La FEADP desconoce 164 atentados contra periodistas

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), desconoce el desarrollo de 164 casos del fuero federal, más los radicados en las procuradurías estatales o del fuero común.

Fuentes de la FEADP confirman que el organismo ignora el desarrollo del total de asuntos de competencia federal, pues –justifican– no tiene acceso a los asuntos radicados en las delegaciones de la PGR y en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). “No hay vínculos o acuerdos para compartir información entre la PGR y el poder judicial”. Añaden que la ley no les da más atribuciones para injerir en la investigación de los casos.

A la SIEDO corresponden los casos donde está involucrada la delincuencia organizada; el acopio de armas de uso exclusivo del ejército se vincula con organizaciones delictivas. Mientras, el delito de homicidio está tipificado como del fuero común y sólo cuando hay elementos que lo hacen federal, como el tipo de arma, se lleva al fuero federal. Aunque se trate de periodistas –advierten las fuentes entrevistadas– la Fiscalía no puede intervenir.

Según el Informe de resultados ministeriales de la FEADP, hasta el 30 de junio de 2008, la instancia recibió 84 asuntos del fuero federal; 143 fueron atendidos por la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA); 20 se orientaron a la SIEDO, y uno más a la Visitaduría General.

En total, al fuero federal se llevaron 248 delitos: 148 fueron determinados y 100 están en trámite. Ochenta y tres expedientes concluidos fueron investigados por la SCRPPA. La Fiscalía Especial concluyó 57 casos; la SIEDO, siete, y la Visitaduría, uno.

Así, 65 expedientes fueron cerrados sin la intervención del organismo “competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de delitos cometidos contra periodistas nacionales y extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su actividad profesional”, como se enunció el 15 de febrero de 2006 cuando se creó la Fiscalía.

A su vez la Subprocuraduría de Control Regional tiene 60 asuntos en proceso; la Fiscalía, 27 y la SIEDO, 13. En suma, son 73 casos abiertos que tampoco son seguidos por la FEADP.

Sobre los asuntos resueltos, en 70, las autoridades se dijeron incompetentes; 24 fueron archivados; en 16 se falló el no ejercicio de la acción penal; 15 se enviaron a reserva; 12 sí se elevaron a acción penal; en cinco se concluyó que las víctimas no eran periodistas; en cinco más se consignaron a los supuestos responsables, y uno fue concluido.

Del total de 57 casos terminados por la FEADP, 19 se archivaron; en 17 se declaró incompetente; en 12 sí hubo acción penal; en seis, no; en tres, los implicados fueron puestos a disposición del juez, y no declaró cerrado ninguno. El reporte agrega que el 56 por ciento de las denuncias provienen de reporteros de prensa.

En tanto, la lista de supuestos responsables está encabezada por particulares, con una participación en el 63 por ciento de los casos. Son seguidos por las autoridades, con 21 por ciento, y por la delincuencia organizada con 16 por ciento.

Desapariciones sin resolver

Sin que sean atendidos por la Fiscalía Especial, aunque asociaciones internacionales han demandado su esclarecimiento, ésta enumera que hay siete asuntos relacionados con la privación de libertad, cuya solución sigue en proceso. Tres pertenecen al fuero común, uno está siendo atendido por la SIEDO y tres más por SCRPPA.

De la SIEDO depende la investigación de la desaparición forzada del reportero sonorense Alfredo Jiménez Mota, ocurrida el 2 de abril de 2005. La Agencia Federal de Investigaciones sigue el caso, pero no hay avances. En su edición del 1 de agosto, Contralínea publicó que la SIEDO preparaba un operativo para ingresar a la casa donde, se presume, fue enterrado el cuerpo del periodista de El Imparcial de Sonora. Jiménez Mota, de 25 años, investigaba los nexos entre autoridades judiciales y el narcotráfico.

Según carta hecha pública en agosto y firmada por Saúl García Gaxiola –que se dice participante en el secuestro del reportero–, fue Raúl Parra Enríquez, jefe de los Números –supuesto grupo dedicado al narcotráfico–, quien ordenó el asesinato de Jiménez Mota. El también apodado Nueve habría torturado al periodista para que revelara quién le entregaba información sobre su persona y su supuesta conexión con los gobiernos estatal y municipal (Contralínea 107).

Respecto de los asuntos en la SCRPA, permanece abierta la investigación en el caso de Rodolfo Rincón Taracena, reportero de Tabasco Hoy, quien días antes de su desaparición publicó una investigación sobre la venta de droga en barrios de Villahermosa y estaba por concluir un artículo relacionado con una banda de asaltantes de bancos. Desde el 20 de enero de 2007 se desconoce su paradero.

Según la edición del 26 de enero de 2007, del blog Unafuente.com, la asociación Reporteros sin Fronteras (RSF) declaró que: “Los recientes artículos de Rincón Taracena hacen temer que exista una relación entre su desaparición y sus actividades profesionales”.

El 28 de enero de 2007, Tabasco Hoy denunció que la Procuraduría General de Justicia del Estado se había mostrado indiferente respecto a la investigación: “La Policía Ministerial basa sus indagatorias en la información que como reporteros hemos aportado, mas no persigue ninguna otra pesquisa”.

Merecedor del premio estatal de periodismo por su cobertura de la explosión de la mina Pasta de Conchos, el reportero del Zócalo de Monclava y locutor de radio, Rafael Ortiz Martínez, desapareció el 8 de julio de 2006.

Tres días después, Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (Ifex, por su acrónimo en inglés), que reúne a 81 organizaciones civiles de todo el mundo, emitió una alerta sobre la desaparición del informador coahuilense. Ifex informó que, días antes, Ortiz Martínez realizó una investigación sobre prostitución en el centro de Monclava y sobre un contagio de hepatitis C en un centro de cuidados y reinserción.

Director del semanario Ecos de la Cuenca en Tepalcatepec, Michoacán, José Antonio García Apac desapareció el 20 de noviembre de 2006. Un mes más tarde RSF se declaró alarmada, pues apenas 10 días después de dicho levantón, el locutor veracruzano Adolfo Sánchez Guzmán fue asesinado.

“Desde finales de octubre –advirtió– no ha pasado ni una semana sin que asesinen o desaparezca un periodista en México. La desaparición de José Antonio García Apac nos hace temer lo peor, teniendo en cuenta su actividad periodística en el estado de Michoacán, donde los narcotraficantes no dudan en decapitar a sus rivales, o a sus detractores”.

El día de su desaparición, el periodista fue citado en el cruce Ruana. Ese mismo 20 de noviembre, uno de sus hijos recibió una llamada de García Apac que fue interrumpida por voces que exigían al informador apagar su teléfono móvil y que se identificara.

Con anterioridad –según denunciaron sus familiares– desconocidos habían acosado al periodista. En las semanas que precedieron a la privación de libertad de su director, Ecos de la Cuenca publicó artículos sobre los ajustes de cuentas entre cárteles de la droga y la supuesta complicidad de las autoridades.

De acuerdo con el semanario Códigos, los signos del estado de Guanajuato, el 30 de julio de 2007, Rosa Isela Caballero, esposa de García Apac, dirigió un correo a las autoridades para preguntarles por qué desde el comienzo de la investigación no indagaron algunas pistas, en particular, la existencia de un cementerio clandestino cerca de Tepalcatepec.

Respecto de los asuntos del fuero común sin resolverse, permanece abierta la investigación sobre la desaparición de los periodistas de Tv Azteca en Nuevo León: el reportero Gamaliel López Candanosa y el camarógrafo Gerardo Paredes Pérez. Después de cubrir el nacimiento de unas siamesas, el 10 de mayo de 2007, no se supo más de ellos.

López Candanosa se dedicó a la cobertura de denuncias ciudadanas y era conocido como Súper Bache, por informar sobre las averías en las calles. El 25 de julio de 2006 realizó una nota periodística sobre el hallazgo de un decapitado y dos mensajes del narcotráfico. Por su parte, Paredes Pérez cubría información de espectáculos y asuntos especiales.

“Hacemos votos porque estas ausencias no sean un intento de acallar voces de denuncia, no sean una forma de coartar la libertad de expresión ni una forma de intimidar a los medios de comunicación”, manifestó Tv Azteca Noroeste en un comunicado el 13 de mayo de 2007. Otras dos desapariciones radicadas en el fuero común son la de Félix Lozano García y Jaime Pineda Sánchez, ambos de Tamaulipas.

Asesinatos “resueltos”

De los 33 asesinatos cometidos contra periodistas, siete pertenecen al fuero federal y 26 al fuero común, de los cuales 15 están en trámite y en 11 hubo procesados o sentenciados. En ocho casos, aún sin esclarecer, no tiene injerencia la FEADP: los expedientes de José Ramírez Puentes, Raúl Gibb Guerrero, Saúl Noé Martínez Ortega y de las comunicadoras triquis Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Flores, que están en poder de la SCRPPA.

En la SIEDO están radicados los casos de Francisco Javier Ortiz Franco, Dolores Guadalupe García Escamilla, Roberto Marcos García García y Enrique Perea Quintanilla. Ninguno ha sido resuelto.

Un informe especial acerca de las actividades realizadas por la PGR en 2007 revela que hasta el tercer trimestre del año pasado la FEADP “no conocía oficialmente de ningún homicidio de periodistas”. Añade que el fuero federal conoce de cuatro que son accidentales o no se acredita que la víctima haya sido periodista. A su vez, el fuero común conoce de seis asuntos, en los que no se comprueba que se haya cometido en el ejercicio de su profesión.

El argumento: “No hay una ley que incluya al periodismo como una profesión, ni siquiera definición de lo que es un periodista”. Por lo que en muchos casos no es posible certificar que se trataba de informadores.

Más aún, documentos de la propia Fiscalía cuestionan las estadísticas de organizaciones ciudadanas como la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité de Protección a Periodistas y Reporteros Sin Fronteras. Durante 10 meses las asociaciones contaron en promedio entre dos y ocho asesinatos y tres desapariciones.

La FEADP registró tres asesinatos. En dos de estos casos no se demostró que se cometieran bajo el ejercicio de la profesión; en el tercero, la víctima no fue acreditada como periodista. “Es complejo y subjetivo llevar a cabo una estadística al respecto, ya que la mayoría de los asuntos de homicidio y desaparición no han sido en su totalidad confirmados”.

Los documentos indican que algunas organizaciones no gubernamentales dan por muertos a “presuntos periodistas que aún están reportados como desaparecidos y, otras, toman como asesinatos los fallecimientos de periodistas por accidentes”. Para la FEADP hay asuntos donde ya ha habido sentencias o se ha llevado a proceso a los implicados.

En el caso del corresponsal de Televisa en Guerrero, Amado Ramírez Dillanes, asesinado el 6 de marzo de 2007, fuentes de la Fiscalía apuntan que la Procuraduría de Justicia del Estado detuvo y consignó a dos personas por estos hechos.

Sin embargo, el Comité de Protección a Periodistas, en su informe Tres asesinatos sin justicia, asegura que uno de los aprehendidos fue liberado y el otro purga una condena por posesión ilegal de armas. Las fuentes de la Fiscalía admiten que “no hay satisfacción en el caso y hay fabricación de responsables”.

Sobre el asesinato de Óscar Rivera Inzunza, ocurrido el 5 de septiembre de 2007, señalan que al momento del crimen se desempeñaba como director de Comunicación Social de la Procuraduría de Justicia de Sinaloa, “con lo cual no se acredita su calidad de periodista”.

Enlistan las muertes de Andrés Ramírez, David Herrera y Carlos Ballesteros, quienes fallecieron durante la cobertura de la explosión de un camión que transportaba explosivos en Coahuila el 9 de septiembre de 2007, que “no se trataron de hechos criminales”.

También refieren el caso de Gerardo Guevara Domínguez, editor y colaborador del semanario Siglo XXI en Jalisco, desaparecido desde octubre de 2006 cuando se dirigió en motocicleta a cubrir una nota en Chihuahua; su cuerpo fue hallado en enero de 2007.

Las fuentes consultadas explican que la Procuraduría estatal determinó que se trató de un accidente de tránsito, por lo que no se acreditó que se derivara de su ejercicio profesional. Suman además los casos de Mateo Cortés Martínez, Agustín López Nolasco y Flor Vásquez López, todos voceadores de periódicos y de quienes dicen que no se ha acreditado que los crímenes estuvieran relacionados con su ejercicio profesional.

Sobre los expedientes concluidos, el Informe de resultados ministeriales de la FEADP incluye el homicidio de Uicab Salas William ocurrido en 2000 en Chetumal, Quintana Roo, quien habría recibido amenazas meses antes de ser ultimado. Su esposa fue absuelta del asesinato en 2004. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, continúan las investigaciones en el fuero común.

Aunque declarada cerrada la investigación por el asesinato de José Luis Ortega Mata, director del semanario Ojinaga de Ojinaga, Chihuahua, el detenido fue liberado. Por el crimen, ocurrido el 9 de marzo de 2001, se procesó a Jesús Manuel Herrera Olivas y se le liberó en julio de 2001. Fuentes de la FEADP comentan que el testigo, quien implicó a Herrera en el caso, fue desacreditado por uso de drogas.

Sobre el asesinato del director de Mundo Político en Guerrero en 2004, Leodegario Aguilera Lucas, la FEADP anota que al momento del crimen ya no era periodista y que fue secuestrado por la disputa de unas tierras. El informador fue ultimado en un terreno baldío y su cuerpo fue quemado.

Del homicidio del reportero José Reyes Brambila, del periódico Vallarta Milenio, las fuentes entrevistadas mencionan que se trató de un crimen pasional y que el reportero tenía tendencias homosexuales. El periodista, que cubría la sección de Sociales, era hermano del director general del diario y su cuerpo fue encontrado, el 18 de septiembre de 2005, acuchillado y golpeado, dentro de la cajuela de un auto propiedad del rotativo.

El corresponsal en Orizaba, de Televisa Veracruz, Adolfo Sánchez Guzmán, fue reportado desaparecido el 29 de noviembre de 2006. Su auto fue hallado en la colonia Rincón Santa Rosa, con las puertas abiertas y las llaves puestas. Su cuerpo fue localizado a orillas del Río Blanco. De acuerdo con la versión de la FEADP, el reportero acompañaba a un pollero al momento de su asesinato y fue víctima circunstancial de un atentado. La Fiscalía agrega, a los casos cerrados, la muerte por accidente vial del periodista chiapaneco Rosendo Pardo Ozuna, acontecida el 29 de marzo de 2006.

Por otro lado refiere el homicidio de Gregorio Rodríguez Hernández, reportero gráfico de El Debate de Sinaloa, asesinado durante una cena con sus hijos. El responsable fue un sicario del cártel de Sinaloa, según informó el 6 de diciembre de 2004 el procurador de justicia estatal. Se dictó sentencia contra tres implicados. El homicidio sucedió a dos semanas de que se prendiera fuego contra el periódico.

Francisco Arratia Saldierna fue levantado, torturado y arrojado a las cercanías de la Cruz Roja de Matamoros, Tamaulipas, en 2004. El columnista que colaboraba para el diario El Imparcial murió horas después en el Hospital General, donde llegó con quemaduras, politraumatizado y con las muñecas fracturadas. Por el crimen se procesó a Raúl Castelán, supuesto miembro del grupo los Zetas, y a Filemón Hernández.

También en ese año el director editorial del diario El Mañana de Tamaulipas fue asesinado a las puertas de su hogar. Se procesó a Mario Medina Vásquez e Irán Oliveros Ortiz. Ambos periodistas trabajaron temas relacionados con el narcotráfico en el estado.

Revista Contralínea / México
Fecha de publicación: 15 de Octubre de 2008