Las cosas habían estado tan lentas que nadie se esperaba que vendrían de la manera como se presentaron.

Una medida que parecía más bien orientada a recuperar las propiedades del grupo Isaías para venderlas y pagar a miles de cuentacorrentistas que no habían recibido desde hace nueve años los fondos de su propiedad, cobró notoriedad porque entre los bienes incautados estaban algunos medios de comunicación.

Si solamente hubiesen estado las ciento sesenta y tantas empresas, los titulares habrían pasado casi desapercibidos y desaparecerían cuando un crimen u otro escándalo mereciera los puestos estelares en las portadas. Ocasionalmente los nostálgicos habrían recordado que el presidente Correa causó daños a la industria, o que bajó el índice-país, bla, bla, bla… De la contabilidad que se ha hecho, sólo el dos por ciento de la supercuenta corresponde al valor de los medios de comunicación incautados, pero este hecho, el que dos cadenas nacionales de televisión pasaran a poder de la AGD, es decir del Estado, mereció los titulares de la gran prensa, la complicidad y no solidaridad de los gremios de propietarios, los chillidos de la Sociedad Interamericana de Prensa, y las voces amargadas de tres o cuatro plumíferos que se quedaron sin espacio o temen perderlo en poco tiempo.

Es tanto el peso de los medios de comunicación en la opinión pública que haberlos arrebatado de manos de la oligarquía bancaria e industrial constituye un golpe muy sentido. Los ciudadanos nunca nos acostumbramos a ese estercolero que era la programación, especialmente de TC televisión.

Es inconmensurable el daño que ha hecho al país este sistema nacional de televisión, no solamente por la grosera manipulación política a favor del clan de los Isaías, que hizo durante nueve y más años, sino por la repugnante programación que seguramente embruteció a muchos ecuatorianos.

Nunca en la historia del Ecuador algún Presidente fue capaz de tomar al toro por los cuernos como en el caso de estas dos redes de televisión. El hecho más lejano es la valerosa resolución del general Guillermo Rodríguez Lara, que en el tiempo de su mandato dejó sin efecto todas las concesiones radiofónicas, porque en esa época como ahora eran un nido de corruptos e ineptos. Poco tiempo duraría la nueva organización, porque las aves de rapiña no tarderon en apoderarse de las frecuencias de radio y televisión.

Ha sido tímida la autoridad con respecto a los medios de comunicación, tanto que nada hizo para parar la campaña de desinformación del grupo de medios de los Isaías, cuando se produjo la crisis bancaria, o en las coyunturas políticas que ha vivido el país, como el apoyo descarado que brindaron al corrupto gobierno de Abdalá Bucaram. Está fresca en nuestra mente la disputa con ecuavisa por el mercado de las guías telefónicas de Guayaquil. Qué decir de la furiosa campaña contra el ex Presidente de la Superintendencia de Bancos, o del establecimiento de la famosas “listas negras” que consistían en la nómina de personajes que nunca serían entrevistados o de periodistas que jamás serían contratados. ¿Quién entonces le puso el cascabel al gato?

Es clamoroso el pedido del pueblo de poner normas de actuación a los medios de comunicación. Uno de los indicadores más visibles de nuestro atraso y subdesarrollo es tener los medios de comunicación que funcionan en nuestro país. Esta misma democracia de la que tanto se ufanan los voceros de la oligarquía no resiste la mediocridad y entreguismo de la gran mayoría de presentadoras, lectores de noticias, programadores, publicistas.

El mundo de los medios es el de la impunidad y autarquía: no hay quién los ponga en vereda por tanto desafuero. El pánico a que los medios cierren las ventanas informativas a las autoridades o que desaten campañas de desprestigio en contra de cualquier persona que ose poner en vigencia alguna disposición reglamentaria, ha producido una especie de papasantos, jueces absolutos, vedettes y alquimistas que todo lo juzgan y arreglan según sus necesidades.

Ni un paso atrás en la incautación de Gamavisión, TC Televisión, Cablenoticias, la imprenta donde imprimen las revistas del grupo, y de las radioemisoras Super K, Radio TC, Universal y todas aquellas que como también la empresa TV Cable deben renegociar sus permisos, siempre bajo la consideración de que nuevos concesionarios deben renovar la programación, horarios, noticieros.

El Estado debe concesionar para sí uno de los dos sistemas de televisión incautados. Al fin se hará justicia a los ecuatorianos.