Al término de sus vacaciones en Cuba, Ilsa Rodríguez Santana y Tomás Granados Jiménez, quienes desarrollaban la cobertura periodística ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) como corresponsales de PL, no pudieron reincorporarse a sus tareas porque se les denegó el permiso para entrar a Estados Unidos.

En su comunicado, la FELAP enfatizó su condena a “esta infame acción que no sólo atenta contra los elementales derechos de los trabajadores de prensa, sino además, vulnera gravemente el derecho humano a la información de la sociedad en su conjunto”.

Por su parte, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) se sumó a las múltiples voces que denunciaron el atropello del que fueran víctimas los corresponsales de Prensa Latina.

La principal organización de los periodistas argentinos manifestó en un comunicado su repudio a la decisión del gobierno estadounidense y reclamó “que se le brinden a ambos periodistas las garantías necesarias para continuar con su trabajo en el ámbito donde cumplen funciones habitualmente".