No hay duda que el gobierno paraconarcoterrorista del presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez se ha puesto en entredicho frente a la opinión mundial por los repetidos escándalos en materia de política interna e internacional.

Puesto como punta de lanza del imperialismo norteamericano para intentar recuperar su hegemonía en Latinoamérica y el Caribe, la misma que tambalea por los procesos de cambio que se vienen implementando en países como Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela.

La incursión armada violando la soberanía del Ecuador, así como el asesinato del ecuatoriano Franklin Aizalia, pasando por la manipulación de los computadores del guerrillero asesinado a mansalva Raúl Reyes, maniobra que intentó vincular al gobierno de Rafael Correa con la guerrilla de las FARC, provocaron el rompimiento de relaciones diplomáticas, y es de prever que tarden en restablecerse por cuanto el Presidente ecuatoriano ha declarado que Ecuador se sentará a la mesa de diálogo cuando Colombia tenga un Presidente decente que no mienta y que cumpla y respete los acuerdos.

Paradógicamente, en el concierto mundial, Ecuador ha sido considerado como el país que mejor trata a los refugiados, pues los colombianos que huyen del conflicto tienen acceso a educación, salud y trabajo, además de considerar que la policía ecuatoriana ha sido una de las más efectivas en el combate al narcotráfico, revelando así la incapacidad de los militares colombianos para cuidar su frontera y frenar el narcotráfico.

El presidente venezolano Hugo Chávez también rompió relaciones diplomáticas, pero las restableció al poco tiempo debido a la intensa actividad comercial que hay entre los dos países, dejando en claro que de ser necesario de ocurrir un nuevo incidente en detrimento de su homólogo ecuatoriano, Caracas volverá a tomar esa medida.

Una vez más Uribe, en una muestra de sapada y pillería política, de entreguismo y esbirrismo de la fracasada política neoliberal, pretende llamar a un referendum para que el pueblo colombiano ratifique lo inratificable, esto es su reelección fraudulenta en el 2003. Con ello, Uribe intenta echar una cortina de humo a los escándalos de políticos afines a su régimen relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo (hoy conocidos como narcopolítica y parapolítica) y por eso intenta perpetuarse en el poder, ya que al interior de Colombia sus niveles de aceptación son altísimos y la oposición casi nula.

La derecha colombiana tampoco quiere perder los miles de millones de dólares que Washington inviertenen el negocio de la guerra, lo que a las claras revela que de ningún modo el gobierno de la Casa de Nariño desea la paz por considerar que la salida es militar y no política.

No sería de extrañar que Georges Bush y el Pentágono estén destinando recursos para que la derecha colombiana haga campaña a favor de Uribe Vélez, como no sería de extrañar que sus garras estén detrás del separatismo disfrazado de autonomía orquestado por la derecha boliviana y que también esté financiando la campaña de desprestigio de la Asamblea Nacional Constituyente reunida en Montecristi y para que el No gane en el referendum aprobatorio de la nueva Carta Magna ecuatoriana.

Por otro lado, las negociaciones CAN- Comunidad Europea para la firma de tratados de libre comercio (TLC) también se han afectado entrado en punto muerto pues Europa ha declarado que no volverán a negociar mientras no se supere el impase colombo-ecuatoriano.

Lo que queda claro es que Alvaro Uribe es la última carta que le queda al imperialismo y al capitalismo yankee para seguir incidiendo geopolíticamente en la región y defendiendo los intereses de las transnacionales gringas, por cuanto es innegable la recesión norteamericana y el alza de los precios del petróleo que algunos analistas económicos afirman que llegará a fin de año a costar 200 dólares el barril y para frenarlo, los EEUU tratan de tildar a los procesos patrióticos y revolucionarios que están ocurriendo en América Latina como “comunistas e inviables” e implementa un terrorismo de estado democrático.

En contrapartida, la comunidad mundial no debería minimizar las intenciones de Alvaro Uribe al tratar de regionalizar el conflicto colombiano, debería condenar su política terrorista de derecha y juzgarlo por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos, llevándolo a la Corte Penal Internacional.