Hermuy Calle, ex comisionado de la Comisión Cívica Contra la Corrupción, CCCC, hace un balance del trabajo realizado por ese organismo.
- ¿A qué se deben las críticas contra la gestión de la Comisión?

- La CCCC nació como una reivindicación de la lucha popular, cansada y agobiada de los desmanes del gobierno de Abdalá Bucarám. Se constituyó como un centro de control social, desde la sociedad civil, a los gobiernos de turnos y a los sectores oligárquicos, con la finalidad no solamente de controlar la corrupción, sino de eliminarla de raíz. En este conflicto de intereses aparecen estertores agónicos y como voceros también algunos medios (no en todos efectivamente), que defienden a una clase política oligárquica, que está en retirada por haber sufrido una derrota política evidenciada en los resultados del referéndum pasado. Esos medios de comunicación son portavoces del poder financiero oligárquico y político, y, por sus vinculaciones políticas, no podrían referirse de buena forma a la CCCC, que, por ejemplo, en el caso de Jamil Mahuad ,siempre, a pesar de que la justicia formal en algún momento llegó a tratar de exculpar de toda su culpabilidad, con abundante documentación probatoria impidió que efectivamente se le dé la absolución total; lo mismo ocurrió en el caso de los Isaías, cuando estaba a punto de generarse la impunidad total por el mal hacer de la administración de justicia. La Comisión estuvo ahí presente para evitar que se diera la impunidad, en estos y en muchos otros casos. En el caso particular de quien habla, en representación de la fuerza obrera organizada de este país, nunca acallamos nuestra voz. Entonces, cómo se puede confiar en una prensa que pide opiniones a organismos como Transparencia Internacional, que dice que este pueblo es corrupto y que no analiza quienes, con nombre y apellido, son los verdaderos corruptos.

-La culpa de tanta impunidad ¿de quién es?, ¿a quién le pertenecen las cifras rojas?
- Las cifras rojas y las deudas pertenecen al Sistema Judicial del país, a las cortes, a los magistrados, a las fiscalías y a los organismos de control que han sido instituciones formales que nunca han logrado establecer justicia; prueba de ello son las 5000 denuncias de corrupción, por nosotros analizadas, tramitadas y entregadas a organismos que finalmente tenían que impartir justicia, de las 5000 denuncias solamente 10 tienen juzgamiento, paradójicamente 5 tienen carácter absolutorio y 3 condenatorio. La CCCC nunca ha tenido las atribuciones constitucionales de juzgar, por ello no se pudo revertir a manos del pueblo ecuatoriano esos dineros que fueron conculcados por los intereses de los banqueros corruptos. El trabajo de la CCCC está realizado, el resultado son las más de cien veedurías, más de cien núcleos de ciudadanos a lo largo y ancho del país que participación activamente en este proceso. Otro problema es la duplicación de esfuerzos. La Comisión establecía los indicios de responsabilidad penal, civil o administrativa de manera técnica, adecuada, oportuna y en tiempos mucho más cortos que la Contraloría General del Estado o la Fiscalía; en el caso del ‘feriado bancario’, por ejemplo, se comprobó la responsabilidad de Jamil Mahuad no solamente política sino financiera, sin embargo, en la Fiscalía en la época de la señora Mariana Yépez, se dijo que el feriado bancario no estaba tipificado como delito.

-¿Con esta nueva Constitución, ¿tiene el poder de juzgar y condenar el Consejo de Participación Ciudadana? En el marco de la nueva Constitución, la lucha anticorrupción ha sido elevada a una función del Estado; en la función de transparencia y control social no habrá jueces, pero la investigación será parte procesal de aquellos casos investigados por la CCCC.

-¿El fallo acusatorio de peculado en contra Mahuad es consecuencia del trabajo hecho por ustedes y la presión que han dado a la CSJ?
- Es mejor tarde que nunca y se debe reivindicar la acción casi solitaria que tuvo la Comisión cuando el país, hace un año, se despertó con asombro cuando muchos fueron sobreseídos en este caso (Mahuad obtuvo un sobreseimiento provisional). Fue la voz fuerte y decida de la Comisión y los hechos fácticos demostrados, la documentación concreta presentada a la Corte, lo que seguramente ha obligado establecer su responsabilidad de peculado en este caso.

¿Algunos resultados de las investigaciones se ocultaron por existir intereses de algunos de los ex comisionados?
- Rechazo totalmente eso, quien crea que ese tipo de circunstancias ha sucedido debería demostrarlo, mientras tanto simplemente se trata de una opinión en función de desmerecer el gran valor social que ha prestado la comisión al país. Jamás, que a mí me conste, se han dado ese tipo de casos, existieron diferencias claro (la Comisión era reunión diversa como diversa es la sociedad ecuatoriana), de tipo conceptual de lo que significa la corrupción, pero jamás hubo acuerdos que puedan soslayar o que puedan promover ningún tipo de acción que no tuviera que ver con los hechos reales investigados objetivamente y resueltos oportunamente.

-¿Qué le faltó hacer a la Comisión?
- La Comisión desarrolló y cumplió con satisfacción y con pertinencia aquel mandato fundamental para el que fue creada: “control social sobre el poder político”; lo hemos hecho con denuedo. Tal vez le faltó a la Comisión el contexto favorable que efectivamente pueda impulsar y pueda hacer que el sistema judicial independiente impulse los resultados entregados por la Comisión para que se haga justicia. En esta época de retirada de las ideas neoliberales, de participación, de deseos de cambio profundo, las actividades de un Consejo de Control y Participación Ciudadano podrán potenciarse de mejor manera.

-¿Las actividades realizadas en estos 11 años, ¿tuvieron nivel alto de credibilidad?
- En la ciudadanía sí, entre aquellas perosnas que fueron señaladas por la Comisión como individuos que habían abusado del poder del Estado, por supuesto que no. Existieron altibajos, y eso autocríticamente se debe reconocer, pero a tiempo se hizo una autodepuración de nuestras filas cuando ciertos sectores políticos oligárquicos quisieron introducir a elementos totalmente nocivos que desdicen de las labores planteadas. La autodepuración fue bien vista por la gran mayoría del pueblo ecuatoriano.