La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), desconoce el desarrollo de 164 casos del fuero federal, más los radicados en las procuradurías estatales o del fuero común.

Fuentes de la FEADP confirman que el organismo ignora el desarrollo del total de asuntos de competencia federal, pues –justifican– no tiene acceso a los asuntos radicados en las delegaciones de la PGR y en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). “No hay vínculos o acuerdos para compartir información entre la PGR y el poder judicial”. Añaden que la ley no les da más atribuciones para injerir en la investigación de los casos.

A la SIEDO corresponden los casos donde está involucrada la delincuencia organizada; el acopio de armas de uso exclusivo del ejército se vincula con organizaciones delictivas. Mientras, el delito de homicidio está tipificado como del fuero común y sólo cuando hay elementos que lo hacen federal, como el tipo de arma, se lleva al fuero federal. Aunque se trate de periodistas –advierten las fuentes entrevistadas– la Fiscalía no puede intervenir.

Según el Informe de resultados ministeriales de la FEADP, hasta el 30 de junio de 2008, la instancia recibió 84 asuntos del fuero federal; 143 fueron atendidos por la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA); 20 se orientaron a la SIEDO, y uno más a la Visitaduría General.

En total, al fuero federal se llevaron 248 delitos: 148 fueron determinados y 100 están en trámite. Ochenta y tres expedientes concluidos fueron investigados por la SCRPPA. La Fiscalía Especial concluyó 57 casos; la SIEDO, siete, y la Visitaduría, uno.

Así, 65 expedientes fueron cerrados sin la intervención del organismo “competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de delitos cometidos contra periodistas nacionales y extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su actividad profesional”, como se enunció el 15 de febrero de 2006 cuando se creó la Fiscalía.

A su vez la Subprocuraduría de Control Regional tiene 60 asuntos en proceso; la Fiscalía, 27 y la SIEDO, 13. En suma, son 73 casos abiertos que tampoco son seguidos por la FEADP.

Sobre los asuntos resueltos, en 70, las autoridades se dijeron incompetentes; 24 fueron archivados; en 16 se falló el no ejercicio de la acción penal; 15 se enviaron a reserva; 12 sí se elevaron a acción penal; en cinco se concluyó que las víctimas no eran periodistas; en cinco más se consignaron a los supuestos responsables, y uno fue concluido.

Del total de 57 casos terminados por la FEADP, 19 se archivaron; en 17 se declaró incompetente; en 12 sí hubo acción penal; en seis, no; en tres, los implicados fueron puestos a disposición del juez, y no declaró cerrado ninguno. El reporte agrega que el 56 por ciento de las denuncias provienen de reporteros de prensa.

En tanto, la lista de supuestos responsables está encabezada por particulares, con una participación en el 63 por ciento de los casos. Son seguidos por las autoridades, con 21 por ciento, y por la delincuencia organizada con 16 por ciento.

Desapariciones sin resolver

Sin que sean atendidos por la Fiscalía Especial, aunque asociaciones internacionales han demandado su esclarecimiento, ésta enumera que hay siete asuntos relacionados con la privación de libertad, cuya solución sigue en proceso. Tres pertenecen al fuero común, uno está siendo atendido por la SIEDO y tres más por SCRPPA.

De la SIEDO depende la investigación de la desaparición forzada del reportero sonorense Alfredo Jiménez Mota, ocurrida el 2 de abril de 2005. La Agencia Federal de Investigaciones sigue el caso, pero no hay avances. En su edición del 1 de agosto, Contralínea publicó que la SIEDO preparaba un operativo para ingresar a la casa donde, se presume, fue enterrado el cuerpo del periodista de El Imparcial de Sonora. Jiménez Mota, de 25 años, investigaba los nexos entre autoridades judiciales y el narcotráfico.

Según carta hecha pública en agosto y firmada por Saúl García Gaxiola –que se dice participante en el secuestro del reportero–, fue Raúl Parra Enríquez, jefe de los Números –supuesto grupo dedicado al narcotráfico–, quien ordenó el asesinato de Jiménez Mota. El también apodado Nueve habría torturado al periodista para que revelara quién le entregaba información sobre su persona y su supuesta conexión con los gobiernos estatal y municipal (Contralínea 107).

Respecto de los asuntos en la SCRPA, permanece abierta la investigación en el caso de Rodolfo Rincón Taracena, reportero de Tabasco Hoy, quien días antes de su desaparición publicó una investigación sobre la venta de droga en barrios de Villahermosa y estaba por concluir un artículo relacionado con una banda de asaltantes de bancos. Desde el 20 de enero de 2007 se desconoce su paradero.

Según la edición del 26 de enero de 2007, del blog Unafuente.com, la asociación Reporteros sin Fronteras (RSF) declaró que: “Los recientes artículos de Rincón Taracena hacen temer que exista una relación entre su desaparición y sus actividades profesionales”.

El 28 de enero de 2007, Tabasco Hoy denunció que la Procuraduría General de Justicia del Estado se había mostrado indiferente respecto a la investigación: “La Policía Ministerial basa sus indagatorias en la información que como reporteros hemos aportado, mas no persigue ninguna otra pesquisa”.

Merecedor del premio estatal de periodismo por su cobertura de la explosión de la mina Pasta de Conchos, el reportero del Zócalo de Monclava y locutor de radio, Rafael Ortiz Martínez, desapareció el 8 de julio de 2006.

Tres días después, Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (Ifex, por su acrónimo en inglés), que reúne a 81 organizaciones civiles de todo el mundo, emitió una alerta sobre la desaparición del informador coahuilense. Ifex informó que, días antes, Ortiz Martínez realizó una investigación sobre prostitución en el centro de Monclava y sobre un contagio de hepatitis C en un centro de cuidados y reinserción.

Director del semanario Ecos de la Cuenca en Tepalcatepec, Michoacán, José Antonio García Apac desapareció el 20 de noviembre de 2006. Un mes más tarde RSF se declaró alarmada, pues apenas 10 días después de dicho levantón, el locutor veracruzano Adolfo Sánchez Guzmán fue asesinado.

“Desde finales de octubre –advirtió– no ha pasado ni una semana sin que asesinen o desaparezca un periodista en México. La desaparición de José Antonio García Apac nos hace temer lo peor, teniendo en cuenta su actividad periodística en el estado de Michoacán, donde los narcotraficantes no dudan en decapitar a sus rivales, o a sus detractores”.

El día de su desaparición, el periodista fue citado en el cruce Ruana. Ese mismo 20 de noviembre, uno de sus hijos recibió una llamada de García Apac que fue interrumpida por voces que exigían al informador apagar su teléfono móvil y que se identificara.

Con anterioridad –según denunciaron sus familiares– desconocidos habían acosado al periodista. En las semanas que precedieron a la privación de libertad de su director, Ecos de la Cuenca publicó artículos sobre los ajustes de cuentas entre cárteles de la droga y la supuesta complicidad de las autoridades.

De acuerdo con el semanario Códigos, los signos del estado de Guanajuato, el 30 de julio de 2007, Rosa Isela Caballero, esposa de García Apac, dirigió un correo a las autoridades para preguntarles por qué desde el comienzo de la investigación no indagaron algunas pistas, en particular, la existencia de un cementerio clandestino cerca de Tepalcatepec.

Respecto de los asuntos del fuero común sin resolverse, permanece abierta la investigación sobre la desaparición de los periodistas de Tv Azteca en Nuevo León: el reportero Gamaliel López Candanosa y el camarógrafo Gerardo Paredes Pérez. Después de cubrir el nacimiento de unas siamesas, el 10 de mayo de 2007, no se supo más de ellos.

López Candanosa se dedicó a la cobertura de denuncias ciudadanas y era conocido como Súper Bache, por informar sobre las averías en las calles. El 25 de julio de 2006 realizó una nota periodística sobre el hallazgo de un decapitado y dos mensajes del narcotráfico. Por su parte, Paredes Pérez cubría información de espectáculos y asuntos especiales.

“Hacemos votos porque estas ausencias no sean un intento de acallar voces de denuncia, no sean una forma de coartar la libertad de expresión ni una forma de intimidar a los medios de comunicación”, manifestó Tv Azteca Noroeste en un comunicado el 13 de mayo de 2007. Otras dos desapariciones radicadas en el fuero común son la de Félix Lozano García y Jaime Pineda Sánchez, ambos de Tamaulipas.

Asesinatos “resueltos”

De los 33 asesinatos cometidos contra periodistas, siete pertenecen al fuero federal y 26 al fuero común, de los cuales 15 están en trámite y en 11 hubo procesados o sentenciados. En ocho casos, aún sin esclarecer, no tiene injerencia la FEADP: los expedientes de José Ramírez Puentes, Raúl Gibb Guerrero, Saúl Noé Martínez Ortega y de las comunicadoras triquis Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores, que están en poder de la SCRPPA.

En la SIEDO están radicados los casos de Francisco Javier Ortiz Franco, Dolores Guadalupe García Escamilla, Roberto Marcos García García y Enrique Perea Quintanilla. Ninguno ha sido resuelto.

Un informe especial acerca de las actividades realizadas por la PGR en 2007 revela que hasta el tercer trimestre del año pasado la FEADP “no conocía oficialmente de ningún homicidio de periodistas”. Añade que el fuero federal conoce de cuatro que son accidentales o no se acredita que la víctima haya sido periodista. A su vez, el fuero común conoce de seis asuntos, en los que no se comprueba que se haya cometido en el ejercicio de su profesión.

El argumento: “No hay una ley que incluya al periodismo como una profesión, ni siquiera definición de lo que es un periodista”. Por lo que en muchos casos no es posible certificar que se trataba de informadores.

Más aún, documentos de la propia Fiscalía cuestionan las estadísticas de organizaciones ciudadanas como la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité de Protección a Periodistas y Reporteros Sin Fronteras. Durante 10 meses las asociaciones contaron en promedio entre dos y ocho asesinatos y tres desapariciones.

La FEADP registró tres asesinatos. En dos de estos casos no se demostró que se cometieran bajo el ejercicio de la profesión; en el tercero, la víctima no fue acreditada como periodista. “Es complejo y subjetivo llevar a cabo una estadística al respecto, ya que la mayoría de los asuntos de homicidio y desaparición no han sido en su totalidad confirmados”.

Los documentos indican que algunas organizaciones no gubernamentales dan por muertos a “presuntos periodistas que aún están reportados como desaparecidos y, otras, toman como asesinatos los fallecimientos de periodistas por accidentes”. Para la FEADP hay asuntos donde ya ha habido sentencias o se ha llevado a proceso a los implicados.

En el caso del corresponsal de Televisa en Guerrero, Amado Ramírez Dillanes, asesinado el 6 de marzo de 2007, fuentes de la Fiscalía apuntan que la Procuraduría de Justicia del Estado detuvo y consignó a dos personas por estos hechos.

Sin embargo, el Comité de Protección a Periodistas, en su informe Tres asesinatos sin justicia, asegura que uno de los aprehendidos fue liberado y el otro purga una condena por posesión ilegal de armas. Las fuentes de la Fiscalía admiten que “no hay satisfacción en el caso y hay fabricación de responsables”.

Sobre el asesinato de Óscar Rivera Inzunza, ocurrido el 5 de septiembre de 2007, señalan que al momento del crimen se desempeñaba como director de Comunicación Social de la Procuraduría de Justicia de Sinaloa, “con lo cual no se acredita su calidad de periodista”.

Enlistan las muertes de Andrés Ramírez, David Herrera y Carlos Ballesteros, quienes fallecieron durante la cobertura de la explosión de un camión que transportaba explosivos en Coahuila el 9 de septiembre de 2007, que “no se trataron de hechos criminales”.

También refieren el caso de Gerardo Guevara Domínguez, editor y colaborador del semanario Siglo XXI en Jalisco, desaparecido desde octubre de 2006 cuando se dirigió en motocicleta a cubrir una nota en Chihuahua; su cuerpo fue hallado en enero de 2007.

Las fuentes consultadas explican que la Procuraduría estatal determinó que se trató de un accidente de tránsito, por lo que no se acreditó que se derivara de su ejercicio profesional. Suman además los casos de Mateo Cortés Martínez, Agustín López Nolasco y Flor Vásquez López, todos voceadores de periódicos y de quienes dicen que no se ha acreditado que los crímenes estuvieran relacionados con su ejercicio profesional.

Sobre los expedientes concluidos, el Informe de resultados ministeriales de la FEADP incluye el homicidio de Uicab Salas William ocurrido en 2000 en Chetumal, Quintana Roo, quien habría recibido amenazas meses antes de ser ultimado. Su esposa fue absuelta del asesinato en 2004. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, continúan las investigaciones en el fuero común.

Aunque declarada cerrada la investigación por el asesinato de José Luis Ortega Mata, director del semanario Ojinaga de Ojinaga, Chihuahua, el detenido fue liberado. Por el crimen, ocurrido el 9 de marzo de 2001, se procesó a Jesús Manuel Herrera Olivas y se le liberó en julio de 2001. Fuentes de la FEADP comentan que el testigo, quien implicó a Herrera en el caso, fue desacreditado por uso de drogas.

Sobre el asesinato del director de Mundo Político en Guerrero en 2004, Leodegario Aguilera Lucas, la FEADP anota que al momento del crimen ya no era periodista y que fue secuestrado por la disputa de unas tierras. El informador fue ultimado en un terreno baldío y su cuerpo fue quemado.

Del homicidio del reportero José Reyes Brambila, del periódico Vallarta Milenio, las fuentes entrevistadas mencionan que se trató de un crimen pasional y que el reportero tenía tendencias homosexuales. El periodista, que cubría la sección de Sociales, era hermano del director general del diario y su cuerpo fue encontrado, el 18 de septiembre de 2005, acuchillado y golpeado, dentro de la cajuela de un auto propiedad del rotativo.

El corresponsal en Orizaba, de Televisa Veracruz, Adolfo Sánchez Guzmán, fue reportado desaparecido el 29 de noviembre de 2006. Su auto fue hallado en la colonia Rincón Santa Rosa, con las puertas abiertas y las llaves puestas. Su cuerpo fue localizado a orillas del Río Blanco. De acuerdo con la versión de la FEADP, el reportero acompañaba a un pollero al momento de su asesinato y fue víctima circunstancial de un atentado. La Fiscalía agrega, a los casos cerrados, la muerte por accidente vial del periodista chiapaneco Rosendo Pardo Ozuna, acontecida el 29 de marzo de 2006.

Por otro lado refiere el homicidio de Gregorio Rodríguez Hernández, reportero gráfico de El Debate de Sinaloa, asesinado durante una cena con sus hijos. El responsable fue un sicario del cártel de Sinaloa, según informó el 6 de diciembre de 2004 el procurador de justicia estatal. Se dictó sentencia contra tres implicados. El homicidio sucedió a dos semanas de que se prendiera fuego contra el periódico.

Francisco Arratia Saldierna fue levantado, torturado y arrojado a las cercanías de la Cruz Roja de Matamoros, Tamaulipas, en 2004. El columnista que colaboraba para el diario El Imparcial murió horas después en el Hospital General, donde llegó con quemaduras, politraumatizado y con las muñecas fracturadas. Por el crimen se procesó a Raúl Castelán, supuesto miembro del grupo los Zetas, y a Filemón Hernández.

También en ese año el director editorial del diario El Mañana de Tamaulipas fue asesinado a las puertas de su hogar. Se procesó a Mario Medina Vásquez e Irán Oliveros Ortiz. Ambos periodistas trabajaron temas relacionados con el narcotráfico en el estado.

Revista Contralínea / México Fecha de publicación: 15 de Octubre de 2008 | Año 7 | No. 112

Asuntos relacionados con periodistas en el fuero federal: 248

Asuntos determinados en el fuero federal: 148

Asuntos en trámite en el fuero federal: 100

Asuntos atendidos por la FEADP: 84

Asuntos atendidos por la SCRPPA: 143

Asuntos atendidos por la SIEDO: 20

Asuntos atendidos por la Visitaduría General: 1

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Relación de homicidios radicados en la SIEDO

José Miranda Virgen Leodegario Aguilera Lucas Francisco Arriata Saldierna Francisco Ortiz Franco Dolores Guadalupe García Escamilla

======== Relación de homicidios investigados en la SCRPPA

José Ramírez Puente Raúl Gibb Guerrero José Reyes Brambila Jaime Arturo Olvera Bravo Saúl Noé Martínez Ortega Gerardo García Pimentel Felicitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores

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Principal delito por incidencia: amenazas

Entidad con más denuncias: Oaxaca Principales denunciantes: reporteros de prensa

Supuestos responsables Particulares: 63 por ciento Autoridades: 21 por ciento Delincuencia organizada: 16 por ciento

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CPJ: México, sin justicia para periodistas

Publicado el 7 de junio de 2008, el informe Tres asesinatos sin justicia del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) señala que aunque México es una democracia, es uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa. Estima que en total han sido 21 los periodistas caídos desde 2000, siete en relación directa con su trabajo. De 2005 a la fecha, otros siete han desaparecido. México figura en el décimo lugar en el índice de impunidad elaborado por la organización civil, que asegura que el miedo está presente en las redacciones y que el resultado es una autocensura generalizada. Ejemplifica que en ciudades fronterizas, donde la situación es dominada por los cárteles de la droga, ni siquiera se informa sobre balaceras. “El fracaso del gobierno mexicano para investigar a fondo estos crímenes y enjuiciar a sus perpetradores ha creado una cultura de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia.” De acuerdo con el Informe de resultados ministeriales de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), el CPJ colocó a México en el lugar 17 entre los países con mayores agresiones a informadores en 2007, es decir que bajó su posición respecto a 2006 cuando alcanzó el lugar 15 de los 20 lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. Entre 2000 y 2007, el CPJ registró seis asesinatos de periodistas en México, en tanto que Reporteros Sin Fronteras contó 19. Según el informe, de 2000 a 2008, en el mundo se reportaron 351 homicidios, 148 casos sin que se confirmara el delito, y el asesinato de 44 voceadores. En México son 13 los casos donde no se ha comprobado el delito de homicidio. Además, se registran tres voceadores asesinados y cinco desapariciones. De 1992 a 1999, 13 profesionales de la información fueron asesinados en México. En otros 15 casos no se pudo determinar si se cometió homicidio. También se registran cinco desaparecidos. En el mundo, la cifra de periodistas caídos se elevó hasta 679 y se desconoce si en 250 la víctima fue ultimada. Según el CPJ, tan sólo en 2007 se cuentan tres desapariciones y dos casos en los que no se ha podido dictaminar que fueran asesinatos. La organización civil registra las muertes de los periodistas Saúl Martínez Ortega y Amado Ramírez Dillanes, de Televisa Guerrero. Respecto a los desaparecidos, los casos de Rodolfo Rincón Taracena y los reporteros de Tv Azteca, Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez. Las estadísticas del CPJ incluyen los asesinatos contra los voceadores Mateo Cortés Martínez, Agustín López Nolasco y Flor Vásquez López. En el informe especial, su autora Mónica Campbell, representante del CPJ en México, documenta los asesinatos de Francisco Ortiz Franco en Tijuana, Bradley Will en Oaxaca y Amado Ramírez Dillanes en Acapulco. En los tres –observa– el pobre trabajo policial, el miedo y las presiones políticas impidieron que las investigaciones avanzaran. Explica que puesto que el homicidio es un crimen del fuero común, las fiscalías estatales se encargaron de realizar las primeras investigaciones. No obstante que el fuero federal atrajo los expedientes de Ortiz Franco y Bradley Will, las pesquisas no progresaron. La representante del CPJ expresa que el comité apoya que sea delito federal todo aquél que inhiba la libertad de expresión. Ello, expone, porque permitiría que un organismo oficial se comprometa a investigar de comienzo a fin y crearía una responsabilidad política en el gobierno federal. Lamenta, sin embargo, que la federalización no aseguraría procedimientos exitosos: “Tal como queda claro en este informe, los problemas son diversos, desde el poder del narcotráfico hasta un sistema de justicia disfuncional, pasando por las duras rivalidades políticas existentes”. Caso Ortiz Franco, coeditor del semanario Zeta Frente a sus hijos de 11 y nueve años, y a plena luz del día, fue ultimado Francisco Javier Ortiz Franco, coeditor del semanario Zeta de Tijuana, el 22 de junio de 2004. Poco antes de su muerte –describe Campbell– realizó la investigación de un artículo que revelaba el nombre de uno de los supuestos lugartenientes del cártel de los Arellano Félix. Según el reportaje firmado por el fallecido editor Jesús Blancornelas, Arturo el Nalgón Villarreal participó en el asesinato del exsubprocurador general de justicia del estado Rogelio Delgado Neri. Zeta señala a Villarreal como posible autor del homicidio del periodista e incluye a Jorge Eduardo Ronquillo, otro supuesto lugarteniente, y al político Jorge Hank Rhon. La pesquisa inicial estuvo a cargo de funcionarios estatales, lo que fue calificado por el semanario como un error crucial, pues “algunos de los oficiales encargados de la investigación del asesinato habían sido nombrados en los artículos de Ortiz Franco”. Campbell menciona que la indagación fue deficiente. Y es que los investigadores omitieron revisar la computadora y las libretas del periodista. Además, las entrevistas a familiares y amigos fueron superficiales. Dos meses después del crimen, José Luis Vasconcelos, entonces exsubprocurador de investigación especializada, atrajo el caso. Desde entonces no ha habido detenidos por la muerte de Ortiz Franco. Ronquillo Delgado fue asesinado y Villarreal purga una condena por delitos contra la salud en Estados Unidos. No hay suficiente evidencia que lo ligue al homicidio del coeditor. Caso Bradley Will, freelancer del sitio Indymedia Documentalista independiente y reportero en el sitio de internet Indymedia, Bradley Will recibió dos tiros de bala durante las manifestaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006. Al momento de la ejecución, seis fotógrafos y un camarógrafo que estaban junto al periodista tomaron la imagen de cuatro hombres vestidos de civil que disparaban contra los protestantes. El concejal Abel Santiago Zárate y Orlando Aguilar Coello, su jefe de seguridad, fueron detenidos como implicados en el caso y liberados el 1 de diciembre de 2007, luego de que el juez determinó que no estaban lo suficientemente cerca para disparar. La representante del CPJ en México refiere que los testigos alegaron que Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, contrató a policías que vestidos de civil se enfrentaron a los manifestantes. Grupos de derechos humanos expusieron que ese grupo de choque podría ser responsable de las muertes de varios protestantes durante el conflicto. El caso recayó en la Procuraduría General de Justicia estatal, encabezada por Lizbeth Caña, funcionaria que calificó a los integrantes de la APPO como terroristas y a quienes culpó del asesinato de Will. Campbell declara que los trabajos de los peritos forenses y de los investigadores fueron descuidados y mal manejados. Según los familiares de Will, no se recogieron ni se examinaron las armas de quienes dispararon contra la multitud, tampoco se interrogó a todos los hombres armados. Pese a que el caso pasó a fuero federal, hasta la fecha no han sido recogidos todos los testimonios, como el de Raúl Estrella, fotógrafo de El Universal, quien capturó imágenes de los hombres disparando, y del reportero Oswaldo Ramírez del diario Milenio, quien fue herido de bala durante la confrontación. Caso Amado Ramírez, reportero Televisa y Radiorama El 6 de abril de 2007 fue acribillado al salir de los estudios de Radiorama en Acapulco, Amado Ramírez, corresponsal de Televisa y locutor del programa radiofónico Al Tanto. Dos días después fueron detenidos Leonel Bustos Muñoz y Genaro Vásquez Durán por posesión ilegal de armas en un retén. Los elementos de seguridad encontraron que el segundo se parecía al retrato hablado de un supuesto sospechoso del asesinato, además les encontraron un arma del mismo calibre que se usó para ultimar al periodista. Sin embargo, Campbell menciona que fue un avance ilusorio en la pesquisa, pues poco después Bustos fue liberado y Vásquez únicamente está siendo procesado por posesión ilegal de armas. Ambos han declarado haber sido torturados durante el interrogatorio y se les negó representación legal. “Las autoridades se han concentrado en sólo un motivo –advierte la representante del CPJ–, una riña entre amantes; hay muy poco para determinar si Ramírez pudo haber sido blanco “por su trabajo informativo”. Un mes antes de su muerte, el reportero hizo una investigación que vinculaba a narcotraficantes con agentes de la policía. Tras la emisión de la nota, el periodista recibió amenazas de muerte. Colegas del corresponsal han subrayado que las autoridades no indagan en los trabajos de Ramírez sobre el crimen organizado. Tampoco han revisado la oficina y la computadora del reportero. Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicado en enero de este año, hay dudas sobre la veracidad de lo declarado por tres “testigos” del hecho, quienes dijeron haber vivido cerca de la escena del crimen cuando no tienen una dirección registrada en el área. Uno de ellos aseguró haber sido obligado a señalar a Vásquez como supuesto responsable. (PM)