¿Cómo se pretende lograrlo? Recetándonos una vez más la eternamente frustrada terapia de la ortodoxia monetarista, que en las décadas de 1970 y 1980 pusieron de moda los alumnos de Milton Friedman, Arnold Harberger y Ted Schultz y otros gurús del “libre mercado”, con las dictaduras militares de América Latina y el Fondo Monetario Internacional.

Como bien sabe la población, desde marzo la inflación se descontroló y se alejó de la meta prevista para 2008 (3 por ciento). En agosto, la tasa anualizada de los precios al consumidor se ubicó en 5.57 por ciento –similar a su nuevo nivel estimado en los criterios de política económica para 2009 y que es superior en 83 por ciento–, y podría cerrar el año en poco más de 6 por ciento, lo que representaría una desviación del ciento por ciento o más, o 58 por ciento respecto al cierre de 2007 (3.76 por ciento). En ese mismo mes, la inflación de la canasta básica llegó a 7.34 por ciento, 66 por ciento superior a la acumulada el año anterior (4.03 por ciento).

En ambos casos, su nivel definitivo estará determinado por la demanda navideña, el “apretón” recetado por el banco central (mayores réditos) y su eficacia para castigar la demanda (el consumo y la inversión, sin importar que con esa medida hayan afectado a éstas y provocado una mayor atonía productiva y una alza en el desempleo, subempleo y la delincuencia) y la llamada “inflación importada”, que continúa alegremente su tendencia ascendente, desde diciembre de 2007. En julio, la tasa anual de los precios medios de los bienes importados fue de 12.24 por ciento y no se observa que su dinámica se atenúe. Si se compara con su nivel del séptimo mes de 2007 (5.4 por ciento) es superior en 126.7 por ciento, o de 93.78 por ciento con la acumulada en diciembre del mismo año (6.32 por ciento). También es 127 por ciento mayor al índice de precios al consumidor (gráfica 1).

Hablar de “inflación importada” es un eufemismo oficial para eludir la responsabilidad de los neoliberales y trasladarla hacia el confuso e incontrolable mundo externo. No hay que olvidar que desde mediados de la década de 1980 la desgravación arancelaria (la reducción de impuestos) tuvo como objeto el permitir el acceso masivo de productos importados, hasta hace poco relativamente baratos, para intentar abatir los precios internos. La paridad sobrevaluada, norma de la política monetaria impuesta por neoliberales delamadridistas-salinistas, buscó reforzar la reducción de los bienes externos. El costo de ambas medidas, junto con la ausencia de planes de desarrollo que estimulen la oferta interna de esas mercancías, en especial de alimentos, fue la desaparición de los productores locales. Ahora se pagan caro las consecuencias de las cuantiosas compras foráneas. La “inflación importada”, es un componente importante de la estructura general de precios.

El ánimo desinflacionario de nuestros neoliberales no ha decaído, aún con sus reiterados fracasos y la inutilidad de la medida, pues como han señalado economistas como Joseph Siglitz, a los niveles soñados se torna indiferente y castiga el potencial del crecimiento. Con renovado ímpetu, proponen una meta de precios de 3.8 por ciento para 2009 y de 3 por ciento para cada año que resta para que la pesadilla calderonista sea arrojada al basurero de la historia. La estrategia es harto conocida: cultivar el autismo estatal (el balance fiscal cero, que implica abandonar el gasto público no financiero como instrumento contra cíclico); la contracción monetaria (altos réditos, lo que equivale a la permanencia de la emasculación del otro instrumento anticíclico con que dispone el gobierno); la sobrevaluación cambiaria; y la contención de los salarios reales. Esas medidas tienen su costo predecible: un “crecimiento” económico vegetativo de 3 por ciento para el próximo año –en absoluto baladí, ya que socialmente se necesita una expansión anual superior a 5 por ciento para generar más de 1 millón de empleos requeridos–, que representa perpetuar el estancamiento, el desempleo, el subempleo y la “informalidad”, la pobreza, la miseria y la delincuencia. Hasta Ricardo González, de la Coparmex, ha señalado que el crecimiento del país es mediocre en relación con las necesidades y el potencial de sus habitantes.

La santa cruzada antiinflacionaria exige un balance económico público (el saldo entre los ingresos y los egresos del gobierno federal y de las entidades paraestatales de control presupuestario directo e indirecto) de cero por ciento y un superávit primario (la diferencia entre los ingresos y egresos públicos, sin considerar el pago de intereses de los débitos estatales) de 9.9 por ciento. En términos reales, pasaría de 245.7 mil millones de pesos (MMDP) en 2008 a 282.9 MMDP en 2009. El primero se logrará con la parálisis del gasto programable, que no considera el costo financiero de la deuda pública. Dicho egreso devengado está planeado que baje 0.1 por ciento, o más si la inflación es mayor a 3.8 por ciento en 2009. Se orientará básicamente hacia la seguridad, la represión de los delincuentes ajenos a la elite político-empresarial, que ha generado y forjará el estancamiento económico y el social para la clientela electoral de pobres y miserables, los otros damnificados del neoliberalismo, que para sobrevivir necesitan del subsidio gubernamental. El excedente primario será justamente para pagar los intereses de la deuda pública en el monto citado.

La inversión productiva real estatal total se mantendrá en estado de coma: sólo “aumentará” 0.1 por ciento, o más si la inflación vuelve a superar la meta. La que se realizará con el presupuesto caerá 10.2 por ciento. En cambio, la anticonstitucional realizada por los empresarios en nombre del Estado aumentará 25.1 por ciento, si la mayoría del Congreso acepta que se continúe pisoteando la carta magna. El rezago en la infraestructura se mantendrá viento en popa.

Es obvio que el esfuerzo sobrepasa al titular de Hacienda, Agustín Carstens. Para tratar de domesticar al tigre de la inflación se necesita del respaldo de otro chicago boy: Guillermo Ortiz, del banco central. El amigo de los especuladores tiene encomendada dos tareas: 1) mantener los réditos altos: en promedio real, los Cetes a 28 días pasarían de 7.8 por ciento en 2008 a 8 por ciento en 2009, de 2.38 por ciento a 4.4 por ciento acumulados, es decir, tres o cuatro veces más a los vigentes en Estados Unidos, para regocijo de los actualmente aterrorizados rentistas financieros; 2) ampliar la sobrevaluación cambiaria, usada como “ancla” desinflacionaria: la paridad media subiría de 10.4 a 10.6 pesos por dólar, 1.9 por ciento más, contra la inflación de 3.8 por ciento. Nada importa que los réditos castiguen el consumo y la inversión productiva, y que la sobrevaluación agrave la desventaja de los productores ante las importaciones. Nada de regular precios; una herejía contraria a dios “mercado libre”. Desde luego, no un control similar a los precios “administrados” o “pactados” vigentes, como los de la electricidad, el gas, las gasolinas o las tarifas del suministro del agua, manejados al criminal libre arbitrio de Carstens y cuyos niveles superan al promedio nacional. En nombre de la desinflación las mayorías tienen qué entender, de una vez por todas, que deben abandonar su gula y sus pretensiones burguesas de vivir como los políticos o los empresarios. Deben aprender a vivir como faquires o franciscanos, los de las leyendas no los reales; e incluso aceptar morirse de hambre si es necesario, en nombre del sueño patrio de la inflación de “primer mundo”, la “productividad”, la “competitividad” y las ganancias de nuestros austeros hombres de (em)presa. Agradecidos, estos últimos trasladarán a los consumidores el costo de la inflación –el alto costo del dinero recetado por Guillermo Ortiz; las alzas en las tarifas de los bienes y servicios públicos “administrados” y “pactados” por los juguetones muchachos calderonistas de Hacienda, todo el tiempo que sea necesario, como dijo Georgina Kessel, de Energía, con relación al precio de las gasolinas; y la “inflación importada”– por medio de mayores precios finales.

También se requerirá un apoyo más: el puño de hierro del violador de los derechos laborales, Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo, para mantener la pérdida del poder real de compra de los salarios. Para domeñar la inflación y reducir los costos laborales de las empresas (seguramente los salarios mínimos para 2009 subirán sólo 3.8 por ciento y los contractuales 4 o 5 por ciento). Si en 2008 los salarios perdieron poder de compra, posiblemente la historia se repita en 2009. El temor al desempleo ayudará a doblegar a los trabajadores.

La austeridad fiscal, monetaria y salarial mantendrá la edad de plomo en el crecimiento. En 2008 la economía se expandirá 2.4 por ciento y en 2009 en 3 por ciento. En el primer trienio calderonista la tasa media anual sólo será de 2.9 por ciento; y durante el panismo de 2.5 por ciento, casi un tercio de la registrada antes del vendaval neoliberal (gráfica 2).

Pero el crecimiento puede caer hasta 2 por ciento en 2008 y 2009 –algunos estiman que hasta 1.3 o 1.5 por ciento el próximo año–, dada la crisis financiera y los síntomas de estanflación internacional. Golman Sachs y Merrill Lynch estiman que Estados Unidos, nuestro atribulado “socio”, ya entró en recesión y en 2008 sólo crecerá 0.8 por ciento, lo que repercutirá en el mundo y, en especial, en México. De hecho ya nos afecta. De enero a julio las remesas bajaron 2.9 por ciento, comparado al mismo lapso de 2008 –de 14 a 13.6 mil millones de dólares–. Las exportaciones no petroleras también se han desacelerado, en especial las mineras y manufactureras, y lo harán aún más en lo que resta del año y, al menos, en parte del siguiente (gráfica 3).

Las ventas externas hacia Estados Unidos, que representan el 80 por ciento del total, han sido erráticas desde 2006, según la demanda de nuestro “socio” que se debate entre los escombros financieros y su recesión.

Revista Contralínea / México Fecha de publicación: 15 de Octubre de 2008 | Año 7 | No. 112