En el tema referido a los derechos a la comunicación, la Mesa 1 de la Asamblea Constituyente al parecer se dejó ganar por el temor a los falsos cucos de independencia, imparcialidad, pluralismo, etc., con los que la maquinaria mediática del poder sustenta su manipulación a las masas.

Los asambleístas de País retrocedieron en sus planteamientos iniciales que tanto escozor causaron a sectores de la derecha y a defensores del statu quo, durante el primer debate realizado el 22 de mayo pasado. Estos temas se refieren al control estatal-social de los contenidos de los mensajes de los medios de comunicación. El artículo para primer debate planteaba: “El Estado controlará la emisión de publicidad y programas que induzcan a la violencia, el racismo, la toxicomanía, el comercio sexual, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y a todo cuanto afecte a los derechos fundamentales”. Ahora, en el informe para segundo debate se sostiene que: “se llegó a la conclusión de que la redacción de los artículos evidenciaba un exceso de control oficial en el ejercicio de estos derechos, situación que hemos aclarado en esta segunda propuesta”. Por tanto: “se eliminó el control estatal sobre publicidad y programación que podría interpretarse como un elemento totalitario, que implique una cultura oficial o un pensamiento único, finalidad que no era la buscada por los integrantes de la mesa”. Sin duda un retroceso, ya que el artículo anterior, como vemos, planteaba de manera específica el tipo de contenidos prohibitivos, y no un poder discrecional del Estado sobre ellos. Por otro lado, la imposición de un pensamiento único se produce actualmente por la inexistencia de control estatal sobre los medios. Es debido a esa “libertad de expresión” (que en realidad es libertad de comerciar lo que sea), que se emiten enlatados mediáticos provenientes principalmente de los Estados Unidos, que promueven estereotipos y antihéroes en nuestros niños y jóvenes; enlatados que los aleja cada vez más de nuestra realidad. Es por esa “libertad” que los Tallk Shows y programas de farándula se han tomado la televisión ecuatoriana, y lo que promueven son falsos referentes en las mentes de nuestros adolescentes sobre lo que es ser un hombre o una mujer de éxito.

Pero lo más grave es la omisión del artículo que proponía la responsabilidad del Estado de apoyar la creación de medios estatales, públicos, alternativos y comunitarios. Es grave ya que en el primer debate este planteamiento ni siquiera recibió condena, fue pasado por alto por la derecha. Más bien, asambleístas como Martha Roldós sostuvieron que: “sin medios alternativos no es posible la democratización de la comunicación”. Ahora se omite esta disposición y la justificación es que “se agregó al texto inicial un artículo que determina la obligación del Estado de fomentar la democratización en el uso de las tecnologías de la información y comunicación y, la creación de medios de comunicación a favor de los pueblos y nacionalidades, con el objetivo de igualar las condiciones de acceso y difusión de perspectivas independientes; ambas cosas muy deseables en un contexto de democracia y participación ciudadana”.

¿Perspectivas independientes?, ¿qué cosa es eso? Con esta ambigüedad seguramente Blasco Peñaherrera buscará su propia frecuencia de televisión, puesto que tan independiente es él como quien es explotado en una de sus empresas. ¿Independientes de qué? Nadie es independiente en este país, ni los trabajadores, ni los oligarcas.

¿Medios a favor de los pueblos y nacionalidades? ¡Absurdo! Los pueblos y nacionalidades no quieren que otros creen medios en su favor, sino tener sus propios medios, ejercer, en los hechos, el derecho a comunicarse.

Como está ahora la propuesta, la comunicación popular es vista, una vez más, como la cenicienta del cuento, como la niña pobre que jamás tendrá oportunidad de disputar en las mismas condiciones a la gran industria capitalista. Eliminar estos conceptos es un problema de concepción, puesto que se sigue viendo a la comunicación como un derecho de todos, pero un ejercicio de ciertos privilegiados.

Y así como se quitan este tipo de principios, se omiten otros que debieron estar desde el inicio: el Estado debe velar por la promoción, a través de los medios, de valores como el patriotismo, la soberanía, la solidaridad, el espíritu crítico, el conocimiento, el desarrollo de la creatividad, etc., que son sustento para la construcción de una Patria Nueva. Hay que tenerlo claro, al redactar una nueva Constitución no la estamos haciendo para todos: la estamos haciendo para las mayorías, quienes han sufrido la explotación y marginación de los grupos de poder. Debemos pensar en una Constitución no imparcial, sí comprometida con el cambio, con el desarrollo.

Sin embargo, lo referente a la distribución equitativa de frecuencias se mantiene, y ello es estimulante. Solo habrá que ver qué criterios rigen a futuro para concesionarlas a las “personas naturales o jurídicas”, como establece el nuevo artículo propuesto. Tampoco aquí se alcanza lo óptimo, es decir, lo justo: que las organizaciones sociales representativas del país tengan acceso en igualdad de condiciones a estas frecuencias. Ampliar la democracia tiene que ver con acercar, con entregar el derecho a la comunicación a las mayorías.

Objetivos que se supone alcanzar

- Establecer el derecho a la comunicación y el derecho a la información como derechos individuales y colectivos.
- Garantizar la comunicación y la información para todos y todas.
- Democratizar el acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico de manera equitativa.
- Permitir el acceso a nuevas tecnologías de la información.