a 140 millones de pesos.

Otro de los perdones concedidos es a la odontóloga Lourdes Bardor, el cual podría poner punto final al caso del desmembrado Grupo Tebo, iniciado en el sexenio de Vicente Fox. Presa durante los últimos cinco años, la doctora fue la única integrante de la familia Bardor y del Consejo de Administración del Grupo Tebo que pisó la cárcel. Los demás aún se encuentran prófugos.

De acuerdo con el expediente 337/02-EE1 de la Dirección General de Asuntos Policiales e Internacionales e Interpol del Área de Enlace Externo de la Procuraduría General de la República, los directivos de Tebo que se encuentran prófugos son: Samuel Bardor Kaess, Teodoro Bardor Kudisch, Rita Kaess Schneider y Miguel Marbán Aguilar.

Los casos de sobreseimiento de expedientes, a petición del secretario de Hacienda, durante el gobierno de Vicente Fox, tuvieron lugar entre octubre de 2004 y julio de 2006. De acuerdo con la respuesta de la SHCP a una segunda solicitud de información de Fortuna (0000600148607), dos perdones se otorgaron el 4 de octubre de 2004; uno, el 10 de mayo de 2005; uno, el 17 de mayo de 2005; tres, el 16 de junio de 2005; uno, el 4 de julio de 2005, y el último, el 28 de julio de 2006.

El asidero jurídico de la facultad discrecional del secretario de Hacienda para perdonar a los evasores fiscales se encuentra el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación: “(…) los procesos por los delitos fiscales (…) se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal formule conclusiones, y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera”.

Para el analista económico Mario Di Costanzo, secretario de la “hacienda pública del gobierno legítimo”, el perdón fiscal es “un instrumento que reafirma toda la discrecionalidad que tiene la Secretaría de Hacienda para la administración tributaria; el talón de Aquiles del sistema tributario mexicano es, precisamente, la discrecionalidad”.

Sin embargo, argumenta Di Costanzo, con el perdón fiscal también se estaría violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que “cuando se condona una deuda fiscal, se genera una pérdida para el país: se está adquiriendo una deuda, puesto que hay recursos que no se cobraron”.

Lamenta que en estas decisiones el Poder Legislativo se encuentre al margen. “Debiera de ser la Cámara de Diputados la que, año con año y después de que Hacienda presentara un análisis de a quién y qué se está perdonando, diera su afirmativa o su negativa, porque finalmente son recursos públicos que se dejan de ingresar a las arcas nacionales. Es un daño patrimonial que, al menos, debería de estar sancionado por la propia Auditoría Superior de la Federación y por la Cámara de Diputados”.

Agrega que aunque la figura conocida popularmente como perdón fiscal se estableció para “generar inversión”, actualmente “la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para perdonar, sin que el Congreso lo sepa, se ocupa para darle un tratamiento preferencial a ciertos grupos y empresas”.

Por su parte, el secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Antonio Soto, reconoce que las reformas fiscales aprobadas por el Poder Legislativo el año pasado no acabaron con la discrecionalidad de la SHCP. “Hubo artículos que no se modificaron en nada. Sólo se modificaron algunos. El perdón fiscal se quedó y persiste la discrecionalidad. El secretario de Hacienda o altos funcionarios pueden decir: ‘A ti te perdono y a ti no’. A unos los meten a la cárcel, mientras que otros viven en un paraíso fiscal personalizado”.

El legislador por el Partido de la Revolución Democrática considera que el gobierno federal no desea modificar el artículo 92 del Código Fiscal Federal, “porque quiere guardar ese nicho de perdón, para favorecer o castigar empresarios”.

A decir del diputado por el Partido Revolucionario Institucional Ismael Ordaz Martínez, también secretario de la Comisión de Hacienda, “no existe ningún sobreseimiento. Que haya una condonación de impuestos no está en el marco jurídico. Yo no veo nada… no hay sobreseimiento de impuestos”.

Sin embargo, al inquirirle acerca del artículo 92 del Código Fiscal Federal, recapacita: “Es el marco legal al que estamos sujetos; pero claro que no deben haber excepciones. Las reglas actuales deben verificarse”.

En la bancada parlamentaria del Partido Acción Nacional no hubo quien aceptara referirse al tema del perdón fiscal. Tampoco la Secretaría de Hacienda fijó posición al respecto.

Sobreseimientos durante el calderonismo

Tres, a los Miguel Afif Uno, a Lidia Bardor Uno a un empresario sin identificar

Julio 15, 2008