Lo que acaba de suceder en el Ecuador, el domingo 28 de septiembre, no es que Rafael Correa le ganó a Jaime Nebot. Y mucho menos lo contrario. A esta simplificación de las cosas pretenden llevarnos los grandes medios de comunicación cuando hablan de los resultados del referéndum, y ello tiene un propósito claro: invisibilizar a los demás actores que participaron en el proceso de elaboración y posterior triunfo de la nueva Constitución: los sectores populares, democráticos, progresistas y de izquierda, que hacen parte de la tendencia de cambio.

Estos actores son diversos, no solo en el plano cultural, sino también en el plano político, de clase. Si bien todos caminan juntos en el propósito de construir una patria nueva, hay diferencias entre ellos, tanto pequeños matices como cuestiones de fondo. Hay sectores que se acercan más a las posiciones oligárquicas y podrían constituirse, en cualquier momento, en el as bajo la manga de la derecha, y ello es lo que las fuerzas más avanzadas de la tendencia deben evitar, deben combatir.

Se trata, entonces, desde el lado de las fuerzas del cambio, de calificar la composición y la política de la tendencia, pero sobre todo, -y ello tiene que ver con confrontar la estrategia oligárquica-, se trata de unificar a todas sus fuerzas, las más honestas e interesadas en las transformaciones.

Se trata de profundizar el diálogo franco, transparente sobre los propósitos que mueven a cada una de las organizaciones sociales y políticas que la integran, de alimentar las coincidencias y superar las diferencias. La unidad de la tendencia es la mejor garantía de que lo hasta hoy logrado no retroceda ni se detenga, es la garantía de triunfos en todos los planos, y el electoral es uno de ellos.

Una transición participativa

Con ansias se espera la reinstalación de la Asamblea Constituyente que dará paso a la Comisión de Legislación y Fiscalización, como se establece en el capítulo Tercero del nuevo texto constitucional. El primer escollo: ¿cuántos tienen que integrarla? Para el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, tendrían que ser los 130 asambleístas, pero según algunas versiones de lo que ha ocurrido en los primeros encuentros del bloque mayoritario, serían entre 70 y 72, de los cuales más de 50 serían de la tendencia. Habría que ver de qué manera se mantiene el principio que establece el segundo párrafo del artículo 17: “…procurando mantener la proporcionalidad política que tuvo el plenario de la Asamblea Constituyente”.

La oposición no resuelve si ser o no parte de esta Comisión, están divididos. Mientras Mae Montaño y Gilmar Gutiérrez sostienen que no legitimarán con su presencia este supuesto acto arbitrario, el socialcristiano Leonardo Viteri y otros asambleístas de sociedad Patriótica dicen que sí lo harán. En todo caso, presentes o no, la idea central de estos personajes es boicotear el proceso de transición.

Un aspecto clave en este asunto es la integración del Consejo de Participación Ciudadana, el cual no tendrá el carácter de transitorio, como sí lo tiene el Tribunal Electoral que la Comisión nombrará. El Consejo es particularmente importante en el sentido de que tiene la facultad de nombrar a las principales autoridades de control: contralor general, superintendentes, defensor del pueblo, fiscalía general de la nación, etc. Y, de acuerdo al texto constitucional, podría hacerlo de manera inmediata, aunque los asambleístas de País han dicho que solo lo hará el momento en que rija una ley que norme su funcionamiento, ley que deberá aprobar la nueva Asamblea Nacional (que remplaza al Congreso). Lo complejo está en que, según el Decreto Presidencial número 982, las organizaciones sociales (o ciudadanas, según el cristal con que se mire) que serían quienes nominen a los candidatos que integrarán el Consejo, tienen una serie de trabas de carácter jurídico, que les imposibilitaría entrar a tiempo en el proceso.

Es obvio que en el Ecuador existen organizaciones populares de gran trayectoria, que no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser marginadas de su derecho de participar en este organismo. Es de esperar que no primen los intereses de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que responden más a agendas e intereses de otras naciones y grupos extranjeros, antes que a los intereses del Ecuador.

La unidad popular se impone como necesidad para vigilar la materialización del cambio, y sobre todo, de aquel principio que consta en el artículo 96 del Título IV de la Constitución: “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular”.