5-8-2008

Zeta Gas exporta corrupción a Perú http://revistafortuna.com.mx/opcion... Año IV No. 50 Marzo 2007

Gracias a los beneficios obtenidos durante la administración de Alberto Fujimori –caracterizada por la corrupción en Perú– el grupo Z Gas de Ciudad Juárez, Chihuahua, se instaló en ese país andino desde hace una década y ya enfrenta denuncias de monopolio, prácticas ilícitas y las suspicacias de empresarios locales que lo acusan de lavado de dinero

por Ana Lilia Pérez

La administración de Alberto Fujimori en Perú se caracterizó por los altos niveles de corrupción manejados desde el Ejecutivo, como se tradujo en el escándalo de Vladimiro Montesinos, su red de espionaje y sus vínculos con la delincuencia organizada.

Durante ese gobierno, el consorcio gasero Zeta Gas entró en el país sudamericano mediante un permiso otorgado por el Ministerio de Energía y Minas como productor mayorista de Gas Licuado de Petróleo (GLP.)

Con la empresa Zeta Gas Andino, Miguel Zaragoza Fuentes y su hijo Jesús Zaragoza López ingresaron en Perú para importar GLP de México y distribuirlo como mayorista a las empresas distribuidoras de gas que ya operaban en Perú, todas familias peruanas de tradición gasera.

Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de empresarios gaseros locales, mediante oscuras negociaciones con el gobierno de Fujimori se les autorizó a convertirse en planta envasadora y distribuidora de gas al menudeo.

A partir de ese momento, señalan gaseros peruanos, empezaron las prácticas de corrupción de la familia de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López en ese país, para acaparar el mercado del combustible.

Actualmente Zeta Gas Andino tiene una planta envasadora en la zona del Callao y dos sucursales de distribución ubicadas en Lima y Callao.

De acuerdo con un estudio de la Oficina de Estudios Económicos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería de Perú (Osinergmin), la privatización de la empresa estatal Sol Gas –realizada durante la administración de Fujimori– benefició principalmente a los distribuidores Repsol, Zeta Gas Andino, Lima Gas y Llama Gas.

A partir de esos años el costo del gas se encareció considerablemente a tal punto que en Perú se paga el precio más alto en la región por el combustible, aunque se trata de un país productor y exportador de gas.

Al igual que en México, el elevado alto costo del GLP que pagan los consumidores es por el alto margen de ganancias que tienen los distribuidores y no por el costo en sí del gas, puesto que actualmente Perú es uno de los mayores productores a nivel mundial con la explotación del yacimiento de Camisea, en la zona de Cusco.

El Osinergmin señala que a partir del 2001, Zeta Gas aumentó considerablemente su participación en el mercado de la distribución del GLP, principalmente en la capital y las zonas conurbanas.

El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de Envasadoras de Gas de Perú (Suntegasp) dice que el expansionismo del “grupo de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López se logró sobre la base de corruptelas con funcionarios locales” que permitieron a la empresa mexicana convertirse en el segundo operador más importante del mercado de gas por la infraestructura de almacenamiento y transporte del energético.

Zeta Gas Andino es considerada como una empresa trasnacional abusiva con sus trabajadores y con prácticas que atropellan los derechos laborales, incluso el programa Laboral de Desarrollo (Plades) de Perú lanzó una alerta para anotar a Zeta Gas Andino como “trasnacional fraudulenta” (Fortuna 48).

Pero las acusaciones contra la familia de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López, pasaron del plano laboral a las denuncias en tribunales por retención y acopio ilegal de cilindros para envasar GLP, propiedad de sus competidores, con el propósito de apartar a éstos del mercado.

La Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú (Aseeg), integrada por 42 gaseras de capital peruano, entre ellas Colpa Gas, Vita Gas, Inti Gas, Nor Gas, Nova Gas y Econo Gas, presentó una denuncia contra Zeta Gas Andino (manejada en Perú por el mexicano Miguel Monge Alonso) por la retención ilegal de cilindros propiedad de estas empresas.

La denuncia fue presentada por la Aseeg en la fiscalía del Callao, donde Zeta Gas tiene su planta de almacenamiento.

Derivado de la denuncia, un juez ordenó un primer cateo a la planta de Zeta Gas y encontraron 10 mil cilindros propiedad de las empresas denunciantes. Posteriormente, en un segundo cateo en la misma planta, fueron descubiertos otros 60 mil cilindros. Por el tiempo en que éstos estuvieron retenidos se pudrieron y quedaron inservibles.

Pese a las pruebas encontradas, sorpresivamente la fiscalía dio carpetazo al asunto y a toda indagatoria contra los gaseros mexicanos.

Juan Antonio Jara Gallardo, presidente de la Aseeg, asegura que fue el poder económico de la familia de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López lo que hizo que la fiscalía archivara la denuncia, aunque tan solo en los dos cateos realizados encontró 70 mil cilindros que Zeta Gas tenía escondidos.

“Zeta Gas aprovechó su poder económico, eso es corrupción, porque imagínate que la fiscalía nos dice que en la primera intervención encuentran 10 mil cilindros y en la segunda 60 mil, y luego archivan el caso.

“La demanda tenía el curso legal, la misma fiscalía encontró las pruebas, los elementos para fincar responsabilidades, pero, como será en México, igual es en Perú: el que tiene el poder económico tiene de su lado la justicia, hace y deshace con ella”, se lamenta el empresario.

En entrevista, Jara Gallardo explica que la Asociación de Gaseros de Perú presentó también una denuncia contra Zeta Gas ante el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Indecopi) –similar a la Profeco de México–. En el Indecopi, además de la querella presentada por la Aseeg contra Zeta Gas Andino, hay cientos de denuncias –por la entrega de cilindros en mal estado u “ordeñados”– de consumidores de la capital peruana y algunas provincias a las que Zeta Gas abastece del energético.

Lo grave, dice Jara Gallardo, es que “estas empresas nos han perjudicado enormemente por su abuso de poder y por su abuso contra las pequeñas y medianas empresas. Yo represento a 42 empresas a nivel nacional en Perú, entonces ya te puedes imaginar el daño que nos ha causado esta empresa”.

De acuerdo con información del Osinerg, actualmente un grupo integrado por cinco empresas -en su mayoría de capital extranjero- que conforman la Asociación de Gas L.P., tiene el 70 por ciento de ese mercado en todo el país. Estas son Repsol YPF (española), Zeta Gas (mexicana), Lima Gas (chilena), Sol Gas (peruana) y Llama Gas (peruana).

Otra de las estratégicas utilizadas por Zeta Gas Andino para sacar del mercado a sus competidores, fue hacer negociaciones para que el Proyecto Camisea (el mayor productor de gas de Perú), le vendiera gas únicamente a las cinco empresas de la AGLP.

La Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú presentó una denuncia contra las gaseras de la AGLP por prácticas monopólicas e inversión “insana”.

El negocio fue frenado cuando la Comisión Pro Inversión del Congreso de Perú obligó a la Pluspetrol Perú Corporation S.A. (que opera el Proyecto Camisea) a tener un trato equitativo hacia los distribuidores de gas de todo el país.

Juan Antonio Jara explica la inconformidad: “el Proyecto Camisea, que es el mayor productor de gas en Perú utiliza un energético propiedad de todos los peruanos, pero las transnacionales, como Grupo Zeta, querían acapararlo todo, aunque la mayoría son extranjeros que no invierten tampoco en Perú, es capital que no se queda en el país. Demandamos a estas empresas en la Comisión Pro Inversión, y logramos que la Plus Petrol nos vendiera gas, porque es un producto nuestro, es de todos los peruanos”.

Pese al abuso de poder del Grupo de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López en el país sudamericano, Juan Antonio Jara señala que en los dos últimos años los gaseros de Perú han logrado que el Congreso haga eco de sus reclamos y emita leyes más equitativas que aún permite a las pequeñas y medianas empresas del gas mantenerse en el mercado.

Una ventaja, dice, es que el actual ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, presidió en el Congreso la Comisión del mismo sector y “conoce toda la problemática”.

El principal obstáculo, señala el empresario, es que Zeta Gas Andino maneja en el Congreso “un lobby (cabilderos) muy amplio e invierte mucho en ello para que la legislación los favorezca”.

¿Hay indicios de sobornos del grupo de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López a funcionarios o legisladores para que la ley esté a favor de ellos?

–En este momento no te podría hablar de eso, pero desgraciadamente ellos usan lobby muy grande en el Congreso, y por eso precisamente se han frenado muchas leyes o modificaciones a la ley de energéticos que dan mayor equidad al mercado.

Precisamente con los cabilderos que maneja en el Congreso de Perú Zeta Gas Andino –junto con otros consorcios, como la Repsol– ha gestionado aumentos al energético.

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) demandó al Congreso frenar los aumentos que sólo beneficiarían a los consorcios gaseros extranjeros sobre la economía de la población. A su reclamo se unieron los gaseros locales que integran la Aseeg.

“Le demostramos al ministro de Energía que no había razón para subir un solo céntimo el gas LP, y se frenó lo que estas empresas cabildeaban en el Congreso”. El empresario y dueño de Colpa Gas, empresa con más de tres décadas en Perú, reclama: “estos señores no quieren hacer una inversión sana, una inversión que cumpla con todas las normas del energético. No son transparentes, nadie los fiscaliza. ¿Quién nos garantiza que los 600 u 800 mil cilindros que tiene Zeta Gas han sido adquiridos con dinero transparente? ¿Y quién nos puede asegurar que las inversiones que tiene en Perú son con dinero transparente?”

–Es decir, ¿en Perú hay duda sobre las finanzas que maneja la empresa Zeta Gas?

–No lo hay, y nosotros queremos claridad y transparencia en estas inversiones. Quién nos puede decir a nosotros si lo que declaraba Zeta Gas con la importación de GLP de México era lo que ingresaba al país.

¿Hay indicios de que pudiera, en este negocio, existir lavado de dinero?

–Los indicios son claros mientras las cuentas no sean transparentes.

En ese sentido las autoridades peruanas han puesto especial atención a las empresas mexicanas que mantienen negocios en ese país, debido a que fuerzas de inteligencia de Perú han descubierto que grupos del narcotráfico con sede en México, como el cártel que comanda Joaquín “El Chapo” Guzmán, se han apoderado de las rutas de la cocaína que salen de Perú con destino hacia los Estados Unidos, por lo que se investiga a varias empresas para determinar si participan en el delito de “lavado” de capitales producto del tráfico de drogas.

A lo anterior se agrega que en los años 90 la familia Zaragoza Fuentes fue investigada en México por el delito de blanqueo de capitales productos del narcotráfico, además de que en pipas de la empresa gasera se encontró cocaína.

Las sospechas

Juan Antonio Jara cita que por la televisión se enteró de que la DEA descubrió pipas de gas cargadas con cocaína, propiedad de la familia de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López, que ingresaban a los Estados Unidos.

Según la agencia antidrogas estadounidense, la familia de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López fueron investigados por supuestos vínculos con el cártel de Juárez, cuyos fundadores Rafael Aguilar Guajardo y Amado Carrillo ya están fallecidos.

La DEA determinó que el modus operandi era transportar la cocaína directamente de Colombia, vía aérea, hasta pistas clandestinas de Chihuahua, almacenarlo en bodegas de Ciudad Juárez y luego cargarlo en pipas de gas del Grupo Zaragoza -consorcio que hasta la fecha mantiene su sede en Ciudad Juárez-. A bordo de las pipas se llevaba el cargamento hasta El Paso (Texas), San Antonio, Nuevo México, con destino final en Los Ángeles, California.

Sin embargo, las investigaciones fueron extrañamente frenadas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

“Me sorprendió esa denuncia, pero más el poder que ellos adquirieron en Perú desde el gobierno corrupto de Fujimori y Montesinos”, dice el empresario.

¿Hay indicios de que el consorcio gasero esté involucrado en narcotráfico?

–No se ha detectado. Ellos se manejaron con gobiernos corruptos con Fujimori y Montesinos, ahora la pregunta que nosotros nos hemos hecho es si ellos tienen esa vinculación con el narcotráfico. ¿Quién podría certificar si los barcos que traían o sacaban de Perú no salían cargados con droga? Esa es una gran incógnita que nosotros nos preguntamos; siempre quedará la duda, y más aún cuando ellos dicen que operan con pérdidas, pero quién puede permanecer e invertir en un país donde te representa pérdida.

¿Por qué podría representar pérdida?

–Porque todas las plantas en Perú no ganamos ni para sobrevivir, pero ellos están invirtiendo.