El informe “Estudio económico de América Latina y el Caribe 2007-2008” de la CEPAL, hizo un ejercicio de simulación para aislar y evaluar el impacto del aumento de los precios de los alimentos, donde un incremento del 15 por ciento en el valor de estos productos implicaría un crecimiento de la pobreza de casi 3 puntos porcentuales, que afectaría a más de 15 millones de personas.

Estas cifras equivalen a cerca de un tercio de las mejoras en los indicadores de pobreza entre 2002 y 2007.

El trabajo remarca que la situación ha provocado un aumento de las demandas para que los sectores públicos protejan a los consumidores para disminuir la transmisión hacia el mercado doméstico de los aumentos en los precios externos que han causado el deterioro en los niveles de ingreso de los grupos de menores recursos.

El aumento de los precios de los alimentos castiga más a quienes destinan una mayor proporción de su ingreso para adquirirlos, sostiene la CEPAL.

Una familia de bajos ingresos destinará un mayor porcentaje de ellos a comprar los alimentos básicos para cubrir sus requerimientos nutricionales.

Para la CEPAL, “los países enfrentan una difícil disyuntiva. Su capacidad para mitigar el efecto de estas alzas guarda estrecha relación con las holguras o espacios fiscales disponibles. Dentro de esos límites las alternativas de política se caracterizan por cuán amplio es el grupo beneficiario y el carácter temporal o permanente de las medidas”.

Según el organismo regional, los programas focalizados son más eficientes en el largo plazo, suponen un menor costo fiscal y evitan el sacrificio de otros programas públicos de alta prioridad (como el gasto en salud, por ejemplo). Pero son más difíciles de implementar en el corto plazo y más exigentes en relación al tipo de institucionalidad y organización de las políticas sociales. A su vez, medidas de carácter amplio - como precios subsidiados - son más onerosas en términos de recursos y posible sacrificio de programas públicos de alto valor social, pudiendo inclusive ser regresivos. Aunque también pueden ser más efectivas en atender la urgencia de corto plazo.

El informe muestra que las alternativas de intervención estatal usadas por los países de la región para atenuar este impacto han sido variadas, incluyendo medidas de tipo administrativo y el uso de instrumentos de política fiscal o comercial.