Una oportunidad para el cambio en el modelo agrario

El mes pasado, el presidente Rafael Correa presentó a la Asamblea Constituyente y al país, la propuesta de Mandato Agrícola, que tiene como base la aplicación de “Medidas Contundentes” para ayudar al sector agrario, entre las que se menciona: 1.- La exoneración de impuestos a la renta a importadores de agroquímicos y empresas agrícolas alimenticias con la condición de que inviertan el 100% de estos ahorros en el país; 2.- Eliminación del IVA por productos de la canasta básica, como cereales preparados, galletas, jamón, mortadela, salchichas de pollo, salchichas de res, yogourt y queso de mesa; 3.- Exoneración de aranceles a todos los bienes de capital e insumos productivos que no se produzcan en el país, y 4.- Suspensión temporal de impuesto a la tenencia de tierra por dos años, todo financiado principalmente con los excedentes de la venta del petróleo y otros rubros.

Varias organizaciones, al conocer de la propuesta del presidente Rafael Correa, presentaron sus cuestionamientos, por lo que también se hizo público el pedido del primer mandatario para que la Asamblea Constituyente apruebe el mandato en mención, tal como está, porque su revisión será en 6 meses y excluyó las observaciones de las organizaciones, al mismo tiempo que dijo que lo dejen gobernar para beneficio de todos.

El proyecto del gobierno con el Mandato Agrario, según los discursos y estadísticas, pretende favorecer al sector agrícola, pero lamentablemente no especifica quiénes serán los afectados favorablemente de las exoneraciones, las eliminaciones del IVA, porque existen pocas empresas en el Ecuador que realizan el millonario negocio importador de agroquímicos y que son: Ecuaquímica, Febres Cordero Cía de Comercio, Agripac, Bayer y PRONACA con sus empresas INDIA y Monsanto que pertenece a la familia Bakker. Estas empresas constan, según la revista Economía, entre las 100 empresas más grandes del país y con inmensas utilidades.

El mandato establece también una condición: “invertir el 100% de las utilidades en el país”, lo que significa que las empresas arriba mencionadas triplicarán su poder y ganancia. Lo contrario sucederá con los pequeños productores, que no tendrán ganancias en los seis meses que durará el mandato, porque ellos no importan pero sí gastan en los agroquímicos y demás insumos utilizados en la siembra y desarrollo de los productos de ciclo corto, que duran “seis meses”, haciéndoles así a los campesinos cada vez más dependientes en el uso de estos químicos tóxicos para obtener “buenos” resultados en la producción agrícola.

Las organizaciones indígenas y ambientalistas presentaron una propuesta alternativa de Mandato Agrícola, al presidente de la Asamblea Constituyente, Arq. Fernando Cordero, que complementaría el articulado aprobado el 2 de julio y que trata sobre la Soberanía Alimentaria, para que los incentivos propuestos en el Mandato del presidente Correa lleguen verdaderamente a quienes lo necesitan, a los campesinos pobres de la costa, sierra, oriente y región insular ecuatorianos, quienes proveen de los productos de primera necesidad a la sociedad ecuatoriana, especialmente para las personas dedicadas a la producción diversificada, sustentable y agro-ecológica de alimentos que aseguren el acceso sostenido a la población en general de alimentos sanos y culturalmente adecuados.

Xavier León, de Acción Ecológica, menciona que la defensa y el fortalecimiento de la SOBERANIA ALIMENTARIA es desde hace mucho tiempo una demanda fundamental de las organizaciones del campo de nuestro país, pues constituye una propuesta integral frente a las políticas públicas relacionadas con lo agrario, los derechos de los pueblos y las comunidades, y el derecho a la alimentación.

Según el pronunciamiento de esta organización ambientalista, en la última década y media, en que se fue consolidando el modelo neoliberal, instituciones internacionales como la FAO, el Programa Mundial de Alimentos -PMA-, el Banco Mundial, el BID y actores “no gubernamentales”, desencadenaron una campaña a favor de la “seguridad” alimentaria, que se basa en la capacidad adquisitiva (de la persona, familia, país) para acceder a los alimentos.

Frente a esta realidad, las organizaciones proponen primordialmente en el Mandato Alternativo: El financiamiento para la ejecución de este mandato saldrá de los excedentes de la venta del petróleo, que el Estado atienda las necesidades de comunicación de los sectores agrícolas para la distribución adecuada de los productos a todos los mercados del país con la ayuda de las Fuerzas Armadas; la diversificación de las ofertas tecnológicas y el mejoramiento de la infraestructura productiva, especialmente de riego, de las pequeñas y medianas unidades agropecuarias; que se entregue a los campesinos las semillas ancestrales que el INIAP posee en el banco de semillas.De la misma forma, que el Gobierno apoye en la ejecución de la Declaración de Managua, firmada por los presidentes de América Latina ante la crisis alimentaria mundial, sobre lo cual se acordó:“Aunar esfuerzos para incrementar la producción y productividad sostenible de alimentos, con respeto a nuestras tradiciones productivas y de consumo, cuidando nuestras plantas, semillas… ; utilizando los recursos locales, creando mejores condiciones financieras, tecnológicas, de mercado, de abastecimiento de insumos, de organización y de asociación, amplia e incluyente”.

Las organizaciones firmantes de esta propuesta alternativa piden al Gobierno que las propuestas del mandato sean coherentes con el articulado aprobado, para favorecer realmente al sector agrícola, al país y a todo el pueblo mandante.